El Congreso capitalino, en su tercer año de la II Legislatura, aprobó un dictamen, emitido por la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, que adicionó diversas disposiciones al Código Penal para el Distrito Federal en materia de combate a la corrupción inmobiliaria.
- En su momento, el diputado José Octavio Rivero Villaseñor, presidente de la comisión, expresó que se pretende evitar que en el futuro se vuelvan a presentar casos de corrupción inmobiliaria cometidos desde las oficinas de las alcaldías y en general de cualquier oficina gubernamental involucrada con la política inmobiliaria de la ciudad.
El texto aprobado refiere que comete el delito de corrupción inmobiliaria el servidor público que por acción u omisión permita o tolere la construcción de inmuebles o la edificación de pisos adicionales a los autorizados, sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley.
Por las conductas descritas, se impondrá una pena de 10 a 20años de prisión, con independencia de otras sanciones que procedan por la comisión de otro tipo de delitos.
- La pena establecida se incrementará en una mitad cuando las conductas produzcan beneficios económicos, ya sea en efectivo o en especie, al propio servidor público, su cónyuge, descendientes o ascendientes, parientes por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado, concubina o concubinario, pareja permanente, adoptante o adoptado, a cualquier tercero con el que tenga vínculos afectivos, económicos o de dependencia administrativa directa, o a socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen parte.
Así, esta reforma tiene el objetivo de disuadir el surgimiento de organizaciones dedicadas a la corrupción inmobiliaria, así como impulsar el derecho fundamental de las personas a contar con un lugar donde vivir segura y dignamente./CONGRESO-PUNTOporPUNTO
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