San Juana, Ana Lizbeth y “Rafita” eran los nombres de dos niñas y un niño de entre seis y 10 años de edad que fueron asesinados con extrema violencia en los dos últimos meses en diversos puntos del país, y cuyos casos han causado conmoción nacional.
Este mismo jueves se sumó el caso de Arturo, un adolescente indígena de 16 años, asesinado en Veracruz, y cuyo cuerpo fue hallado ya en estado de descomposición y atado de pies y manos.
Los asesinatos de estos menores de edad, que han generado protestas y marchas contra las autoridades locales, comparten rasgos de violencia extrema: sus cuerpos fueron encontrados en lotes baldíos cercanos a sus domicilios, tenían signos de tortura y, en el caso de las pequeñas, también presentaron signos de abuso sexual.
- El clima de violencia que prevalece en el país ha alcanzado a la niñez mexicana que ahora ya no es sólo víctima colateral de la lucha contra en el narcotráfico –iniciada en la administración federal del panista de Felipe Calderón Hinojosa, en diciembre de 2006– sino que ahora, por la impunidad que priva en todos los niveles de justicia en el país, son un foco directo de criminales e incluso de asesinos solitarios que, con maldad extrema, lo mismo matan que desaparecen a niños, niñas y adolescentes, destaca la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim).
- “Uno de los elementos que hay que tener presente es que en todo el país la violencia se traduce cada vez más en homicidios dolosos o en desaparición con signos de crímenes de lesa humanidad. Incluso, las lesiones van adquiriendo un mayor rango de maldad: ya no solamente es quitar la vida, sino mutilar, torturar, y los niños ya no son ajenos a estas expresiones”, explica Juan Martín Pérez García, director ejecutivo de la Redim.
- “Estos casos violentos forman parte del código de los grupos criminales para dejar mensajes casi siempre a los familiares de estos niños o a el entorno comunitario, con el fin de aterrorizar y garantizar su existencia como mafia local”, agrega el especialista.
- De acuerdo con las cifras de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), México está ubicado en primer lugar en casos de violencia y abuso sexual contra niños y niñas, entre los 36 países que conforman estas organización internacional: la llamada “de los países ricos”.
- En julio pasado, el Secretario del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), Ricardo Antonio Bucio Mújica, declaró que cada día en el país tres niños o niñas son asesinados. Además, las cifras de la Red por los Derechos de la Infancia en México, plantean que entre 2006 y 2017 unos 11 mil niños, niñas y adolescentes fueron asesinados, mientras que otros 6 mil 800 fueron desaparecidos en el contexto de la lucha contra el crimen organizado.
Entre julio y agosto de 2018, contabiliza esta organización, al menos cuatro niñas y dos niños fueron asesinados con “saña”, tres de estos homicidios se registraron al norte del país y dos en estados del centro. Respecto a estos casos, Juan Martín Pérez García, director ejecutivo de la Redim, insiste en que la “impunidad se convierte en un aliciente que profundiza la repetición de estos crímenes”.
“Uno de los elementos que hay que tener presente es que en todo el país la violencia se traduce cada vez más en homicidios dolosos o en desaparición como un crimen de lesa humanidad. Incluso, las lesiones van adquiriendo un rango de mayor nivel, ya no sólo es quitar la vida sino mutilar, torturar y los niños siguen siendo ajenos a estas expresiones”, explica el activista.
Pérez García agrega que “estos casos violentos forman parte del código de los grupos criminales para dejar mensajes casi siempre a los familiares de estos niños o a el entorno comunitario con el fin de aterrorizar y garantizar su existencia como mafia local”. Sin embargo, las niñas, niños y adolescentes no sólo están siendo asesinados, sino que además están desapareciendo.
- Cifras del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED) muestran que hasta julio de 2017 se registraron 33 mil 482 personas desaparecidas, de ese total el 18 por ciento [ es decir, 6 mil 079] son niñas, niños y adolescentes. Los números detallan que seis 6 de cada 10 estos casos corresponde a niñas y adolescentes mujeres.
- “Ya hemos venido denunciando que una parte de la desaparición de mujeres adolescentes, que es donde hay un pico impresionante en el registro, probablemente tenga fines de explotación sexual y en el caso de los varones adolescentes pueden tener fines de reclutamiento forzado”, comenta Pérez García.
El mismo registro muestra que 72 por ciento [4 mil 394 casos] de las desapariciones de niñas niños y adolescentes ha ocurrido en la administración federal actual que preside Enrique Peña Nieto.
Ayuda internacional y acciones
En días pasados, Andrés Manuel López Obrador, Presidente electo de México, pidió ayuda a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en materia de derechos humanos y en transparencia para combatir la ola de corrupción e impunidad que vive el país. También solicitó la asesoría de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para reactivar el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, Guerrero, y encontrar la salid.
Al respecto, el director de Redim coincide sobre la importancia de la intervención de organismos internacionales para erradicar la violencia, la corrupción y la impunidad. “Un mecanismo internacional ayudaría a construir un contrapeso local porque ahora mismo no tenemos contrapesos internos que permitan que los grupos criminales en su conjunto sean procesados de forma adecuada”, comenta Pérez García.
- Además, expone, hay una serie de propuestas que podrían contribuir a asegurar y blindar a las niñas, niños y adolescentes mexicanos. Por ejemplo, escuchar y empoderar a la niñez son “la mejor opción para protegerlos pues hay que informales lo que está sucediendo con la clara noción de que están en un contexto difícil”.
Por otra parte, a los adultos les toca ayudar a construir entornos y espacios públicos seguros. “De lo contrario nos estamos encerrando: ocho de cada 10 familias no dejan salir a los niños y niñas por miedo a la inseguridad, cuando lo tendríamos que estar haciendo es ocupar el espacio público y salir como familias y comunidades a proteger esos espacios”, añade.
“Es obligación del Estado mexicano y de sus autoridades garantizar nuestra integridad y que el entorno en donde nos desenvolvemos los ciudadanos, particularmente los niños y las niñas, esté libre de violencia; eso forzaría a que realmente se proteja a los ciudadanos y no como ahora que se protege a la industria, a las empresas y a los bancos, entre otros poderosos”. /CON INFORMACIÓN DE SIN EMBARGO
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