Por unanimidad, la Comisión de Gobernación del Senado de la República decidió no avalar la Ley General de Operaciones de los Registros Civiles.
Esto, luego de reconocer que la entrega de datos biométricos por parte de la población a la Segob, medida incluida en la iniciativa, es un tema polémico y que despierta inquietud entre los mexicanos.
- Ayer, Excélsior adelantó que para la creación del Sistema Nacional de Registro de Identidad no se incluyen mecanismos de protección ni sanciones claras para quien haga mal uso de los biométricos.
- Tras reconocer que no están preparados para aprobar dicha ley, Graciela Gaitán, del Partido Verde, se pronunció por tener más tiempo para revisarla y pedir la postura del Inai y de los registros civiles, punto en el que coincidió el panista Damián Zepeda.
La morenista Mónica Fernández Balboa, presidenta de la Comisión, informó que la cita para aprobar la nueva ley derivó de una resolución de Martín Adolfo Santos, juez octavo de distrito en Materia Administrativa con sede en la CDMX, lo que motivó que el oficialismo lo criticara por considerar que se mete en el trabajo legislativo.
“Hay una queja formal en su contra, ante el Consejo de la Judicatura, por su actuar faccioso”, dijo.
- Los morenistas Rocío Abreu e Israel Zamora, así como la verdeecologista Graciela Gaitán, admitieron que el tema del uso de datos biométricos es polémico y despierta inquietud entre los ciudadanos.
“No estamos preparados para aprobar esta ley. Esta propuesta ha tenido muchas críticas por el requisito de los datos biométricos, debido a que se ha expresado que atenta contra los derechos humanos y, obviamente, estamos pasando por alto tantas iniciativas que tenemos en la Cámara de Senadores. Yo pienso que nos den más tiempo para poder revisarla y preguntarle al Inai y a los registros civiles a ver qué opinan”, expresó Graciela Gaitán.
- La verdeecologista respaldó la posición del panista Damián Zepeda, quien expresó que “de fondo, no estoy de acuerdo con algunos artículos de esta ley. Particularmente en relación con este sistema que se genera y la facultad que se le da a la Secretaría de Gobernación de poder administrar esta base de datos que contiene biométricos, que, de hecho, hace referencia a una Ley de Población, que no se han dado los cambios, que ahí se planteaba la CURP con fotografía y biométricos. Parecería que esta ley hace referencia a la otra ley que no está aprobada.
“Entonces, sí me parece que no estamos listos. Yo sí tengo una objeción, lo digo tal cual, con este registro. Me gustaría escuchar al Inai sobre el uso de datos biométricos. Me gustaría también escuchar o saber si ya consultaron a los registros civiles locales, porque si estamos haciendo una ley que coordina, que homologa, valdría la pena saber si ellos están de acuerdo con esto”, dijo Zepeda.
Pero el oficialismo aprovechó el tema para arremeter contra el Poder Judicial.
De último momento, la presidenta de la Comisión de Gobernación del Senado, la morenista Mónica Fernández Balboa, informó que la cita para aprobar la nueva ley fue motivada por una orden judicial emitida por el juez Martín Adolfo Santos Pérez. Eunice Romo, de Encuentro Social, dijo que no es posible que los jueces se metan a ordenar el trabajo del Poder Judicial. Graciela Gaitán respaldó que ya basta que los jueces se metan en estos temas
El panista Damián Zepeda les recordó que los jueces no se meten, sino que defienden a los ciudadanos.
- Mónica Fernández aseguró que “esta resolución la da el juez octavo de distrito, en materia administrativa en la Ciudad de México, Martín Adolfo Santos, quien ha sido varias veces señalado, y hay una queja formal en su contra, ante el Consejo de la Judicatura, por su actuar faccioso en las atribuciones de otros Poderes de la Unión.
- “Queja que, además, no se ha desahogado, está en el Consejo de la Judicatura, por eso nos ha llamado un poco la atención. Por eso está en litigio entre el Senado y con recurso de queja; fue precisamente este juzgado, con este juez, quien concedió la suspensión a Joaquín Guzmán Loera para evitar su extradición a Estados Unidos, fue quien ordenó el desbloqueo de cuentas bancarias de un exalcalde de la alcaldía Benito Juárez.
“Fue quien ordenó modificar el plan de vacunación contra covid en la etapa más crítica de la pandemia, porque lo calificó de simplista. Fue quien permitió que las tabacaleras se impusieran a la salud pública, autorizando la comercialización de cigarrillos electrónicos y el consumo de tabaco.
“Fue quien pretendió, también, suspender el plan de estudios piloto para preescolar, primaria y secundaria; fue también quien echó abajo la prohibición de incluir personajes infantiles en los empaques de los productos chatarra. Y estas quejas que están en el Consejo de la Judicatura desde agosto no se han resuelto”, dijo Fernández Balboa, quien resaltó que casos como el de este juez hacen necesaria la reforma al Poder Judicial./CONGRESO-PUNTOporPUNTO
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