Con el fin de fortalecer el control y supervisión legislativa de la estrategia gubernamental en materia de combate a la delincuencia organizada y el narcotráfico, los grupos parlamentarios del Partido Acción Nacional (PAN) y Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara de Senadores promueven reformar la Ley de Seguridad Nacional y la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
- A través de María Lilly del Carmen Téllez García, la bancada senatorial panista plantea el reconocimiento de los cárteles de la droga como organizaciones terroristas y que sea la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional del Congreso de la Unión quien pueda, mediante resolución motivada y por mayoría de votos, declarar de oficio o a solicitud de cualquier persona física o moral o servidor público a un grupo delictivo como organización terrorista nacional.
- A nombre de los senadores priistas, Alejandro Moreno Cárdenas, su coordinador parlamentario y presidente nacional del PRI, propone incluir en la Ley de Seguridad Nacional y la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública la “Comisión Bicameral para la Evaluación y Seguimiento de la Fuerza Armada Permanente en tareas de Seguridad Pública’’.
“Al haber sido concebida como una institución con características híbridas -civiles en su origen, pero con una creciente influencia militar-, la Guardia Nacional requiere una vigilancia constante por parte de los poderes civiles, particularmente del Poder Legislativo, para asegurar que su actuación esté apegada a los principios constitucionales y a los derechos humanos’’, refiere la iniciativa priista.
Incluir la comisión en la ley, detalla, garantizará que la supervisión no dependa de decisiones políticas temporales, sino que sea un mandato legal permanente asegurando la continuidad del escrutinio parlamentario a lo largo de las administraciones, además fortalecerá su carácter de órgano de control y promoverá la rendición de cuentas de la GN de manera formal, estableciendo procesos claros y obligatorios para la entrega de informes y su revisión ante el Congreso de la Unión.
Imperativo
La senadora del PAN asegura que su propuesta “no implica una militarización del país, sino la adopción de medidas jurídicas extraordinarias y excepcionales que permitan al Estado actuar con contundencia’’.
“Es urgente que el Estado asuma su responsabilidad y cumpla con su obligación constitucional, legal y convencional de proteger y garantizar todos los derechos humanos, particularmente el de la seguridad de todas las personas en el territorio nacional. La seguridad es uno de los fines del pacto social’’, cita la exposición de motivos.
- La iniciativa refiere que basta con ir a las distintas regiones del país, especialmente donde los cárteles de la droga tienen mayor presencia, para saber que los hechos de violencia y los testimonios de los habitantes constituyen pruebas irrefutables de que no se trata de hechos aislados, sino de una forma de operar por parte del crimen organizado.
- Por disputarse la plaza, enfrentarse con otros grupos o atemorizar a la población, precisa, los cárteles realizan actos violentos en contra de las personas o en propiedades ocasionando víctimas mortales, lesionados, pérdidas de patrimonio personal o familiar y, en todo momento, alarma, terror o temor.
“Cuando las organizaciones criminales alcanzan un nivel de amenaza equivalente al terrorismo es imperativo responder con herramientas jurídicas extraordinarias. La Constitución reconoce la posibilidad de establecer regímenes de excepción en situaciones que pongan en peligro la seguridad nacional (Artículo 29)’’, abunda.
Y que conforme la Ley de Seguridad Nacional, por seguridad nacional “se entienden las acciones destinadas de manera inmediata y directa a mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano’’./CONGRESO-PUNTOporPUNTO
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