En los últimos 12 años, sólo dos carpetas de investigación y averiguaciones previas se iniciaron, en promedio anual, en contra de jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación (PJF), principalmente por abuso de autoridad, enriquecimiento ilícito y operaciones con recursos de procedencia ilícita, de las cuales la mayoría sigue “en trámite”.
- En medio del debate por la reforma judicial que se aprobó en el Congreso de la Unión para poner fin a privilegios y purificar a este sector, que a decir del Presidente Andrés Manuel López Obrador “está podrido” en su totalidad, las sanciones contra los malos servidores públicos se encuentran en el limbo.
- El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) informó a La Razón, a través de una solicitud vía el Portal Nacional de Transparencia (PNT), que del 1 de enero del 2012 al 30 de junio del 2024 se iniciaron solamente 22 carpetas de investigación y averiguaciones previas en contra de jueces y magistrados, de las cuales ninguna ha llegado al final de su proceso.
De acuerdo con los datos, se abrieron 10 expedientes por los delitos contra la administración de la justicia y enriquecimiento ilícito; cinco sólo por enriquecimiento ilegal; tres más por hostigamiento sexual; dos por abuso de autoridad; uno por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, y otro por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.
La Dirección General de Asuntos Jurídicos del CJF señaló que, conforme a la información disponible, “se tiene que, de las averiguaciones previas y carpetas de investigación, en seis se determinó el no ejercicio de la acción penal y 16 se encuentran en trámite”.
- Para la integrante del CJF, Celia Maya, la realidad en nuestro país es que la población no está contenta con la justicia que se imparte, por lo cual se tuvieron que buscar otros mecanismos por parte del Presidente López Obrador para cambiar esta situación, con la elección de jueces, magistrados y ministros.
“Desde luego que, como en todo, hay gente que debe tener problemas. En el Consejo de la Judicatura hay quejas contra algunos jueces, secretarios, otros elementos del personal de los tribunales, pero no es un porcentaje que diga la mitad de todo el Poder Judicial está siendo acusado, pero sí, la percepción hacia afuera es que no hay la impartición de justicia que se requiere, y sobre todo, que no hay los resultados ni las respuestas en el tiempo que la gente necesitaría para resolver sus problemas”, admitió./CONGRESO-PUNTOporPUNTO
Recibe nuestro boletín informativo, suscríbete usando el formulario
