La Comisión Ejecutiva que se encargará de seleccionar a los reos que serán beneficiados con la recién promulgada Ley de Amnistía, se integrará inmediatamente, por lo que se estima que en los próximos días pudiera comenzar la liberación de aquellas personas que son primo delincuentes y que no hayan utilizado violencia o arma de fuego para cometer un delito.
Lo anterior, a pesar de que la ley otorga 60 días al Presidente de la República para crearla.
- De acuerdo con el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, Ricardo Monreal, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, le manifestó que el Poder Judicial tiene plena disposición para diseñar todo el proceso para la liberación de los presos y tener jueces disponibles para tal efecto.
- Informó que hasta el momento sólo 3% de los reos del orden federal; es decir, alrededor de 600, serán beneficiados con la Ley de Amnistía que entró en vigor ayer jueves.
“Ya se ha avanzado mucho en la creación del censo de las personas vulnerables que pudieran ser beneficiadas, mayores de 60 años, 65 años, mujeres embarazadas, indígenas, personas con problemas de obesidad, diabetes, hipertensión grave y se tiene una lista preliminar como entre 500 y 600 personas, estas 600 de un universo de aproximadamente 10 mil, pero son en total cerca de 20 mil los sentenciados, procesados a disposición del Ejecutivo Federal”, refirió.
Mientras que en el fuero común hay entre 150 mil a 160 mil procesados, por lo que corresponderá a los Gobiernos de los estados y los Congresos locales diseñar y aprobar leyes homologadas a la Ley de Amnistía.
- De acuerdo a la nueva normativa, el Congreso de la Unión deberá llevar a cabo -en un plazo de seis meses- un ejercicio de revisión de los delitos con la finalidad de valorar la vigencia de sus elementos configurativos.
- En la víspera, la Secretaría de Gobernación (Segob) y las Oficinas en México de la ONU contra la Droga y el Delito (UNODC), así como el Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ONU-DH), reconocieron la aprobación del nuevo ordenamiento que ocurrió el lunes pasado.
Los organismos internacionales indicaron, en un comunicado, que dicho instrumento es un paso positivo para corregir algunas de las injusticias que han sido producidas por el sistema de justicia penal en México y que afectan a personas en situación de vulnerabilidad.
Sin embargo, enfatizaron que ésta será insuficiente si no se acompaña de acciones de apoyo a la reinserción y cambios en las políticas criminales que entre otros aspectos eviten la criminalización de la pobreza./24 HORAS-PUNTOporPUNTO
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