Con la resistencia de algunas diputadas y diputados del PT, el pleno de la Cámara de Diputados avaló la llamada “3de3 contra la violencia”, para suspender los derechos para ocupar cargo, empleo o comisión del servicio público a personas agresoras, con sentencia firme, así como aquellas deudoras de pensión alimenticia.
- El dictamen, aprobado con 455 votos a favor, 0 en contra y 25 abstenciones, que reforma y adiciona los artículos 38 y 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pasó al Senado de la República, para sus efectos constitucionales.
Esta nueva norma establece que los ciudadanos que cuenten con una sentencia firme por la comisión intencional de delitos contra la vida y la integridad corporal; contra la libertad y seguridad sexuales, el normal desarrollo psicosexual; por violencia familiar, violencia familiar equiparada o doméstica, violación a la intimidad sexual.
- Por violencia política contra las mujeres en razón de género, en cualquiera de sus modalidades y tipos y por ser declarada como persona deudora alimentaria morosa, no podrá ser registrada como candidata para cualquier cargo de elección popular, ni ser nombrada para empleo, cargo o comisión en el servicio público.
Para la anterior, la ley fijará los casos en que se pierden, y los demás en que se suspenden los derechos del ciudadano, y la manera de hacer la rehabilitación.
- Durante la discusión de este dictamen, impulsado por diputadas de todos los partidos políticos de San Lázaro a través de un Grupo Plural, la diputada Aleida Alavez Ruiz (Morena) aclaró que el objetivo de esta iniciativa plural es avanzar en los derechos de las mujeres y de sus hijas e hijos, ya que, dijo, “no es posible ni siquiera imaginable pensar que la misma persona que violó, agredió sexualmente, atacó a una mujer o incumplió con su obligación alimentaria con su familia sea partícipe de la toma de decisiones o de las operaciones en las instituciones de este país”.
“El mensaje es cero tolerancia a la violencia de género… Aclaramos, esta reforma no es punitiva ni vulnera derechos de nadie, ya que solo limita el acceso a los cargos públicos y de poder a quien esté sancionado con sentencia firme.
Este es un mensaje social muy claro, ninguna persona agresora tendrá cabida ni espacio en este ni en ningún otro gobierno. Ninguna persona agresora o deudora alimentaria morosa podrá percibir ingresos del erario público, porque nuestros impuestos no pueden ser destinados a cubrir los gastos de quienes atentan contra la integridad y la vida de las mujeres y de las infancias”, subrayó.
Cabe señalar que momentos antes, el diputado Gerardo Fernández Noroña (PT) presentó una moción suspensiva al asegurar que este dictamen, al igual que las medidas que se han tomado con anterioridad “no han movido un milímetro la violencia en contra de las mujeres, no han ayudado en nada en generar más conciencia, erradicar, generar condiciones de igualdad”.
- El diputado del PT consideró que esta reforma le sirve sólo a un sector de la población pero no al pueblo, ya que, dijo, las mujeres van a seguir siendo víctimas de esa violencia. Además de subrayar que viola derechos humanos “que se meten en un solo saco y en el mismo costal conductas de lo más diversos y con los más diferentes niveles de gravedad”.
Por ello, pidió retirar el dictamen a discusión. “Esta iniciativa no va a mover un milímetro la violencia en contra de las mujeres…Van a seguir siendo víctimas de esa violencia. Y sí se va a utilizar perversamente, como se ha utilizado hasta la fecha, para sacar de toda actividad política a compañeros y a compañeras”, recalcó.
En tanto, por la misma bancada, la diputada Lilia Aguilar Gil, destacó que esta reforma es avanzada y el hecho de que no lleguen agresores a espacios públicos, por lo que cuestionó a quienes están en contra de la reforma desde el miedo y la ignorancia, ya que reiteró que el hecho de que los violentadores no lleguen a espacios públicos implica el avance en el respeto de los derechos de las mujeres./CONGRESO-PUNTOporPUNTO