Todo indica que la terca realidad se interpondrá entre Morena y su deseo de eliminar el Ramo 23. “Ya les hemos informado a todos que el Ramo 23 no va a seguir funcionando como en la actualidad. Va a tener que ser sometido a una cirugía mayor”
- Mientras que en la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados hacen todo lo posible por borrar del mapa el mejor conocido como “ramo de los moches”, cientos de presidentes municipales han acudido al Palacio Legislativo de San Lázaro a pedir recursos de esta partida para proyectos en sus comunidades.
- Los alcaldes llegaron de todo el país, cargando con carpetas y folders donde escribieron sus proyectos, sus presupuestos y sus metas; hicieron fila desde la madrugada, algunos desde uno o dos días antes, para que en la Comisión de Presupuesto les den acuse de que se recibieron sus documentos.
- “Era lo que queríamos, que nos recibieran”, dice un entusiasmado Juan López Blanco, presidente municipal de Villa de Guadalupe, San Luis Potosí, quien acudió a la Ciudad de México con la esperanza de que los diputados le den “aunque sea” algo para sus proyectos porque el presupuesto de su municipio no alcanza para invertir en obras.
El Ramo 23, llamado Provisiones Salariales y Económicas, es una partida dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) con recursos que se envían a los estados. Está constituido por varios fondos y programas, algunos de ellos sin reglas de operación cuyos fondos se entregan de forma discrecional
El dinero de algunos de los componentes del Ramo 23 es entregado a gobiernos locales para construir o mejorar obras como carreteras, calles, escuelas, casas de cultura, infraestructura de drenaje o agua potable.
Los fondos y programas más opacos y sin reglas de operación son el de Programas Regionales; el de Contingencias Económicas y el de Fortalecimiento Financiero.
Aunque el fin de algunos de estos fondos y programas parece noble y podría ser la salvación de cientos de municipios, lo cierto es que son recursos cuya aplicación tiene dos defectos: son entregados sin reglas, discrecionalmente —se ha dado menos a estados opositores— y se prestó para el cobro de moches a cambio de “bajar” recursos a los municipios.
El Ramo 23 es, al mismo tiempo, pecado y salvación.
En estos días previos a la entrega del Paquete Económico 2019 —que incluye la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación—, por un lado, alcaldes y gobernadores pugnan porque el Ramo 23 no desaparezca y lo han convertido en su bandera de lucha; por otro lado, los legisladores de la Comisión de Presupuesto tratan de establecer nuevas reglas para endurecer la entrega de recursos.
- “Las cosas ya cambiaron, se vislumbra; antes todos éramos 132, ahora todos son Ramo 23, como que hay una especie de rebelión.
- Esta partida se está convirtiendo en estos momentos en la cara del federalismo y creo que eso no debe ser así. Ya les hemos informado a todos, hemos platicado con muchos de ellos, que el Ramo 23, que es la obsesión —vean ustedes cómo hay filas allá en la oficina— (…), que no va a seguir funcionando como en la actualidad. Va a tener que ser sometido a una cirugía mayor”, ha dicho el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar (Morena), presidente de la Comisión de Presupuesto.
- Esta semana, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador entregará su proyecto de primer Paquete Económico, que analizará el Congreso de la Unión y deberá ser aprobado en su totalidad a más tardar el 31 de diciembre próximo.
Pecado original: así nació la ‘industria del moche’
Los dos grandes pecados cometidos con recursos del Ramo 23 lo han llevado al borde de la muerte. La negociación del PEF sucede exclusivamente en la Cámara de Diputados, única facultada para discutir y modificar el proyecto que es enviado desde el Ejecutivo.
- Antes del 2012, las negociaciones sobre la asignación del dinero público eran hechas entre los legisladores y los gobernadores de los estados; sin embargo, desde el primer ejercicio del expresidente Enrique Peña Nieto, las cosas cambiaron.
- La firma del Pacto por México —convocado por Peña Nieto y signado por los presidentes del PRI, el PAN, el PRD y el PVEM para impulsar las reformas estructurales— significó el cambio en las reglas para la negociación del Presupuesto, que a partir de entonces ya no se hizo con los gobernadores, sino con los presidentes de los partidos políticos.
- Incluso, durante todo el sexenio anterior, desaparecieron de San Lázaro las enormes filas de alcaldes o las visitas de gobernadores pidiendo recursos económicos; esas peticiones eran gestionadas directamente en cada uno de los partidos políticos.
- En su estudio “La negociación política del presupuesto 1997-2018”, la consultora Integralia —fundada y dirigida por Luis Carlos Ugalde, expresidente del extinto IFE— señala que tan pronto como se firmó el Pacto por México, se propuso la creación de una serie de fondos en el Ramo 23 para pavimentación; para infraestructura deportiva y cultural; y para el desarrollo regional.
A través de estos fondos se asignarían anualmente grandes cantidades de dinero a los coordinadores de las fracciones parlamentarias de la Cámara de Diputados para distribuirlos, a su vez, entre todos los legisladores.
- “Así, el monto total a los que cada coordinación parlamentaria accedía, estaría determinado por el número de diputados de su bancada”, expone el estudio.
- La suma de esos fondos oscilaba entre 10 mil y 20 mil millones de pesos. Lo que significa que cada diputado de la 62 Legislatura pudo tener a su disposición una bolsa de entre 18 y 30 millones de pesos entre el 2012 y el 2015. Este dinero se etiquetaba por los diputados de forma totalmente discrecional: ellos decidían a dónde enviar el dinero
- “La premura del presidente Peña Nieto para sacar adelante las reformas estructurales lo llevó a conceder en materia presupuestaria a cambio de contar con los votos de la oposición.
Asimismo, esa urgencia política podría haber sido el factor que llevó al gobierno a aceptar la creación de fondos de libre asignación para repartirse por diputado y de esa manera ejercer una suerte de pago político a cambio de la aquiescencia activa o pasiva del Congreso para las reformas del Pacto por México”, apunta el análisis de Integralia.
Estos fondos de libre asignación crearon lo que la consultora llama “industria de los moches”, en la que se ventilaron escándalos de diputados que cobraban comisiones a municipios para bajar recursos federales hacia sus localidades.
El aumento en los recursos para el Ramo 23 fue exponencial en el sexenio pasado. Mientras que en el 2012 se etiquetaron 81 mil millones de pesos, en el 2018 fueron 156 mil millones
- Una vez que se aprobaron las reformas estructurales en la 62 Legislatura (2012-2015), para la Legislatura 63 (2015-2018) continuó la asignación de bolsas millonarias para el reparto discrecional, con la diferencia de que se creó un solo fondo, el Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (Fortalece).
- “Los diputados entrevistados coinciden en que, a lo largo de esta legislatura, la asignación de esos recursos tuvo un efecto corruptor como antes y que la lógica de la desaparición de los tres fondos La firma del Pacto Por México cambió la manera en la que se negociaba el presupuesto para los estados. y la creación del Fortalece no cambió nada de fondo”, indica el estudio de Integralia.
Los coordinadores de cada bancada simplemente se organizaron de forma distinta para “repartir” el dinero entre sus legisladores.
Integralia señala que en entrevistas con diputados, estos revelaron que el PRD —liderado por Francisco Martínez Neri— decidió repartir la bolsa de forma democrática, dando la misma cantidad a cada uno de sus legisladores.
- El PRI —liderado por César Camacho Quiroz— los repartió de acuerdo a la disciplina mostrada por cada uno de sus diputados: mientras más disciplinado y leal, mayor cantidad de recursos.
En el PAN —liderado por Marko Cortés— el coordinador tuvo en su control el reparto de recursos, que fue poco clara./REPORTE INDIGO- PUNTOporPUNTO
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