La oposición quedó atada de manos para impugnar la reforma al Poder Judicial, que hoy será declarada como constitucional, por lo que su aplicación será inminente a partir de 2025.
Politólogos y constitucionalistas consultados por Excélsior coinciden en que las pocas rutas que existen para contrarrestarla representan un camino cuesta arriba, al ser poco viables.
- El abogado Arturo Espinosa explicó que, como una reforma constitucional no puede ser declarada inconstitucional, la forma de impugnarla sería apelando a las fallas en el proceso por la vía del juicio de amparo, ya sea a través de ciudadanos, o con una acción de inconstitucionalidad por parte de los partidos o de los legisladores. Sin embargo, aclaró, la oposición en el Congreso de la Unión no tiene las firmas necesarias para interponer este recurso, pues se requiere el aval de 33% de los diputados, lo que es imposible dada la supermayoría de Morena en San Lázaro, o de un tercio de los senadores.
Honestamente, no hay muchas rutas”, sostuvo. Si la Corte rechaza un recurso interpuesto por los partidos, se podría recurrir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y después a la Corte Interamericana, para que emita una sentencia diciendo que la reforma es violatoria de diversos preceptos de la Convención Americana, lo que tendría que acatar el gobierno, bajo pena de ser expulsado del Sistema Interamericano, aunque “tampoco creo que a México le preocupe mucho eso”, indicó.
Para la politóloga María Marván, la oposición está desarmada. “A cada paso que van dando los morenistas y el oficialismo, será más difícil detener esto”.
El diputado morenista Ricardo Monreal afirmó que no hay recurso que proceda contra la reforma.
- Para dicho cambio de criterio, la Suprema Corte tendría que hacer un análisis y una argumentación para decir que, en ciertos casos, una reforma constitucional puede ir en contra de los preceptos constitucionales, lo cual, de acuerdo con el especialista “se ve bastante cuesta arriba”.
- La presentación de una acción de inconstitucionalidad por parte de la minoría en el Congreso quedaría, hasta el momento, descartada, pues para ello se requieren las firmas de un tercio de los integrantes de alguna de las Cámaras, lo cual resultaría imposible en la Cámara de Diputados, mientras que en el Senado se requerirían las firmas de Miguel Ángel Yunes Márquez, que votó en favor de la reforma, y de Daniel Barreda, quien no asistió a la sesión, puntualiza Arturo Espinosa.
Otra opción sería que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), presidida por Rosario Piedra Ibarra —quien llegó al frente del organismo autónomo impulsada por el actual gobierno—, presentara la acción de inconstitucionalidad, abunda.
Los partidos políticos de oposición podrían intentar presentar el recurso ante la Suprema Corte, alegando cambios al Tribunal Electoral incluidos en la reforma, ya que las fuerzas políticas sólo tienen facultades para hacer uso de acciones de inconstitucionalidad en materia electoral, agrega el especialista.
- Entonces, los escenarios son reducidos. Un escenario que queda es intentarlo, que la Corte lo rechace o que lo conozca, pero no lo declare procedente, e ir al Sistema Interamericano, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y, después, a la Corte Interamericana (CoIDH), para que emita una sentencia diciendo que la reforma es violatoria de diversos preceptos de la Convención Americana y, bueno, pues ya eso tendría que acatarlo el gobierno”, indica Espinosa Silis como última opción.
Lo peor que puede pasar es que expulsen a México del Sistema Interamericano, que lo suspendan, pero tampoco creo que a México le preocupe mucho eso”, indica.
- Al respecto, María Marván, politóloga y expresidenta del extinto IFE, advierte que la oposición se encuentra desarmada. “Me parece que, a cada paso que van dando los morenistas y el oficialismo, será más difícil detener esto. Es complicado, la prisa con la que los Congresos locales se han dado a aprobarla no tiene precedentes… no sabemos hasta donde podrá llegar la ‘rebelión’ del Poder Judicial. La oposición parece desarmada, creo que se pasmó en 2018 y sigue pasmada… creo que tendrá que venir una resistencia por parte del propio Poder Judicial y de la ciudadanía”, asevera.
Sobre dicha posibilidad, Arturo Espinosa, también director de Strategia Electoral, no se muestra optimista.
La ciudadanía podría intentar con el amparo, lo cual también está cuesta arriba, porque tendría que alegar vicios al procedimiento legislativo y se tendría que reconocer que, vía amparo, se puede impugnar una reforma constitucional por vicios al procedimiento, lo cual, hasta donde he estudiado, no tengo conocimiento de que pueda pasar”./CONGRESO-PUNTOporPUNTO
Recibe nuestro boletín informativo, suscríbete usando el formulario
