La consulta popular fue un ejercicio del presidente Andrés Manuel López Obrador para conocer su capacidad de voto con miras al próximo año, que se prevé la revocación de mandato; además de que la pregunta no tenía sentido ni se argumentó la trascendencia de ésta, coincidieron expertos.
- “Está midiendo qué tanta participación ciudadana puede haber en este tipo de ejercicios; me parece que es una prueba para el Presidente, es un hombre muy inteligente (y) astuto que sabe medir bien todos sus movimientos”, expuso Edgar Ortiz Arellano, académico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
- Para poder realizar la consulta de revocación de mandato el próximo año, el coordinador de la bancada de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, propuso una iniciativa de ley para establecer las reglas del proceso en la que plantea que sea el INE el ente que organice, desarrolle y lleve a cabo el cómputo de la votación.
Establece además que el proceso de revocación solamente procederá a petición de los ciudadanos con, al menos, 3% de las personas inscritas en la lista nominal de electores.
- Gustavo López Montiel, profesor de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Tecnológico de Monterrey, coincidió en que la consulta forma parte de una serie de temas que el mandatario tiene en su agenda con miras a la revocación de mandato.
“(López Obrador) tiene un conjunto de temas que se van hilando y el siguiente es la revocación de mandato, entonces tiene puestas varias partes de esa cadena”, externó en entrevista.
LA PRIMERA DE MUCHAS
Respecto a la importancia de la consulta popular, especialistas resaltaron que jamás se argumentó su trascendencia, y en cambio se pervierte una herramienta real de democracia participativa.
- El especialista en derecho electoral en la Facultad de Derecho de La Salle, Bernardino Esparza puntualizó que el ejercicio será el principio de la formalidad legal de las consultas populares al estar organizada por el Instituto Nacional Electoral (INE).
- Sin embargo, cuestionó que según la ley, los legisladores deben de calificar si ésta es de trascendencia nacional o si corresponden al ámbito regional, y “yo aquí tengo una grande duda. Yo supongo que de trascendencia nacional deberían ser los temas de salud pública y sería interesante preguntar si queremos que se decrete una restricción de nuestras libertades”.
“El tema de la educación, qué tipo de reforma quisiéramos, son temas en los que nos pueden preguntar y ayudemos al gobierno a tomar decisiones”, expresó el experto.
Sin embargo, recordó, no se presentó de parte de los legisladores un argumento contundente que establezca que el objeto de la consulta popular tuviera esa importancia para el país.
- En este sentido, el exconsejero electoral del IFE y profesor de la Escuela de Ciencias Sociales del Tec de Monterrey, Arturo Sánchez, consideró que la pregunta que realizada no tiene sentido alguno y se está politizando un instrumento de participación ciudadana.
- “El origen de la consulta era preguntar sobre enjuiciar a los expresidentes, esa era una pregunta absurda, mal intencionada y con vocación revanchista del Presidente de la República”, sostuvo.
- Sin embargo, continuó, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al determinar que la pregunta era anticonstitucional debió terminar ahí el asunto, pero en su lugar reformuló el cuestionamiento y ahora “sí cabe en la Constitución, pero no tiene sentido”.
- “Se está malversando una fórmula que podría ser muy positiva y que una consulta de ese tipo no tiene el menor sentido y lo que suena un poco es que obedece a un capricho presidencial, más que a otra cosa”, expresó el experto.
Línea con la que coincidió Ortiz Arellano, quien calificó de innecesario el ejercicio debido a que la ley no está a discusión: “Si hubo alguien que cometió algún tipo de delito tiene que ser juzgado conforme lo marcan nuestras leyes”./CONGRESO-PUNTOporPUNTO
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