La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad la Ley Ingrid para sancionar hasta con 10 años de cárcel a servidores públicos que graben, reproduzcan, compartan, distribuyan o comercialicen material relacionado con una investigación penal, condiciones personales de una víctima o circunstancias de hecho.
- Se trata de un proyecto de reformas al artículo 225 del Código Penal Federal que busca evitar la “revictimización” y se impulsó tras la difusión de imágenes del feminicidio de Ingrid Escamilla, ocurrido en la Ciudad de México en febrero de 2020.
- Las sanciones aumentarían en caso de que el material que se difunda se refiera a mujeres, menores o personas con discapacidad.
- El dictamen se turnó al Senado de la República, donde continuará con su proceso legislativo.
- Legisladores de las distintas bancadas en la Cámara Baja coincidieron en la importancia de detener la difusión de material, particularmente imágenes y videos, de víctimas en redes sociales.
La reforma prevé una pena de cuatro a 10 años de prisión y multa de 100 a 150 días a quien “por cualquier medio y fuera de los supuestos autorizados por la ley, fotografíe, videograbe, audiograbe, entregue, comparta, revele, envíe, exponga, transmita, difunda, publique, distribuya, comercialice o intercambie imágenes, audios, videos, documentos o información reservada del lugar de los hechos, del hallazgo, o de cualquier material o información relacionada con la investigación penal de una víctima”./CONGRESO-PUNTOporPUNTO
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