El ministro Fernando Franco propondrá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación mantener en dos años el mandato del gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, invalidando la ampliación a cinco años.
- El Pleno de la Corte también revisará las supuestas violaciones al proceso legislativo que denunció la oposición en Baja California, como el cambio de sede para votar la reforma y la falta de comunicación a todos los regidores.
- Fue el pasado 24 de octubre cuando Fernando Franco dio entrada a las acciones de inconstitucionalidad impulsadas por el PAN, PRI, MC y PRD.
- El Secretario General de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano, explicó que es normal que la propuesta venga en contra, pero no necesariamente significa que la decisión sea compartida por el resto de los ministros.
- “Siempre esperamos que el ponente buscara que se declarara inválida, nunca pensamos que viniera de forma contraria, pero somos conscientes que seis o siete magistrados no comparten esa decisión y que respetan la soberanía de Baja California”, dijo.
- El proyecto será votado la próxima semana. Para ser aprobado se requiere el aval de ocho de los Il ministros del Pleno.
- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) prevé mantener en dos años el mandato del gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez e invalidar la reforma a la Constitución de ese estado por la que se amplió su mandato a cinco años, mejor conocida como Ley Bonilla.
El ministro Fernando Franco planteó en su proyecto de sentencia que la llamada Ley Bonilla es inconstitucional pues Bonilla Valdez fue electo sólo para un periodo de dos años en el cargo.
Será la próxima semana cuando los Il ministros que forman parte del pleno del máximo tribunal del país discutan la propuesta del ministro Franco.
Se requiere de al menos ocho votos para invalidar el decreto, tres de los cuales corresponden a los ministros impulsados por el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien es del mismo partido que Jaime Bonilla; se trata de las ministras Margarita Ríos Farjat y Yasmín Esquivel Mossa así como del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá.
Entre los puntos que analizará la Corte se encuentra el si la reforma vulneró el principio de certeza garantizado en los artículos 105 y ll6 de la Constitución, que consiste en la prohibición a realizar modificaciones sustanciales a las leyes electorales 9% días previos al inicio de la etapa de preparación de las elecciones.
También los integrantes del máximo tribunal del país revisarán las supuestas violaciones al proceso legislativo y otros temas de índole electoral y constitucional planteadas por los demandantes en sus acciones de inconstitucionalidad.
Fue el pasado 24 de octubre cuando Fernando Franco dio entrada a las acciones de inconstitucionalidad impulsadas por los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI), de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC).
Sin embargo, el ministro rechazó a los institutos políticos conceder en ese momento la suspensión de la reforma pues “el hecho de que el gobernador entre en funciones… no significa que se hayan consumado los efectos de la norma”.
En diciembre pasado, un mes después de que Bonilla asumiera el cargo de gobernador, una opinión jurídica enviada a la Suprema Corte, los siete magistrados que integran de la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), por unanimidad, consideraron que la Ley Bonilla “se aparta de la regularidad constitucional./OEM-PUNTOporPUNTO
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