Los 10 decretos de Reservas de Agua para el ambiente de 300 cuencas de México aprobados por el presidente Enrique Peña Nieto, en realidad suprimieron la veda que protegía miles de millones de metros cúbicos superficiales para la comercialización.
Por lo que la cláusula de uso público urbano abre la posibilidad de que gobiernos estatales y municipales puedan concesionar volúmenes indiscriminados del recurso hídrico a empresas.
Con ello, refresqueras, cerveceras, constructoras, mineras e industrias extractivas, para el fracking, compitiendo con el suministro para las comunidades y la ecología, señaló en entrevista Pedro Moctezuma Barragán, académico de la UAM e integrante de la organización Agua para Todos./ CON INFORMACIÓN DE EL SOL DE MÉXICO
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