En la Ciudad de México no hay justicia para las víctimas de la violencia feminicida y sus familias, por el contrario, hay simulaciones , «sabotaje» y nuevas agresiones de la Procuraduría General de Justicia capitalina, denunciaron familiares.
Al presentar un pronunciamiento sobre el tratamiento indigno, inhumano e ineficiente que han recibido en la Mesa Interinstitucional de Casos de Violencia Feminicida, las madres, hermanas y allegadas a víctimas exigieron justicia real y que el Jefe de Gobierno en funciones, José Ramón Amieva, asuma la presidencia y dirección de de ese mecanismo.
- «Denunciamos sabotaje de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México en la Mesa Interinstitucional de casos de Violencia Feminicida en la Ciudad de México, niños avances en las investigaciones y seguimiento de casos de violencia sexual, desaparición y feminicidio. Pedimos que el Jefe de Gobierno en funciones presida la Mesa de casos y la participación del equipo de transición del gobierno electo de la Ciudad de México», indicó la señora Araceli Osorio, madre de la joven estudiante Lesvy Berlín Osorio, cuyo cuerpo fue hallado en las inmediaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
- «A la Jefa de Gobierno electa de la Ciudad de México, solicitamos una reunión urgente con ella y su equipo de transición en materia de procuración de justicia. A la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en México, participe como observadora en la Mesa de Casos de Violencia Feminicida, ante la gravedad de las violaciones a los derechos de las víctimas», agregó Araceli Osorio.
- Exigieron que la Procuraduría local investigue los casos denunciados con la diligencia debida y con perspectiva de género.
- Recalcaron la exigencia de no obstaculizar los avances en las indagatorias y abstenerse de ejercer intimidación y represalias contra quienes han hecho notar su deficiente trabajo.
Tras lamentar que las autoridades capitalinas no den importancia a las agresiones contra mujeres, hicieron notar el trato discriminatorio en la Mesa de Casos, donde no se les llama por su nombre, sino que se les identifica con un número; aunado a que en de inicio se prohibió la participación de sus asesoras y asesores legales.
Al Jefe de Gobierno, José Ramón Amieva, en quien dijeron confiar, le pidieron garantizar el trato respetuoso a las victimas, familiares y defensores; asimismo, solicitaron establecer una metodología clara de seguimiento y evaluación al cumplimiento de los acuerdos en la Mesa, así como al avance de las indagatorias.
Relataron que las autoridades de la Procuraduría y el personal que las atiende son negligentes, revictimizan a las familias, realizan un trabajo deficiente, no dan seguimiento diligente a sus expedientes, y las criminalizan./MVS
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