La autonomía y la calidad de los juicios en favor de particulares afectados por resoluciones fiscales o administrativas ilícitas se encuentran en riesgo.
- Así lo advirtieron especialistas que esta semana acudieron a la Cámara de Diputados para analizar la reforma a la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) enviada por el Presidente de la República a finales de octubre.
- Sin nombrar a la potencial beneficiaria, hubo señalamientos críticos respecto a que la iniciativa hace uso faccioso de la paridad de género con el fin de perfilar la designación de una futura presidenta que provendría de una sala conformada por magistrados que en la ley vigente no pueden competir por ese cargo.
El relevo está previsto para el primero de enero, por lo que las modificaciones enviadas por Palacio Nacional tendrían que concretarse en la Cámara de Diputados y en el Senado antes del próximo 15 de diciembre, cuando concluye el actual periodo de sesiones.
En el sexto transitorio la propuesta plantea que el cambio del próximo titular deberá dar paso a la alternancia de género.
Adicionalmente, la reforma prevé que los integrantes de la Tercera Sala, especializada en asuntos anticorrupción, ahora sí podrán ser considerados para ese cargo.
“No creo que esta reforma deba pasar, porque viene con dedicatoria, para que se nombre a una presidenta y lo digo así, de manera específica, lo cual no es sano”, afirmó Miguel Ángel Rafael Vázquez Robles, investigador de la Facultad de Derecho de la UNAM.
- De acuerdo con el sistema de elección actual, una candidata natural a la presidencia del TFJA sería la magistrada Zulema Mosri, al frente de la Segunda Sección del Tribunal. Los cambios le abrirían el paso a la magistrada Natalia Téllez.
“Si bien es cierto se habla de equidad de género, también lo es que ninguno de los artículos modificados garantiza el debido cumplimiento de esta inserción o de esta inclusión de equidad de género (en todo el Tribunal”, recalcó Yubani Ramírez Amayo, vicepresidenta de la Academia Mexicana de Derecho Fiscal.
Representantes de colegios y barras de abogados y académicos alertaron que los cambios modificarían la naturaleza constitucional de esa Tercera Sala Especializada que se creó para fortalecer el Sistema Nacional Anticorrupción.
Peligra calidad de juicios
En la mesa de análisis de la iniciativa, convocada por las comisiones unidas de Justicia y la de Transparencia y Anticorrupción de San Lázaro, a fin de allegarse de elementos para una eventual dictaminación, se prendió la voz de alerta de que la reforma propuesta debilitaría tanto la calidad de los magistrados como la autonomía que el Tribunal tiene en sus resoluciones.
- Gil Alonso Zenteno García, de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, explicó que, de prosperar la iniciativa, “ahora el Ejecutivo federal va a justificar la idoneidad de las designaciones con simplemente presentar documentación que acredite el cumplimiento de los requisitos de la ley”.
- Esto implica que para la designación de futuros magistrados ya no se requeriría, como ahora, la obligación de hacer constar la trayectoria profesional y académica de las personas propuestas para que sean valoradas por el Senado de la República, según detalló el representante de la ANADE.
“Otro tema que llama mucho la atención es que se incluye en la iniciativa de ley, como nuevas causas para remoción del cargo de magistrados, causales muy ambiguas y muy subjetivas”, alertó Zenteno García.
Para el especialista en derecho fiscal, resulta preocupante que la reforma afecte el nivel de conocimiento y profesionalismo que deben tener los integrantes del Tribunal, al establecer que la especialización y la experiencia ya no contarían como requisitos.
División de poderes
“Podría ponerse en peligro la conformación de la Tercera Sección, con magistrados debidamente capacitados para llevar a cabo sus funciones”, afirmó la maestra Ramírez Amayo.
En representación de la Academia de la que es vicepresidenta, exhortó a los legisladores a realizar un estudio integral y normativo de la iniciativa que, lamentó, pone en tela de juicio la probidad, el trabajo y la función de los magistrados en el Tribunal.
“Además está poniendo en peligro el Estado de derecho y la división de poderes, y ésta se tiene que respetar”, remarcó Ramírez Amayo.
- Consideró la académica en derecho fiscal que la exposición de motivos de la iniciativa presidencial denota “cierto enojo, o al menos así lo advierto yo de manera muy subjetiva, de cara a algunos criterios que han asumido los órganos jurisdiccionales”.
- A la apertura de la mesa de trabajo en la Cámara de Diputados fue invitado el actual presidente del TFJA, Rafael Anzures Uribe, quien resaltó que cuenta con el menor índice de sentencias impugnadas a nivel mundial.
Como lo hicieron los ponentes, el magistrado resaltó la solidez del Tribunal creado hace 86 años por el presidente Lázaro Cárdenas.
“Se ha consolidado como una institución sólida, con autoridad moral, y ¿por qué digo autoridad moral? Porque del 100 por ciento de sus sentencias –que son a lo largo de 130, 140 mil anuales– por lo menos en los últimos 10 años, con la excepción y el paréntesis del 2020, por la pandemia, se impugnan alrededor del 48, 47%”, expuso el titular del TFJA.
- Anzures Uribe señaló que eso significa que en el 51 o en el 52% de las sentencias, las partes se quedan con ellas.
- Del porcentaje impugnado, “nos revocan entre un 7 y 11 por ciento”.
- Precisó el presidente del Tribunal que el año que más impugnaciones hubo la cifra fue de 11 por ciento. “Este año vamos en el 8.5% más o menos, ¿Qué quiere decir eso? Que, con el tamaño y el número de sentencias, y a nivel comparación con cualquier Tribunal de México y América Latina, y algunos de Europa, este Tribunal es el que menos porcentaje de revocación tiene.
“¿Qué quiere decir? Que la mayoría de las sentencias pasan la calidad técnica y no son revocadas. Por eso hablo de que tiene autoridad moral ante la sociedad representada en las partes de un juicio”.
Agradeció el magistrado presidente a los diputados de las comisiones que preside Felipe Fernando Macías, la de Justicia, y Juan Carlos Romero Hicks, la de Transparencia, “por la posibilidad de ser escuchados para que esta iniciativa, de prosperar, pueda tener las mejores visiones, para que no afecte la operación del Tribunal que ha sido muy prestigiosa en 86 años”.
Autonomía en riesgo
El presidente del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, Arturo Pueblita Fernández, recordó que el artículo 73 de la Constitución, en su fracción vigésimo novena inciso h, faculta al Congreso de la Unión para expedir la ley que instituya el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, dotado de plena autonomía, para dictar sus fallos.
“En mi opinión, el órgano del Estado que debe ser el responsable de instituir, de modificar y de regular el funcionamiento del Tribunal Federal de Justicia Administrativa es el Congreso de la Unión, y en ese sentido, iniciativas que provengan desde el Poder Ejecutivo deben ser siempre tomadas con mucho cuidado, cualquier tipo de reformas”, argumentó.
- Enfatizó el abogado que, además, en este caso, “hay que señalarlo: el Poder Ejecutivo es un poder público cuyos actos están sujetos a un análisis de legalidad en este tribunal”. Justamente por eso, recordó, en su evolución fue dotado de plena autonomía para la emisión de sus fallos.
- En el mismo sentido, el maestro Rafael Vázquez Robles puso énfasis en que el Tribunal desde sus orígenes se creó para organizar los servicios de justicia fiscal, a fin de proteger los derechos particulares lesionados por resoluciones ilícitas.
“Ésta es la naturaleza del Tribunal; es propiamente un defensor de los particulares, del pueblo desde luego, con los actos arbitrarios de autoridad”, comentó el investigador de la UNAM.
Alertó el académico de la Facultad de Derecho que no se puede prescindir de la calidad y de la trayectoria como requisitos de los integrantes de un Tribunal que, “a pesar de todo tipo de cambios en el país, debe prevalecer” como una de las instituciones que ha contribuido a la paz y a la certeza en la impartición de justicia./CONGRESO-PUNTOporPUNTO