Martí BATRES busca DETENER la CORRUPCIÓN INMOBILIARIA en la CDMX; presenta iniciativa para agregar disposiciones al Código Penal

El jefe de Gobierno, Martí Batres Guadarrama, ha presentado una iniciativa para agregar disposiciones al Código Penal del Distrito Federal, con el objetivo de prevenir y combatir la corrupción inmobiliaria, estableciéndola como un delito y definiendo sanciones para los servidores públicos involucrados.

  • Esta iniciativa se enmarca en la lucha contra la corrupción y busca disuadir prácticas que afectan el desarrollo urbano y la seguridad de la Ciudad de México.
  • Durante la presentación en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, Batres resaltó que la corrupción inmobiliaria implica a funcionarios públicos acumulando riqueza a través de empresas que les otorgan beneficios personales a cambio de permisos ilegales de construcción.

Este fenómeno no solo tiene impactos económicos sino también sociales, afectando el costo de la vivienda, especulando con los precios del suelo y generando riesgos en términos de Protección Civil.

El delito propuesto aborda la acción u omisión de servidores públicos que permitan construcciones ilegales, imponiendo penas de 10 a 20 años de prisión, y agravándolas si obtienen beneficios económicos. Batres subrayó que esta iniciativa busca detener la corrupción inmobiliaria que ha afectado el desarrollo urbano en la Ciudad de México.

  • En referencia a la alcaldía de Benito Juárez, el mandatario destacó que entre 2009 y 2021, se observó un crecimiento exponencial de construcciones que exceden los límites permitidos por la norma, vinculando estos casos a una red de corrupción.

La iniciativa propuesta busca sancionar tanto a los servidores públicos como a sus familiares involucrados en estas operaciones.

El Secretario de Gobierno, Ricardo Ruiz Suárez, presentará esta iniciativa ante el Congreso de la Ciudad de México en el próximo periodo ordinario de sesiones. Se espera que esta propuesta contribuya a la transformación de la política inmobiliaria, promoviendo la vivienda digna y segura como un derecho fundamental y no como un objeto de especulación financiera./CONGRESO-PUNTOporPUNTO

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