La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) concedió dos suspensiones más, una a Jalisco y otra a Colima, contra los decretos en materia energética del gobierno de Andrés Manuel López Obrador que limitan la entrada de empresas de energías limpias al mercado eléctrico del país, en un nuevo revés para la actual administración.
“Se concede la medida cautelar solicitada por el Poder Ejecutivo del estado de Jalisco para el efecto de que se suspendan todos los efectos y consecuencias del Acuerdo por el que se emite la Política de Confiablidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de mayo de 2020″, indicó el máximo Tribunal del país este lunes.
- La medida tendrá vigencia hasta en tanto se resuelva el fondo del presente asunto. “La medida suspensional surtirá efectos sin necesidad de otorgar garantía y sin perjuicio de que pueda modificarse o revocarse por algún hecho superveniente”, advirtió la Suprema Corte.
- La SCJN también concedió la medida cautelar solicitada por el Poder Ejecutivo del estado de Colima, en este caso para que se suspendan todos los efectos y consecuencias del Acuerdo para garantizar la eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad y seguridad del Sistema Eléctrico Nacional, con motivo del reconocimiento de la epidemia de enfermedad por el virus SARS-CoV2 (Covid-19), de 29 de abril de 2020 y del Acuerdo que impugnó el estado de Jalisco, con los mismos efectos y vigencia antes mencionados.
Con esta decisión, la Suprema Corte sumó ya cuatro incidentes de suspensión provisional contra las medidas del gobierno de López Obrador: a las que se dieron a conocer este lunes se suman las que el máximo Tribunal mexicano había aceptado por parte del gobierno de Tamaulipas la semana pasada y aquella que admitió por parte de la Cofece (Comisión Federal de Competencia Económica).
Las suspensiones temporales tendrán validez para cada estado en que fueron admitidas. En este caso, las tres primeras aplicarán para los territorios de las entidades que promovieron las controversias constitucionales: Tamaulipas, Jalisco y Colima. Sin embargo, el caso de la Cofece aplica a nivel nacional, para todo el territorio mexicano.
- Las suspensiones en favor de los gobiernos de Enrique Alfaro y José Ignacio Peralta, ambos de gobiernos opositores al federal, se dieron a conocer el mismo día en que López Obrador anunció una gira para finales de semana que pasará por Jalisco y Colima, además de Guanajuato, tres entidades que han tenido roces en distintos temas con el gobierno federal, incluido el tema energético y la epidemia de COVID-19.
Estos estados, además de Tamaulipas, han acudido a la vía legal para enfrentar medidas que consideran son perjudiciales para la llegada de inversiones extranjeras. Apenas este domingo, por ejemplo, el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, indicó que, si el gobierno federal no ofrece mayores recursos a los mandatarios locales, buscarán más medidas cautelares como las interpuestas en el sector energético.
Y es que el 15 de mayo, la Secretaría de Energía (Sener), a cargo de Rocío Nahle, publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Acuerdo por el que se emite la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional del Cenace (Centro Nacional de Control de Energía).
- El documento entró en vigor el sábado 16 de mayo junto a una serie de medidas alrededor del crecimiento y operación de las energías renovables que, aseguraron, dotarán de confiabilidad al sistema eléctrico nacional.
- A través del Cenace ahora quedó limitada la emisión de permisos para plantes eólicas o solares y prohíbe la construcción de proyectos en lugares con poca capacidad de transmisión, además de imponer una serie de pruebas a las centrales renovables.
Esto, porque ya se había publicado el 29 de abril pasado otro Acuerdo para garantizar la eficiencia, confiabilidad, continuidad y seguridad del Sistema Eléctrico Nacional. En dicho documento se enuncian, en el Anexo Único Técnico, las acciones y estrategias de control operativo para fortalecer la confiabilidad del sistema eléctrico nacional.
Las compañías involucradas ya se habían mostrado absolutamente en contra de la acción quinta, que indica que a partir del 3 de mayo pasado “quedan suspendidas las pruebas preoperativas de las Centrales Eléctricas Intermitentes eólicas y fotovoltaicas en proceso de operación comercial”.
Es por ello que, en los últimos meses, comenzaron a ampararse en distintos Juzgados federales, donde obtuvieron una serie de suspensiones provisionales y otras definitivas. Las decisiones de la Corte, sin embargo, son hasta ahora las más importante, porque frenan el decreto energético hasta que la misma instancia pueda decidir sobre el asunto.
- En respuesta, el Cenace (Centro Nacional de Control de Energia) respondió a la lluvia de amparos con el pedido de incompetencia de dichos juzgados para decidir en temas energéticos. Sin embargo, sus solicitudes fueron rechazadas, en una de las varias derrotas que ha sufrido la actual administración en el tema.
Estos decretos del gobierno de López Obrador generaron también cierta inquietud en el exterior. Tanto la embajada de Canadá en México, como la Unión Europea, alertaron sobre los riesgos en las inversiones extranjeras en el sector de las energías renovables, luego de la publicación de dicho acuerdo en el DOF.
López Obrador, que dijo en su momento que acatará las decisiones que tomen los Juzgados, incluida la SCJN, ha defendido estos acuerdos como una manera de fortalecer y defender a las dos empresas productivas del estado, Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE)./INFOBAE-PUNTOporPUNTO
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