Con los resultados electorales preliminares en el Senado y en la Cámara de Diputados, los partidos de la denominada Cuarta Transformación podrán alcanzar una mayoría calificada que les permita modificar la Constitución sin necesidad de los votos de la oposición, lo que expertos consideran que se trata de un riesgo para el país, aunque también señalaron que la próxima Presidenta puede tener una actitud más conciliadora.
- A partir del 1 y hasta el 30 de septiembre, los nuevos integrantes del Congreso podrán aprobar las 20 iniciativas enviadas por el Ejecutivo federal el pasado 5 de febrero, de las cuales 18 son constitucionales y buscan cambiar 51 artículos para elegir por voto popular a los integrantes del Poder Judicial.
También busca cambiar al Instituto Nacional Electoral (INE), eliminar los órganos autónomos constitucionales como el Instituto Nacional de Transparencia (Inai) y la Comisión Federal de Competencia (Cofece). Además de que la Guardia Nacional esté adscrita al Ejército o ampliar el dominio de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en el mercado eléctrico.
Al respecto, especialistas, coincidieron en que tener un Congreso con una mayoría calificada a favor del Ejecutivo Federal es un alto riesgo para la República.
- El maestro José Perdomo Galicia, especialista en Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de la Universidad La Salle, destacó que “Morena no tiene la capacidad de ver por las instituciones, sino por el desarrollo nacional… el riesgo que en este momento estamos corriendo al desaparecer esas instituciones o al tener mayoría en el Congreso, es el aniquilar la estructura del Estado y los órganos que participan en el Estado”.
- Recordó que en la época del PRI también se tenía un Congreso afín al Ejecutivo, por lo que lamentó que a partir del próximo 1 de septiembre se terminarán los contrapesos, “que son para evitar la tentación natural de poder y de excederse en sus facultades e ir en contra de la ley”.
Ante ello, dijo que los nuevos integrantes del Congreso van a llegar a “legitimar hoy, lo que probablemente en el 2025 ya esté modificado en la Constitución… Ese es el enorme riesgo que desde la academia venimos alertando, porque entonces dónde está el sistema republicano, dónde está la naturaleza de pesos y contrapesos y de la distribución del monopolio de las actividades del Estado”.
En tanto, la maestra Sonia Juárez Moreno, académica de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón de la UNAM, confió en que el Plan C pueda detenerse ante la llegada de la nueva presidenta de México.
“Sería importante que ella (Claudia Sheinbaum) inicie este sexenio cumpliendo sus promesas” y no se trate sólo de una continuidad de las políticas e ideas del actual presidente, Andrés Manuel López Obrador.
“Es un período de transición, debemos de apostar por el beneficio del país, debemos de apostar por estar bien”; no obstante, reconoció que sí existe un riesgo real para la aprobación del Plan C y en ese caso “van a caer en los mismos vicios que el partido anterior, van a querer monopolizar, van a querer privatizar, yo espero que ni siquiera se piense en esta situación”
- Para Bernardino Esparza Martínez, especialista de la Facultad de Derecho de la Universidad La Salle, es deseable que en las reformas constitucionales enviadas por el Presidente exista una verdadera discusión y se convenza a la oposición del por qué se deben aprobar esos cambios a la Constitución.
- De lo contrario, continuó Esparza Martínez, sería reproducir el viejo sistema del PRI, en el que todas las iniciativas y cambios se aprobaban en las cámaras sin ninguna discusión.
“Al final del día hay omisiones legislativas, es decir, los procesos legislativos para emitir una ley llevan una ruta: se presenta la iniciativa, se va a la comisión, la discusión, la aprobación, se va al Senado, la mayoría en el Senado las aprueba.
“Son procesos muy importantes, y dentro de eso hay diálogos y si no se dan, probablemente estemos cayendo nuevamente en esas ilegalidades de las leyes que salen mal y que en su momento la oposición decide presentar las acciones de inconstitucionalidad”, apuntó el especialista de la Universidad La Salle.
Será, explicó Esparza Martínez, hasta finales de año que se retire un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por lo que todavía habrá posibilidades de tener una garantía en la división de poderes.
Después de que se concrete la reforma al Poder Judicial, dijo el especialista, la oposición tendrá que valorar si acude a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para denunciar que en el sistema constitucional mexicano hay una violación a la progresividad en la materia, si fuera el caso./CONGRESO-PUNTOporPUNTO
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