Con la apuesta energética centrada en el plan para construir dos refinerías con una inversión aproximada de 6 mil millones de dólares en Tabasco y Campeche con una producción de 300 mil barriles de combustibles diarios, el próximo gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador pondera la dependencia que tiene México a los hidrocarburos en vez de encaminar la transición energética hacia energías limpias.
- La extracción de hidrocarburos, por cualquier método, emite metano, explica Daniel Zavala, doctor en Ciencias del Medio Ambiente por la Universidad de Texas, y este es el principal componente del gas natural y un potente gas de efecto invernadero (GEI), cuyo calentamiento del clima equivale a más de 80 veces el del bióxido de carbono.
- En julio pasado, Rocío Nahle, la secretaría de Energía propuesta por AMLO, se pronunció por continuar con las exploraciones petroleras e informó que en la construcción de las refinerías trabajan con el Instituto Mexicano del Petróleo para «determinar de manera rapidísima la capacidad de las refinerías, para ver si hacer una grande o dos más pequeñas».
- En contra parte, organizaciones y especialistas han advertido que las emisiones de metano provenientes de la exploración y explotación de hidrocarburos se han subestimado en México, con impactos negativos en la calidad del aire, la salud y el cambio climático.
- México es el quinto mayor emisor mundial de contaminación por metano proveniente de la industria del petróleo y gas y, a diferencia del dióxido de carbono, permanece menos tiempo en la atmósfera, 10 años, pero es más potente que este en calentar la atmósfera, advirtió Zavala durante un taller con periodistas en el que organizaciones urgieron a concretar, cuanto antes, la publicación de las disposiciones que regularán las emisiones de metano provenientes de hidrocarburos.
En lo que va de 2018, México ha intensificado la perforación, con base en información de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, pues se registraron 37 equipos de perforación operando, que representa un incremento de 54.1% con respecto al periodo de enero a abril de 2017.
El gobierno mexicano que entrará en funciones en diciembre de este año mantiene un discurso ambivalente, por un lado, explica Margarita Campuzano, del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), ha habido acercamientos con organizaciones ambientales en los que se plantea el empuje a las energías renovables, sin embargo, su estrategia energética prioriza las refinerías, apuesta por el gas natural, que «para nosotros no es una energía limpia».
Más gas del que se reporta
Actualmente, México tiene un grave problema de subestimación de emisiones provenientes de la exploración y explotación de hidrocarburos, dado que los datos reportados por el Inventario Nacional de Emisiones de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero, así como por las Cédulas de Operación Anual (COA), no son producto de mediciones directas, sino de cálculos que se obtienen mediante factores de emisión basados en procesos, considerando que las instalaciones se encuentran en condiciones óptimas, dijo Carla Flores, investigadora de CartoCrítica.
- La información disponible refiere que el «gas más relevante que emite nuestro país es el bióxido de carbono con 71% de las emisiones, seguido del metano con 21%. Del total de las emisiones, 64% correspondieron al consumo de combustibles fósiles; 10% se originaron por los sistemas de producción pecuaria; 8% provinieron de los procesos industriales; 7% se emitieron por el manejo de residuos; 6% por las emisiones fugitivas por extracción de petróleo, gas y minerías y 5% se generaron por actividades agrícolas.»
- En 2017, un experto técnico de la organización Earthworks de Estados Unidos visitó México con una cámara infrarroja y grabó numerosos videos que demuestran que instalaciones de Pemex y de otras empresas extranjeras operando en Poza Rica y Papantla, Veracruz, emanan gases tóxicos al ambiente. Al menos nueve grabaciones muestran la emanación de gases considerados altamente peligrosos.
Actualmente, los reportes de emisiones que elaboran los sujetos obligados se realizan «de buena fe» y no existen verificaciones sistemáticas por parte de las autoridades responsables que avalen los datos reportados, ni las condiciones adecuadas en las instalaciones de las fuentes emisoras, apunta Anaid Velasco, coordinadora del área de investigación del Cemda.
Una buena intención (hasta ahora)
- México ha establecido compromisos internacionales de reducción de gases de efecto invernadero para combatir el cambio climático. Para asegurar su cumplimiento, la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) desarrolló las Disposiciones administrativas de carácter general para la prevención y el control integral de las emisiones de metano del sector hidrocarburos, las cuales fueron publicadas para consulta en la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer) el pasado 27 de julio.
- Las disposiciones obligan a empresas nacionales y extranjeras que realicen actividades en materia de hidrocarburos a elaborar un diagnóstico que identifique, clasifique y cuantifique las emisiones de metano; y a desarrollar el denominado Programa para la Prevención y el Control Integral de las Emisiones de Metano del Sector Hidrocarburos, el cual deberá contener los resultados del diagnóstico y, además, deberá establecer metas y objetivos anuales para la reducción de estas emisiones, identificando puntualmente las acciones de prevención y control integral a implementar.
- Estas regulaciones hasta ahora no son obligatorias y, por tanto, no hay sanciones. «Si no las dotamos de un rigor jurídico más amplio, a un nivel de Norma Oficial Mexicana, que tenga sanciones específicas, vamos a seguir sin obligar a las empresas a que prevean su plan de acción, que establezcan metas, una hoja de ruta para no llegar a un punto en el que la remediación ya no sea posible, como suele pasar en materia ambiental», destaca Velasco, quien también ha realizadores indicadores medioambientales para la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Derechos Humanos.
- En el marco del Acuerdo Marco de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (UNFCCC, por sus siglas en inglés), México suscribió en 2015 una Contribución Nacionalmente Determinada (NDC, por sus siglas en inglés), para reducir de manera no condicionada 25% de sus emisiones de gases de efecto invernadero al 2030. Asimismo, en la Octava Cumbre de Líderes de América del Norte, en junio de 2016, se comprometió a reducir sus emisiones de metano en un 40-45% para el año 2025.
Sin un panorama alentador
- «No hay un panorama alentador desde el sector energético (con la nueva administración), hemos tenido acercamientos con el sector ambiental, no así con el equipo del sector energético y es ahí donde deberíamos tener una mayor incidencia, deberíamos de llevar lo social y lo ambiental y la perspectiva de derechos humanos hacia la política energética», dice enfática Gisselle García, maestra en derecho ambiental y abogada en el Cemda, respecto a la postura del próximo gobierno en la materia.
Por ello, uno de los llamados principales a la administración de López Obrador es darle más vigor a estas disposiciones. «Como organizaciones de la sociedad civil confiamos en que las autoridades hagan bien su trabajo, suponiendo que se aprueben las disposiciones y que se apliquen», apunta García.
El panorama para las organizaciones ambientales es de preocupación porque se le está dando «demasiado peso a los hidrocarburos y que esto signifique un retroceso en materia de transición energética hacia energías renovables, principalmente»./ CON INFORMACIÓN DE HUFFINGTON POST
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