A siete meses de las elecciones de 2024, que tendrán lugar el 2 de junio, en la Ciudad de México las personas en prisión que aún no han sido sentenciadas podrán votar para elegir al presidente de la República, senadores y diputados federales, así como a la Jefatura de Gobierno, diputaciones locales y las 16 alcaldías.
- Bernardo Valle Monroy, consejero del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), señaló que será la primera vez que personas privadas de su libertad voten tanto para las elecciones federales como locales.
El consejero adelantó que la modalidad de voto en los centros de reclusión será anticipada, previa a la elección del 2 de junio, dos semanas antes.
La CDMX cuenta con 13 centros penitenciarios. De acuerdo con información de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario, con corte al 3 de marzo de 2023, se tenía un registró de 25 mil 520 personas privadas de su libertad, de las cuales 6 mil 968 habían sido procesadas y 18 mil 552 sentenciadas.
Campaña y debate en Centros de Reclusión
En el proceso electoral de 2024, se busca no solo transmitir los debates entre candidatas y candidatos a la jefatura de Gobierno, sino realizar un debate presencial dentro de uno de los penales.
- El consejero electoral destacó que las autoridades penitenciarias han mostrado interés y han establecido una serie de condiciones que tienen que ver totalmente con la seguridad, dando opciones para hacer el debate.
“Habrá que definir con los partidos si van candidatos o van representantes del partido, eso es lo que tenemos que definir. Hemos estado hablando con las autoridades penitenciarias que pudieran ver la posibilidad de hacer un debate en prisión. No sabemos el cargo, pero si lo pudiera haber”, explicó el consejero.
Respecto al tema de la propaganda, Bernardo Valle dijo que hay una serie de reglas en los Reclusorios, por lo que no sería tan fácil que un candidato o candidata pueda acceder a hacer campaña.
“Si una persona accediera, se le debería dar acceso igualitario a todos. Veo difícil ese escenario, pero la autoridad electoral podría contribuir dando información a las personas privadas de su libertad que están en prisión preventiva, para que cuenten con los elementos para una toma de decisión consciente”.
“Es importante que se haga un debate en prisión, pues mandaría un mensaje de que el tema de prisión es importante para los partidos políticos, y en el que se discutan temas relacionados con las personas que están recluidas.— Bernardo Valle
Entre las opciones que plantea el IECM a las autoridades penitenciarias están:
- Dar a conocer la plataforma de gobierno de cada candidato
- Dar talleres que promuevan la participación ciudadana
- Difundir los debates, no solo el de la Jefatura de Gobierno
- En los Reclusorios hay espacios para pegar carteles en las bibliotecas
- Buscar con los partidos políticos que proporcionen información hacia la población para que tengan acceso de manera más fácil a las propuestas
El consejero Bernardo Valle dijo que uno de los retos que tendrán las autoridades electorales es que las personas privadas de su libertad realicen un voto informado.
“Un tema que debemos tener cuidado las autoridades electorales es que haya un voto informado, que la gente esté consciente de cuáles son los cargos, qué funciones tienen, cuáles son las propuestas de cada uno de los candidatos. Algo muy relevante, es capacitar y concientizar a la población de que el voto es libre y secreto, que nadie puede interferir o puede haber consecuencias por el voto que haga”.
Antecedente
En junio de 2018, dos personas recluidas en el Centro Estatal de Reinserción Social “El Amate”, en Cintalapa, Chiapas, presentaron una impugnación ante la Sala Superior del Tribunal Federal Electoral por la omisión del INE de emitir los lineamientos que les permitieran ejercer su derecho a votar, sin haber sido condenadas a través de una sentencia.
En 2019, la Sala Superior concluyó que las personas en prisión que no han sido sentenciadas tienen derecho a votar, porque se encuentran amparadas bajo el principio de presunción de inocencia, por lo que ordenó al INE realizar una prueba piloto en 2021, con miras a su implementación en 2024.
Prueba piloto
En 2021, un total de 4,530 personas privadas de su libertad ejercieron su derecho al voto en las elecciones de los estados de México y Coahuila, así como de diputaciones locales en la primera entidad. La Lista Nominal se integró con 4,991 registros, de un total de 9,557 personas en reclusión. La votación anticipada se realizó entre el 15 y 19 de mayo en 21 centros penitenciarios: uno en Coahuila y 20 en el Estado de México./Agencias-PUNTOporPUNTO
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