La nueva Fiscalía General de la República (FGR), cuyo titular será designado en las próximas semanas por el Senado, deberá enfrentar su proceso de transición con un presupuesto menor al que tuvo la PGR, con casos importantes pendientes de resolver, como Odebrecht y Ayotzinapa, y con la exigencia de lograr autonomía respecto del Presidente.
Además, está pendiente que los legisladores de Morena y los funcionarios federales cumplan el compromiso que hicieron con colectivos y organizaciones de la sociedad civil de revisar la Ley Orgánica de la Fiscalía y otras leyes relacionadas con la procuración de justicia.
- El pasado 21 de diciembre, los colectivos #FiscalíaQueSirva y #VamosPorMás criticaron que, a pesar de que debe garantizarse un proceso de transición de la PGR a la FGR, en el proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación 2019 se planteó un recorte del 9 por ciento. Incluso se omitió etiquetar recursos para garantizar una transición entre la antigua PGR y la nueva Fiscalía.
- Aunque la Cámara de Diputados aprobó de último minuto asignarle 22.8 millones de pesos adicionales a la institución, su presupuesto para este año, que será de 15 mil 351 millones de pesos, tuvo una reducción del 5.4 por ciento respecto de los 16 mil 243 millones de 2018, además de que no se asignaron recursos al proceso de transición.
- Para los citadas organizaciones, las restricciones presupuestales para la nueva Fiscalía podrían derivar no sólo en carencias para el funcionamiento adecuado de la institución, sino en una falta de resultados. «Los colectivos insistieron en que los nombramientos son importantes, pero sin recursos suficientes podemos caer en la trampa de justificar la falta de resultados contra la impunidad con las restricciones presupuestales», indicaron en un comunicado.
A pesar de enfrentar una reducción de recursos, en la Ley Orgánica de la FGR se estableció en los artículos transitorios que su nuevo titular tendrá un año para definir la estrategia de transición, además de convocar a miembros de la sociedad civil, expertos y académicos a revisar el marco jurídico y constitucional de la dependencia.
Entre los temas que se deberán revisar como parte del denominado Plan Estratégico de Transición, está el de crear un servicio profesional de carrera, que contemple la capacitación de personal nuevo, la creación de un Centro de Formación, así como la elaboración de un Plan de Persecución Penal.
Esto surgió como parte de un compromiso de Morena y de la Secretaría de Gobernación con organizaciones de la sociedad civil, las cuales han externado su preocupación respecto al funcionamiento de la Fiscalía, específicamente en temas como el pase automático de funcionarios de la PGR a la FGR y la autonomía respecto del jefe del Ejecutivo.
Alfredo Lecona, activista integrante de #FiscalíaQueSirva, señaló que, aunque para ellos el proceso de designación del nuevo Fiscal ha sido una simulación, la autonomía y el funcionamiento adecuado de la Fiscalía van más allá del titular de la misma, ya que dependen del diseño institucional.
- Por ello, confió en que se cumpla el compromiso de revisar la Ley Orgánica y las otras leyes relacionadas con la procuración de justicia.
- «Hay un compromiso que hizo Morena, tanto los funcionarios como los legisladores, de que se revisarían las reformas pendientes, tanto de lo constitucional como de lo legal.
«Hay muchas cosas que trabajar que no necesariamente tienen que ver con la titularidad de la Fiscalía, sino de la legislación aplicable», dijo./MILENIO- PUNTOporPUNTO
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