Luego de documentar una de las elecciones más violentas de la historia en 2024, la organización Laboratorio Electoral advirtió que no hay garantías para blindar los comicios para elegir jueces, magistrados y ministros, previstos para junio de 2025 en la reforma del Poder Judicial.
- En su reporte final sobre el monitoreo de la violencia electoral 2023-2024, Laboratorio Electoral concluyó que la influencia del crimen organizado y la violencia incidieron principalmente a nivel municipal, donde se renovaron ayuntamientos y alcaldías de 30 entidades (todas, con excepción de Durango y Veracruz).
Esto, sumado a las tendencias de los estudios hechos en los procesos electorales 2015, 2018 y 2021, indica que hay un interés especial de los grupos criminales por controlar gobiernos a ese nivel territorial, lo que sienta un mal precedente de cara a una elección de jueces de distrito, magistraturas estatales y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
En el informe se concluye, además, que las medidas adoptadas en el reciente proceso electoral, como el protocolo instrumentado por el INE, resultaron insuficientes.
“Es un hecho latente, prácticamente incuestionable, de una intervención; de hecho, fue una de los riesgos que se advirtieron desde el análisis de la reforma judicial: cuál va a ser el papel del crimen organizado en estas elecciones, porque es un hecho que los jueces deciden a quién liberan a quién no. De hecho, el gobierno se ha quejado mucho de que se liberan a criminales sin sustento. Imagínense ahora que los jueces van a ser susceptibles de lesión y de presiones en el proceso, como los hemos visto en estas elecciones con los candidatos municipales. Es un riesgo latente que debe prender todas las alertas”, comentó Arturo Espinosa Silis, director de Laboratorio Electoral.
El especialista recomendó que las autoridades electorales y los gobiernos federal y estatales cuenten con mapas de riesgo, analicen la influencia criminal en los pasados comicios y, a partir de ahí, generen acciones y protocolos que efectivamente aminoren los riesgos de infiltración de la delincuencia en las campañas, en el financiamiento de candidatos, y prevengan ataques, amenazas y homicidios de actores políticos./CONGRESO-PUNTOporPUNTO
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