La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó una reforma que devuelve el estatus de «empresas productivas del Estado» a CFE y a Pemex y establece que las empresas privadas, «en ningún caso», prevalecerán sobre la estatal en las diversas actividades de la industria eléctrica.
- Esta reforma constitucional fue propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador, la cual también elimina el concepto de “empresas productivas” del Estado por “empresas públicas”, con especial relevancia la CFE.
- En la propuesta del mandatario se argumenta que este cambio se debe que las “empresas públicas” es un concepto de “corte neoliberal”, lo cual desnaturaliza al obligación del Estado de garantizar el servicio público de electricidad convirtiéndola en una empresa que no se diferencia de una privada.
Asimismo, se excluye que estas empresas del Estado se guíen por el concepto de “mejores prácticas”, ya que se considera que también deriva de una definición neoliberal, donde se refiere a un gobierno corporativo que se constituye por acciones e inversionistas y no a una “empresa pública”.
Además, reforma el artículo 27 constitucional para agregar un párrafo en el que se establece que las leyes determinarán la forma en que los particulares podrán participar en las actividades de la industria eléctrica, que, enfatiza, en ningún caso tendrá prevalencia estas inversiones sobre la empresa pública, “cuya esencia es cumplir con la responsabilidad social y garantizar la continuidad y accesibilidad del servicio público de electricidad”.
Lo anterior significa que la Comisión Federal de Electricidad tendrá un papel preponderante en la previsión del servicio público de electricidad.
Asimismo, se agrega que “el servicio de Internet que provea el Estado” al listado de áreas estratégicas que no constituirá monopolios, como pasa con áreas, como correos, telégrafos y generación de energía nuclear, y se agrega que los objetivos de estas actividades “serán preservar la seguridad y autosuficiencia energética de la nación y proveer al pueblo de la electricidad al menor precio posible, evitando el lucro para garantizar la seguridad nacional y soberanía a través de la empresa pública del Estado que se establezca”.
Ante ello, el diputado panista Miguel Rodarte pidió a los diputados de Morena que se analice bien la modificación constitucional porque la manera en como está redactada da a entender que el Internet es un servicio exclusivo del Estado, con lo que se hace a un lado el servicio privado.
“Lo que estamos haciendo en términos constitucionales es establecer que solamente el Estado puede otorgar el servicio de Internet, con lo cual estamos echando para atrás todo el servicio que se otorga de manera privada. Tenemos que ser cuidadosos, porque lo estamos convirtiendo en una área estratégica y estableciendo que no constituye monopolio, donde se entiende que exclusivo del estado la realización de esa actividad”, dijo.
El panista Héctor Saúl Téllez señaló que con estas reformas se renuncia a “la modernización” de la energía eléctrica, porque con estas modificaciones, dijo, inhibe la participación del sector privado al no crear escenario favorable para asegurar su inversión.
- Mencionó que se debe dejar bajo un esquema estatista donde el Estado es el único que suministra la energía eléctrica.
“Ante las ineficiencias y carencias es cuando entra el complemento de apoyo de la iniciativa privada al servicio e debe brindar el Estado. No podemos condenar con este tipo de iniciativas a la administración de los escases eléctrica, porque México está perdiendo de atraer inversiones”, declaró.
En caso contrario, el diputado morenista Juan Ramiro Robledo comentó que hay dos posiciones encontradas: unos que están a favor de la empresa privada y otros, del público, pues dijo que no pueden deslindarse los argumentos ideológicos, ya que corresponde a dos visiones de Estado.
“Este es un pequeño paso (con la reforma) que recobra la rectoría del Estado de manera plena, no solo la regulatoria, que es como se concibe desde el punto de vista del liberalismo económico estas diferencias sobre la gestión que debe haber en un Estado nacional como México”, comentó./CONGRESO-PUNTOporPUNTO