La Fiscalía encargada de perseguir y sancionar los delitos electorales en el país ha probado ser buena para acumular carpetas de investigación, pero cuando se trata de consignar responsables, su labor ha sido fuertemente criticada ante la falta de resultados de cara al 1 de julio
La justicia en materia de delitos electorales cometidos en el país enfrenta una evidente falta de efectividad en su labor de dar solución a las denuncias que se presentan de cara a las elecciones más grandes de la historia de México.
- Según datos del quinto informe de actividades de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), el organismo contaba en junio del año pasado con 3 mil 580 averiguaciones previas en curso, incluyendo las del primer semestre de 2017 y el rezago acumulado desde 2014.
- De esos 3 mil 580 asuntos, el año pasado, la Fepade sólo obtuvo 542 consignaciones, lo que representa el 15 por ciento; 50 sentencias condenatorias, lo que no equivale ni al 2 por ciento del total, y logró 167 órdenes de aprehensión de un juez que significan sólo el 5 por ciento
- Durante la primera mitad del año pasado, en 443 averiguaciones se dictó el no ejercicio de la acción penal, 44 casos se reservaron y en 16 se declaró incompetencia. Además la Fepade acarrea un rezago anual en promedio de 3 mil 800 asuntos sin resolver desde el año 2014 y hasta el 2016
“Vemos que las denuncias vienen en aumento y que se intensifica la cantidad durante los años de elecciones federales. Pero no sólo eso, sino que más de la mitad de esos expedientes terminan o desechados o no llegan a la última instancia por alguna razón”, explica Ximena Mata Zenteno, consultora de Integralia Consultores.
Es común ver que en meses o en años posteriores a elecciones la Fepade concluya expedientes, asegura Mario Campos Cortés, experto en temas de comunicación política y académico de la Universidad Iberoamericana.
“El tema de la impunidad en materia electoral es uno de los grandes pendientes. Así como hemos avanzado en cuestiones como la organización de los debates, tenemos que reconocer que en lo que se refiere al castigo de los delitos electorales todavía hay mucho que hacer”
Entre los casos más recientes que la Fepade se ha visto obligada a investigar se encuentra el de las llamadas contra el candidato Andrés Manuel López Obrador, y en las cuales, hasta se ha utilizado la voz del historiador y escritor Enrique Krauze sin su autorización. Hecho que llevó al intelectual a interponer su denuncia.
Fepade sin dientes
Con tal de ganar los comicios, los partidos políticos, candidatos o ciudadanos que sirven de apoyo electoral, buscan por todos los medios convencer a la gente de votar a su favor, aunque ello implique violar las leyes e incluso hacerse acreedores a un castigo.
- La Ley General en Materia de Delitos Electorales (LGMDE) contempla castigos por delitos como la compra del voto, el condicionamiento de programas sociales o por dar aportaciones de dinero o en especie para apoyar a un candidato que van de 6 meses hasta 15 años de prisión y sanciones económicas que oscilan de 50 hasta 5 mil días de multa por Unidad de Medida (UMA), en donde una unidad equivale a 80 pesos.
La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales ha hecho su labor en lo que a investigar se refiere, sin embargo, cuando se trata de aplicar castigos, su trabajo ha dejado mucho que desear. No obstante, al no existir una eficiente acción de justicia en las demandas, se motiva a que se sigan cometiendo ilícitos, sobre todo por parte de los partidos políticos, afirma Ximena Mata Zenteno, consultora de Integralia Consultores.
- “El problema es que las multas funcionan como una especie de cuota que los partidos están dispuestos a pagar. Les conviene cometer la falta, pagar la multa, pero asegurar el triunfo de la elección. No les representa gran cosa pagar el 4 por ciento de su financiamiento público que además ni siquiera lo pagan, sino que lo dejan de recibir, entonces tampoco es algo que deban reembolsar”
- Los delitos considerados más relevantes por su impacto, al menos en las elecciones a gobernador realizadas entre el 2016 y el 2017, fueron el condicionamiento del voto mediante programas sociales, el turismo electoral y las conductas delictivas en el financiamiento de campañas, según el estudio “Dinero bajo la mesa” elaborado por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad e Integralia Consultores.
En la investigación se detalla que el condicionamiento del voto con respecto a la entrega de apoyos mediante programas sociales entre el periodo señalado se dio en mayor medida en las zonas más marginadas del país.
El estudio también revela que existe una correlación entre el ilícito de condicionar los programas sociales a cambio de votos y la pobreza de algunas comunidades, ya que en las seis entidades más marginadas del país son en las que se presentaron cifras más altas de este delito.
Para el extitular de la Fepade, Santiago Nieto Castillo, las penas no son suficientes para contener los actos ilegales durante los procesos electorales. “Sí las penas son muy bajas los delitos que son cometidos por cualquier ciudadano, los cuales se castigan con penas de 6 meses a 3 años de prisión y con multas económicas de 50 a 100 Unidades de Medida, hacen que en ocasiones se den sólo sanciones menores.
Yo considero, y así se planteó en su momento, que los casos relativos a actos de corrupción de servidores públicos, cuando se cometan a través de una red de corrupción de funcionarios, tendría que ser considerado como grave y ameritar prisión preventiva oficiosa. Creo que en esa medida podríamos generar que los partidos políticos, los candidatos y los servidores públicos no cometan delitos electorales”, apunta Nieto Castillo.
En contraste con la idea de que el hacer más severas las penas pueden disminuir los delitos electorales, Mario Campos reflexiona que hay que resistir la tentación de aumentar los castigos e insiste que el problema es la impunidad.
“A veces pensamos que la promesa de un mayor castigo va a ser suficiente para disuadir que se realice una conducta, cuando en la realidad lo que inhibe la comisión de un delito no es el tamaño de la sentencia, sino la certeza de que va a haber un castigo. Mientras exista impunidad, no importa qué tanto agreguemos al castigo, porque la posibilidad de que no te toque es tan alta que vale la pena correr el riesgo ante lo que puedes ganar”, expresa Campos.
Llamadas Anti- AMLO
A principios del mes de junio en redes sociales y medios de comunicación comenzó a circular la información de que miles de ciudadanos estaban recibiendo llamadas con señalamientos en contra del candidato a la presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador.
Tras el amplio número de denuncias públicas por parte de la ciudadanía, el 7 de junio la Fepade y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), lanzaron un comunicado en conjunto en el que exhortaron a quienes recibieran llamadas con mensajes en contra de algún candidato a que lo dieran a conocer ante las autoridades correspondientes.
- La denuncia sería, según el comunicado, por concepto de “uso de datos personales con fines proselitistas a favor o en contra de los candidatos a la presidencia de la República, así como cualquier acto que viole la norma electoral”.
- La Fepade aseguró que ya se encuentra investigando las llamadas contra el abanderado presidencial de Morena. Un día después de haberse lanzado el comunicado, el titular de la Fepade, Héctor Díaz Santana, dijo en una entrevista radiofónica que la Fiscalía ya se encontraba realizando las investigaciones en torno a las llamadas.
- Díaz Santana explicó también que el delito electoral estipulado por el INAI y la Fepade no es considerado “grave” y por lo tanto, la pena que amerita es de una multa o la prisión de seis meses a tres años.
La violación a la LGMDE correspondiente a la acción de hacer llamadas para afectar a un candidato se encuentra estipulada en la fracción VII del artículo 7, la cual señala que quien “solicite votos por paga, promesa de dinero u otra contraprestación, o bien mediante violencia o amenaza presione a otro a asistir a eventos proselitistas o a votar o abstenerse de votar por un candidato, partido político o coalición”, será acreedor a una multa de 50 a 100 días de multa, lo que equivale a un pago de entre cuatro y ocho mil pesos, o penas de seis a tres años en prisión.
- Hace dos días, el historiador Enrique Krauze, dio a conocer que para algunas de estas llamadas se estaba utilizando su voz sin su autorización, por lo que informó a las autoridades al respecto e interpuso una denuncia ante la Fepade para que se atendiera el caso
- En su cuenta de Twitter el escritor publicó un mensaje en donde dijo que repudia la utilización de su voz para enviar este tipo de mensajes. “Repudio la utilización de mi voz y la edición arbitraria de un mensaje en la despreciable campaña telefónica. NUNCA lo autoricé”.
- Uno de los casos más recientes donde se han presentado decenas de denuncias ante la Fepade es por las llamadas vía celular que cientos de ciudadanos recibieron para tratar de disuadirlos de votar por el candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador
Al respecto, la Fepade informó que ya investiga las denuncias por las llamadas que se reciben en los teléfonos celulares en las que se ataca al candidato Obrador. El Instituto Nacional Electoral también ha hecho lo propio y llamó a la ciudadanía a comunicarse con la Fepade si piensan que las llamadas atentan contra su libertad de sufragio./ CON INFORMACIÓN DE REPORTE INDIGO
Reportaje Completo en el Enlace:
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