La llamada ley 3 de 3 que tendría que entrar en vigor el próximo 31 de agosto de este 2024, ya no será validad en la Ciudad de México sino hasta dentro de 6 años, es decir, hasta 2030, luego que los diputados salientes del Congreso local aprobaran su prorroga arguyendo necesidades de planificación y presupuesto eficientes.
- La prórroga aprobada por la mayoría de diputados en el Congreso de la Ciudad de México, a escasos días de terminar su periodo legislativo, fue cuestionada por la diputada del PRD, Polimnia Romana Sierra Bárcena, quien acusó que al posponer la entrada en vigor de la ley 3 de 3 se busca proteger a los “deudores alimentarios que laboran en el Gobierno” de la ciudad.
“¿Cuál es la agenda oculta para proponer que todo lo que tenga que ver con relaciones laborales se difiera hasta el año 2030? ¿A quién intentan proteger para que a pesar de haber sido sentenciado por violencia de género o por ser deudor alimentario, pueda ocupar un cargo en el gobierno?” cuestionó la diputada.
Y agregó que está decisión no tendría que responder a una línea partidaria o gubernamental, por lo que llamó a las diputadas de todos los partidos a mantenerse “en sororidad ante esta decisión que pretenden imponerles”.
¿Qué es la ley 3 de 3?
La ley 3 de 3, aprobada por el Congreso de la Ciudad de México hace 9 meses está dirigida a impedir que ningún violentador, deudor alimentario o acosador sexual, pueda ocupar algún cargo público de elección popular o ser funcionario en los tres órdenes de gobierno.
Específicamente, los legisladores aprobaron modificaciones al numeral 11 al artículo 10, apartado C, de la Constitución de la Ciudad de México, el cual dice:
“Ninguna persona que se encuentre en los siguientes supuestos podrá ejercer un empleo, cargo o comisión en el servicio público, ni podrá registrarse como candidata a cargos de elección popular:
a) Cuente con sentencia firme por la comisión intencional de delitos contra la vida y la integridad corporal; contra la libertad y seguridad sexual, el normal desarrollo psicosexual;
b) Cuente con sentencia firme por delitos de violencia familiar, violencia familiar equiparada o doméstica, violación a la intimidad sexual; por violencia política contra las mujeres en razón de género, en cualquiera de sus modalidades y tipos, o
c) Se encuentre inscrita en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, a menos que acredite estar al corriente del pago, cancele esa deuda o se tramite el descuento correspondiente”.
¿Por qué se pospuso la ley 3 de 3 en la CDMX?
La ley 3 de 3 que tendría que entrar en vigor el 31 de agosto fue pospuesta a partir de un proyecto propuesto por el diputado y alcalde electo de Magdalena Contreras, Fernando Mercado Guaida, el día 23 de agosto de 2024.
- Según la propuesta del Mercado Guaida, aplazar la entrada en vigor de la ley que impide que los deudores alimentarios, violentadores y acosadores sentenciados accedan a cargos de elección popular y puestos públicos en el Gobierno es “garantizar los derechos de las personas trabajadoras en las instituciones públicas de la Ciudad de México”.
- Incluso afirmó que la entrada en vigor de esta ley “debe hacerse con congruencia y sostenibilidad de las finanzas públicas, para también, garantizar todos los demás derechos de las personas que habitan y transitan en la capital del país”.
Y es que según él, la entrada en vigor de la ley “requiere una planeación y presupuestación eficiente en la que haya congruencia y sostenibilidad de las finanzas públicas”, con las cuales hoy en día no se cuenta.
Por ello propone que la implementación de la ley se lleve a cabo de forma progresiva para garantizar los derechos de todas las personas reconocidos por la Constitución. Lo cual requiere de medidas administrativas (planeación y presupuestación) y medidas legislativas (atender la reforma que se propone).
Al aplazar la entrada en vigor de la ley 3 de 3, durante la administración de Clara Brugada, las personas sentenciadas por violencia familiar, acoso sexual o que sean deudores alimentarios, podrán seguir laborando para el Gobierno y postularse a cargos de elección popular./CONGRESO-PUNTOporPUNTO
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