El INE plantea cancelar candidaturas a aspirantes al Poder Judicial que tengan sentencias firmes por algún delito, y se hayan colado en las listas.
Sin embargo, ante el poco tiempo y la falta de recursos, el organismo plantea poner lupa únicamente a los candidatos que sean denunciados por la ciudadanía u organizaciones de la sociedad civil.
- La legislación establece que una persona no podrá ser registrada como candidata a cualquier cargo de elección popular si está considerada como «prófugo de la justicia, desde que se dicte la orden de aprehensión hasta que prescriba la acción penal».
- Así como por tener sentencia ejecutoria que imponga como pena quitar la candidatura, o por ser declarado deudor alimentario.
- Además de tener sentencia firme por delitos contra la vida, integridad corporal o sexuales y violencia familiar, doméstica o política contra las mujeres.
- La Comisión de Igualdad del INE aprobó la creación de un Grupo Interdisciplinario, integrado por diversas áreas, para revisar las denuncias contra aspirantes por estar en dichos supuestos.
De ser aprobado esta misma semana por el Consejo General, el Instituto abrirá un micrositio en su página de internet para recibir denuncias, las cuales también podrán entregarse físicamente en oficinas del organismo en todo el País.
Se argumenta que la reforma judicial quitó al INE la facultad de revisar los requisitos de elegibilidad de los candidatos antes de su designación, como sucede en elecciones normales, y la dejó en manos de los comités de evaluación que seleccionaron a los contendientes.
Sin embargo, al organismo le compete la calificación de la elección, y en esa etapa puede verificar que los ganadores no caigan en esos supuestos.
«Los comités de evaluación intervinieron y no lo hicieron, el tiempo del que disponemos y los recursos son muy cortos, este es el trabajo operativo que nos podría llevar a hacer una revisión, sobre todo en aquellos casos donde haya un cuestionamiento», afirmó la consejera Claudia Zavala.
Indicó que en redes sociales se han hecho denuncias para que el Instituto ponga «atención» en algunos perfiles, por lo que pidió a los ciudadanos y organizaciones formalizar su queja ante el organismo.
La presidenta del INE, Guadalupe Taddei, envió un escrito a la Comisión en el que advertía que en este proceso electoral dichos supuestos no aplican.
«La Constitución habla de todos los cargos de elección popular y estos ahora son cargos de elección popular», argumentó Zavala para rechazar la observación de la sonorense.
El proceso
Las organizaciones y ciudadanos deberán entregar a más tardar el 12 de mayo las denuncias contra el candidato.
Deberán informar qué sentencias firmes tienen los aspirantes, y, de ser posible, las pruebas.
- El organismo abrirá expedientes y las resoluciones deberán ser aprobadas por el Consejo General el 31 de mayo, un día antes de la elección.
- En procesos electorales anteriores, todos los candidatos tienen la obligación de entregar un documento en el que «declara de buena fe y bajo protesta de decir verdad» que no se encuentra en alguno de los supuestos.
- Sin embargo, en esta elección el INE carece de dicho documento, por lo que pedirá a los 3 mil 422 candidatos entregarlo antes del 12 de mayo, así como una constancia de no ser deudor alimentario.
- «En caso de que esta autoridad tuviere conocimiento de que alguna persona candidata incurrió en falsedad de declaraciones se dará vista a las autoridades correspondientes», indica el acuerdo./CONGRESO-PUNTOporPUNTO
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