La oficina de Víctor Jiménez Mora no sobrepasa los 20 metros cuadrados. Es una pequeña habitación atiborrada de cajas de cartón para archivar papeles, con dos escritorios de cristal que limitan aún más el tránsito, ocupados por dos adolescentes que apenas levantan la mirada de sus pantallas cuando alguien llega.
- De acuerdo con una investigación realizada por EL UNIVERSAL en conjunto con Morelos Rinde Cuentas, una organización civil especializada en temas anticorrupción, y Gobierno Abierto, que desde hace años ha dado seguimiento a la transparencia legislativa, en una de las esquinas está el privado de Jiménez Mora, contador de oficio. Y ese es el espacio de mayor respiro de la pequeña oficina de donde salieron facturas por 5.4 millones de pesos entre 2019 y 2020, las cuales fueron pagadas por el Congreso de Morelos con los recursos de las bancadas partidistas en la Legislatura pasada.
“Nosotros facturábamos [dice Jiménez Mora cuando se le pregunta por su relación comercial y de servicios con el Congreso local]. A mí me invitaron [a ser proveedor del Congreso]. Yo nunca hice un registro… todo fue una invitación verbal, todo verbal”.
Y con esa invitación verbal, Jiménez Mora pudo facturarle al Congreso morelense un taller para jóvenes, otro para pequeñas empresas sobre desarrollo económico, uno más sobre diversidad sexual, una asesoría legislativa y una capacitación para una guía de seguridad en escuelas, entre otros.
El problema, más allá de la facturación, es que no hay pruebas reales de que los talleres y las actividades se hayan realizado. En los documentos comprobatorios que el Congreso entregó por medio de una solicitud de información hay fotografías duplicadas tomadas de eventos distintos o de entregas de apoyos por organizaciones ajenas e incluso retomadas de internet. Es decir, falsearon las pruebas del gasto.
Por el patrón detectado en diversas empresas, el total podría sumar decenas de millones de pesos de 2019 a 2020, periodo en el que el Congreso estuvo dominado por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y el Partido Encuentro Social (PES).
El entonces diputado Alfonso de Jesús Sotelo Martínez era el presidente del Poder Legislativo, y hoy es el secretario de Desarrollo Social del gobierno de Cuauhtémoc Blanco.
Fotos con duplicado
El uso de fotos duplicadas para justificar talleres es una constante que se observa en la documentación comprobatoria de la pasada Legislatura (2018- 2021), y que hizo pública el Congreso con la nueva Legislatura (2021-2024).
- Por ejemplo, la bancada de Morena realizó el taller El buen legislador y se ofrecieron cinco fotos como comprobación, dos de ellas son las mismas que se presentaron como prueba del taller Manejo de datos, transparencia y acceso a la información, que ofreció la diputada morenista Ariadna Barrera Vázquez.
Los dos cursos fueron facturados por Jiménez Mora, uno el 14 de noviembre de 2019 y el otro el 5 de marzo de 2020. Por el primero cobró 252 mil 958 pesos; por el segundo, 365 mil 472 pesos.
Otra muestra es el taller El empoderamiento de la mujer, realizado por la diputada morenista Keila Celene Figueroa Evaristo, también facturado por Víctor Jiménez Mora en 360 mil pesos. De nuevo se comprueba con cinco fotos, pero una de esas imágenes es la misma del taller Poder, género, igualdad entre mujeres y hombres en México.
- El taller Prácticas y relaciones parlamentarias, organizado por la diputada del partido Movimiento Ciudadano Ana Cristina Guevara, quien ya había sido señalada por usar fotos falsas para comprobar gastos en un programa de vivienda, presentó como evidencia una imagen de otro evento: el Foro regional para elaboración de una nueva ley de participación ciudadana.
Y la cereza del pastel: la bancada del PES informó haber pagado un millón 20 mil pesos por dos seminarios, uno de políticas públicas a la empresa Servicios y Asesoría Beligri, y otro de gobernanza y comunicación política a la empresa Asesoría Vital Bolt. Pero en la documentación entregada para justificar el gasto se presentaron las mismas capturas de pantalla.
En aquel momento, José Luis Galindo Cortez fungía como tesorero del grupo
parlamentario del PES, y actualmente es secretario de Desarrollo Sustentable en
el gobierno estatal de Cuauhtémoc Blanco.
Cristina Xochiquetzal Sánchez Ayala, la única diputada de la pasada legislatura del Partido Humanista, hoy extinto, recibió fondos por 1.2 millones de pesos a través de las bancadas de Morena y el PES para la realización de cuatro talleres destinados a población juvenil. Todos estos, de nuevo, fueron facturados por Víctor Jiménez Mora.
En los documentos comprobatorios del gasto entregados por el Congreso morelense se observan fotografías que corresponden a una serie de conciertos que la organización Volver a Soñar A.C. realizó en colaboración con el Instituto Mexicano de la Juventud con la banda Rockwell Road, como parte del proyecto México Suena Fuerte.
- Del otro, sobre desarrollo económico, no hay referencia en la documentación del Congreso de qué diputado o diputada lo gestionó, pero corresponde a la bancada de Morena. Por esos dos talleres se le pagaron 612 mil pesos a Jiménez Mora.
- Oliver Mauricio Iturbe Sánchez, director general de la asociación Volver a Soñar, explicó que ellos sólo cobraron 12 mil pesos más IVA por cada uno de los conciertos que realizaron en territorio morelense, y que de los talleres reportados no supieron nada.
Aclaró también que el gasto por los conciertos los facturó directamente al Congreso del Estado, es decir, nada tuvieron que ver con las facturas de Jiménez Mora. Y explicó que México Suena Fuerte es un proyecto de cultura de paz y prevención de la violencia desde la música que ha recorrido varios lugares de México y de otros países.
Según información de la Plataforma de Transparencia, el político también fue jefe de adquisiciones del Congreso durante la legislatura en la que su hija fue legisladora.
Con bolsas grandes de dinero
Todas las bancadas legislativas reciben recursos del Congreso para gastos no etiquetados, así está definido en su ley orgánica. El recurso se va entregando mes con mes, explica en entrevista Dalila Morales, exdiputada local y hoy presidenta del PAN en el estado.
“La ley orgánica establece el tema distributivo para los grupos parlamentarios. Hablamos de que un 10% del presupuesto anual es el que se entrega, y los grupos parlamentarios a su vez lo distribuyen a sus integrantes. Y funciona prácticamente para asesorías, de apoyo regularmente a los ciudadanos; así fue que se manejó”.
- También dice que el PAN, al no haber conseguido más de un representante en el Congreso en la legislatura pasada, la 54, no tuvo acceso al dinero de esa partida. Los recursos se concentraron en tres bancadas: la del PES, Morena y Partido del Trabajo (PT).
Menciona que lo único que supo del mal uso de esos recursos fue cuando, una vez terminada la legislatura, Noticieros Televisa hizo público el caso de la diputada emecista Ana Cristina Guevara, y el diputado José Casas González, de la alianza Morena, PES y PT, quienes para justificar un millón de pesos destinado a un programa de mejoramiento de vivienda para damnificados, entregaron como comprobantes del gasto fotografías que tomaron de la página de Facebook de una fundación de ayuda social llamada Congregación Mariana Trinitaria que realizó apoyos en Hidalgo.
Empresas con mil usos
En la comprobación del gasto hubo también facturación de empresas con giros no relacionados con los servicios ofrecidos o con objetos sociales muy amplios, por ejemplo, usaron una compañía cuyo objeto social es la intermediación crediticia, CM Capital Trust Company, para justificar la compra de despensas.
Emplearon empresas dedicadas a la planeación financiera, la administración de recursos humanos y el derecho corporativo, como Asociados Avanty y McArtur Consulting, para justificar pagos por la realización de eventos con personas indígenas, impresión de revistas y asesoría legislativa.
- Usaron a la empresa Comercializadora del Caribe HZY SA de CV para la facturación de gacetas con el quehacer mensual de los diputados, sin que haya pruebas físicas de los entregables; también les facturó focos, elaboración de despensas, botes de pintura, láminas y calentadores solares. En total, la compañía entregó comprobantes fiscales al Congreso morelense por 2.4 millones de pesos.
Sin duda una empresa de muy amplias capacidades de comercialización que se fundó en noviembre de 2015 y que hoy está en proceso de disolución, según explicó un trabajador que evitó identificarse cuando se buscó la empresa para confirmar los datos; esta persona ofreció entregar copia de los documentos probatorios, pero eso no ocurrió.
Además, utilizaron a Proveedora industrial y de servicios MAUE SAS de CV, de la que no hay registro visible en el sistema digital de la Secretaría de Economía para pagar lo mismo cajas de huevo que una asesoría legislativa para declarar un “día del locutor”.
Pero Jiménez Mora afirma que el problema no radica en el proveedor: “Es como usted me dice ahorita: oye, me puedes facturar un concepto de papelería, o un concepto de mobiliario de equipo; usted me está contratando como proveedor, yo te envío mi constancia y tú dices sí, acá dice que sí, y pues ya lo demás es problema del cliente, no del proveedor”./CONGRESO-PUNTOporPUNTO
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