El Senado va por las universidades “patito” y, para ello, legisladores de varios partidos, entre ellos de Morena, presentaron una iniciativa donde plantean multas de dos millones 606 mil pesos, y hasta la clausura del plantel, para los centros educativos denominados como técnico superior universitario, profesional asociado, licenciatura, especialidad, maestría o doctorado, que no cuenten con el reconocimiento de validez oficial de estudios -o su admisión a trámite- o bien que se ostente de ellos sin haberlos recibido.
La iniciativa también considera como infracción el condicionamiento de la prestación del servicio de educación a la contratación de servicios ajenos a la prestación del mismo.
- Con pleno respeto a la autonomía universitaria, senadores de Morena, Encuentro Social, Partido de la Revolución Democrática (PRD) y del Trabajo (PT), presentaron iniciativa para establecer la obligación del Estado a garantizar el derecho a la educación superior.
- En el proyecto se establecen multas de hasta 15 mil veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA) o bien, la clausura del plantel, para los centros educativos que incurran en esas hipótesis.
Establece que las instituciones de educación superior, deberán adoptar “las medidas necesarias para la prevención y atención de todos los tipos y modalidades de violencia, en específico la de género, así como para la protección del bienestar físico, mental y social de sus estudiantes y del personal que labore en ellas”.
Con ello, pretenden lograr una detección y atención oportuna de los factores de riesgo, violencia y discriminación, estableciendo protocolos de atención y proporcionando, en su caso, servicios de orientación y apoyo de trabajo social, médico y psicológico.
La propuesta, establece que en el Proyecto de Presupuesto se establezca un fondo federal especial destinado a asegurar a largo plazo los recursos económicos suficientes para la obligatoriedad.
- Asimismo destaca que la transición gradual hacia la gratuidad, “en ningún caso afectara? el cumplimiento de los fines previstos en el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, ni las finanzas de las instituciones públicas de educación superior”.
Con la aprobación de esta iniciativa, se abrogaría la Ley para la Coordinación de la Educación Superior, de 1978 y quedan sin efectos los reglamentos, acuerdos y disposiciones de carácter general contrarias a este Decreto.
Y se aclara que la gratuidad de la educación superior se implementará de manera progresiva en función de la suficiencia presupuestal, a partir del ciclo 2021-2022.
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