Durante las LXII y LXIII legislaturas el Senado presentó una baja productividad, ya que de las 4 mil 28 iniciativas propuestas, sólo 295 concluyeron su proceso legislativo hasta su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF), lo que representó el 7.3% del total, informó la Auditoría Superior de la Federación (ASF). También presentó opacidad en los recursos destinados a los trabajos de las comisiones y grupos parlamentarios.
- De acuerdo con el segundo informe de la Cuenta Pública 2018, se detectó que los grupos parlamentarios no dispusieron de programas de trabajo, de registros de las actividades realizadas, ni de documentos sobre los actos de representación.
Además, la forma, uso y comprobación del gasto asignado para esta función quedó a discreción de cada grupo, al no disponer de una normativa que especificara las actividades para su control, seguimiento y vigilancia, lo que incidió en la transparencia y rendición de cuentas de los recursos asignados.
- La responsabilidad de la Dirección General de Pago a Senadores se limitó a contar con el respaldo de los pagos mediante los recibos firmados por los coordinadores de los grupos parlamentarios, de las transferencias bancarias por concepto de asignaciones que ascendieron a 3 mil 573 millones de pesos y 3 mil 34 millones de pesos durante las LXII y LXIII legislaturas, respectivamente.
Mientras que la comprobación y documentación de las asignaciones recibidas, fue responsabilidad de cada grupo, sin acreditar contar con políticas internas, normas, criterios, lineamientos o acuerdos para ello y que regularan una eficiente, eficaz y honesta administración de los recursos públicos.
- Por lo que corresponde a los asuntos internacionales y relaciones parlamentarias, se carecieron de mecanismos de control para dirigir, verificar y supervisar el cumplimiento de esta función, lo que incidió en la falta de evidencia sobre la propuesta de la agenda internacional, la aprobación de las comisiones para su atención, los informes de actividades y la comprobación de los recursos erogados en cada evento, así como de transparencia en el ejercicio de los 68 millones 739 mil 500 pesos erogados en ese rubro en la LXIII Legislatura y respecto del monto asignado en la LXII Legislatura.
En la elaboración y presentación de iniciativas, no se establecieron los elementos mínimos para la definición de las agendas legislativas de los grupos parlamentarios, ni metas y mecanismos de seguimiento para medir su avance y productividad.
Tampoco se acreditó un procedimiento y criterios para determinar los temas, sectores y ejes sobre los cuales enfocar las iniciativas y las prioridades en función de las problemáticas específicas.
El documento precisa que para los procesos revisión, discusión y emisión de dictámenes; así como su discusión y aprobación, si bien, el Reglamento del Senado reguló los aspectos a considerar en dichos procesos, se careció de mecanismos de control para priorizar la atención que se le daría a las iniciativas y proposiciones turnadas.
“Para enfrentar los riesgos en el proceso legislativo, así como para atender y disminuir el rezago en la revisión, discusión y dictaminación de iniciativas y para analizar el impacto que ocasiona el no ponderar y dar continuidad a los temas presentados antes de concluir las legislaturas, factores que limitaron la productividad legislativa, ya que de las 4,028 iniciativas propuestas durante las LXII y LXIII legislaturas, sólo 295 concluyeron su proceso legislativo hasta su publicación en el DOF, lo que representó el 7.3% del total”.
En lo relativo al control del Ejecutivo, se careció de los controles que regularan las comparecencias en comisiones y de información de las celebradas para la discusión de una ley o estudio de un negocio; la ratificación de nombramientos; los acuerdos o resoluciones, y sobre el seguimiento del acto protocolario, situación que no permitió conocer el impacto y utilidad de las actividades.
- La ASF estableció que en el rubro de la Gobernanza, se detectaron carencias en la normativa que regula y establece las atribuciones de los órganos de gobierno del Senado, así como la falta de actualización de la que se tiene, ya que ésta no les otorga responsabilidades para el diseño, implementación y supervisión de un Sistema de Control Interno Institucional (SCII), y el que se tiene fue diseñado sólo para aspectos administrativos, “y no se acreditó que la Contraloría Interna coadyuvara a la supervisión y vigilancia de las funciones legislativas”.
- Además, el Plan Estratégico 2015-2018 no incluyó objetivos institucionales, estrategias, y metas asociados a su mandato, careciendo de los elementos estratégicos para el diseño de indicadores de desempeño para la elaboración de leyes, la representación popular y el control del Ejecutivo.
Respecto de la evaluación del desempeño, las Normas del Sistema de Evaluación del Desempeño datan de 2017 y son de observancia obligatoria para las áreas administrativas y de apoyo al trabajo legislativo, pero este instrumento de evaluación no se ha consolidado con parámetros e indicadores estratégicos y de gestión, cuantitativos y cualitativos, que proporcionen datos reales para evaluar el desempeño del trabajo legislativo.
En lo referente a los sistemas de control interno y de administración de riesgos, el Senado no contó con un Marco Integrado de Control Interno institucional, con un plan de corto o mediano plazo para su elaboración; ni realizó una supervisión y evaluación del SCII y de sus procesos./MILENIO-PUNTOporPUNTO
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