Actores políticos, así como fundaciones promueven pruebas rápidas de COVID y aunque aseguran ofrecerlas a precios bajos con el fin de “ayudar a la economía familiar”, donde se corroboró precios inflados o por arriba del precio promedio en el mercado.
En la propaganda, utilizan el actual logotipo de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados y el nombre de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).
Los precios inflados o por arriba del precio promedio en el mercado: presumen rebajas de mil a 699 pesos, aunque este reportero presupuestó los mismos reactivos hasta en 390 pesos.
- Detrás de la publicidad y empleo comunitario se logró identificar a diputados federales como Anilú Ingram Vallinas, legisladora del PRI por Veracruz, así como a cuatro Fundaciones: Adopta un Médico, Andrade, Cura y Corazón por México.
- Apenas el viernes pasado el subsecretario de Salud Hugo López-Gatell reveló a Crónica el rechazo de la dependencia federal a estas pruebas, las cuales funcionan con el depósito de una gota de sangre en tiras reactivas -similar a las rápidas de embarazo- y cuyo objetivo es detectar la presencia de anticuerpos (es decir, que se ha estado expuesto al virus y no que se está enfermo de COVID-19).
“Tienen baja capacidad para distinguir quién tuvo exposición previa al virus y quién no la tuvo. La Secretaría no las recomienda, se han querido interpretar como garantía de inmunidad, se ha utilizado la expresión ´pasaporte inmunitario´ y esto es un error”, dijo el funcionario, quien tampoco avaló su empleo por parte de empresas en busca de reanudar operaciones comerciales:
“Inducen un riesgo por el hecho de suponer que las personas que tienen pruebas positivas ya no van a tener infección”.
- Este diario también documentó diversas irregularidades en la importación y comercialización de estas pruebas, las cuales apuntan al contrabando o tráfico ilegal, pues son vendidas sin factura ni coincidencia con las autorizadas por Cofepris, vía intermediarios o negociadores en la Administración General de Aduanas.
- La campaña de aplicación, con el patrocinio legislativo y el distintivo de la Cámara baja, arrancó hace unos días en la Ciudad de México; el pasado fin de semana se desarrolló en Veracruz y, conforme a la estrategia de las fundaciones, llegará a otras entidades de la República.
- En la publicidad, la cual circuló de manera impresa y en redes sociales, aparece el nombre de la Fundación Adopta un Médico: ésta, surgió durante la pandemia con el propósito de recaudar donativos y respaldar a personal médico “ante las carencias de equipo y material de protección”.
“Prueba rápida SARS-CoV-2 IgG, aprobaba por Cofepris”, es el eslogan; se anuncia la presencia de médicos traídos desde la Ciudad de México para la aplicación y hasta se promete la entrega de un certificado médico, aunque se omiten detalles de quien lo expide.
Tampoco se precisa el nombre específico de la prueba, ni el del fabricante o número de autorización sanitaria.
Como “patrocinadora” se exhibe el nombre de la diputada federal Anilú Ingram, en cuyas redes sociales se muestran fotografías de personas beneficiadas con las jornadas realizadas hasta ahora, bajo el hashtag “Pruebas en Veracruz”.
“Josué, es taxista, así que por su trabajo está en constante contacto con gente. Para él y sus pasajeros es vital tener la seguridad de estar libre de #COVID__19, así evitamos contagios y muertes”, se lee en uno de los casos.
“Marian vive con su hijo y su abuelita, que es grupo de riesgo, por su trabajo, sabe que debe extremar precauciones para evitar contagiar a los que más quiere. Salió negativa su prueba, ya cuenta con la tranquilidad de estar sana y no contagiar. Para eso sirven estas jornadas”, se describe en otro.
“Graciela trabaja en una funeraria, por lo que está muy consciente de la realidad que hoy vivimos. Nos recomienda no bajar la guardia y seguir cuidándonos, así salvamos vidas. Afortunadamente, ella está sana y libre de #COVID”, se narra en una más de las historias.
Sin embargo, la campaña provocó alerta entre médicos y autoridades sanitarias en el estado, así como entre especialistas en el ramo.
- “Es jugar con la salud de las personas, por el riesgo que ha mencionado la Secretaría de Salud. A río revuelto, ganancia de pescadores. Ni siquiera dicen cuál es el nombre del fabricante de la prueba o la marca. Tampoco aclarar dónde y a quién se las compraron”, señala el biotecnólogo Dante Torres, consultor en temas de salud en la entidad e integrante del Frente Nacional de Químicos Profesionales de la SS.
“¿Por qué se utiliza en la propaganda el emblema de la Cámara de Diputados?, ¿acaso la mesa directiva avala estas pruebas? No está dentro de sus funciones ni forma parte del Consejo General de Salubridad. Se ofrece la expedición de un certificado, ¿los diputados se responsabilizan del diagnóstico de una persona y de las consecuencias que un falso negativo o falso positivo pudiera traer en la vida de la persona y en la de sus familiares?”.
Según Torres, la mención de Cofepris en los anuncios “busca imprimir un antecedente de legalidad, pero la Comisión ni siquiera tiene facultades para respaldar abiertamente la comercialización de un producto de salud. En el fondo, hay un interés político por contravenir los lineamientos de las autoridades del sector y, en el centro del jaloneo irresponsable, como siempre, está la ciudadanía”/LA CRONICA-PUNTOporPUNTO
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