Desde que inició la pandemia de COVID, trabajadores de Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México solicitaron permisos para trabajar a distancia, de acuerdo a la medidas implementadas a nivel nacional y local, esto para salvarguardar la salud de las personas ante la epidemia de COVID-19, y debido a que sus labores son administrativas.
- Desde el 24 de marzo, fecha en que se declaró la emergencia sanitaria por el virus SARS-CoV-2, adultos mayores, personas con comorbilidades y madres de familia de la Dirección de Administración y Finanzas, un área de SSPCDMX, fueron presentando solicitudes para realizar sus actividades desde casa, pero solo a algunos se les otorgaron. Semanas después, varios de los empleados terminaron contagiados.
La situación preocupó a los empleados cuando se dieron los primeros contagios en la dependencia y, con el argumento de que su trabajo era considerado como una “actividad esencial” por pertenecer al sistema de Salud, se les pidió seguir asistiendo, pese a que sus labores son administrativas y las podían realizar desde casa.
Una de las personas que trabajaba en la dependencia, quien pidió el anonimato por temor a represalias, explicó que el entonces subdirector de Finanzas, Pastor Gerardo Tapia Escamilla, generó un documento en el que mencionó que “el personal no podía ausentarse de sus labores por ser indispensable el recurso humano para la atención y contención del virus”.
- De acuerdo con el testimonio, tras las negativas, hubo varias reuniones en el que se solicitó trabajar en un esquema de guardias para que no estuvieran saturadas las áreas, colocar mobiliario en sana distancia, pero las respuestas siempre fueron negativas.
“Lo peor es que el propio Subdirector de Finanzas, quien era escéptico, nunca se cuidó (se contagió) y falleció. Se complicó su salud en una semana, argumentaron que no había muerto de COVID, pero nosotros veíamos cómo tosía y sus malestares”, contó.
Previo al deceso de Tapia Escamilla, la Sección 7 del Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud solicitó que se designaran roles de trabajo alternados, considerando que el personal labora en áreas administrativas.
“Solicito su sensibilidad y empatía a la emergencia sanitaria que estamos viviendo y que los compañeros también derecho a resguardarse para garantizar su Derecho a la Salud como ciudadanos que son, como lo establece el artículo 4º Constitucional y se garantice su seguridad sanitaria”, se lee en el documento del 20 de abril firmado por la secretaria general Carmen Lucía Contreras Moreno.
- El testigo aseguró que esto no necesariamente beneficiaba a todos los trabajadores, puesto que unos al no ser sindicalizados, es decir los que tienen contratos eventuales o que son de confianza, eran amenazados con que les rescindiría el contrato si alguien demandaba o hacía pública la situación.
“Estamos muy desprotegidos y amedrentados”, expuso. Tras ver cómo algunas solicitudes, que coincidían con sindicalizados eran aprobadas, mientras que las de confianza o eventuales, no, el miedo tanto por los contagios, como por sufrir las represalias, aumentaron.
- Finalmente, el 12 de mayo se presentó una queja ante la Comisión de Derechos Humanos. La respuesta de las autoridades a las recomendaciones del órgano, entre ellas que permitiera realizar funciones en sus casas y así evitar contagios que los pongan en riesgo a ellos como a sus familiares, así como otros protocolos sanitarios como dotar de gel, limpieza en áreas de trabajo, fue que se habían concedido horarios flexibles para madres y aplicado medidas sanitarias.
“En ese mismo sentido, las autoridades citadas, informan que se instalaron en la entrada del edificio sede lavamanos y jabón, así como gel antibacterial, para todas las personas que entren en dicho inmueble. De igual forma, la última semana de marzo, se instaló un filtro de seguridad”, señala el documento.
De acuerdo con el testimonio recabado por Expansión Política, no se autorizó a algunas mamás ni a personal operativo, y mientras en otras áreas como la Dirección de Asuntos Jurídicos o de Epidemiología, sí se tomaron algunas medidas, en la Administración y Finanzas no fue así, lo que provocó más de 60 contagios entre los empleados.
Contó que el ejemplo fue el caso de Tapia Escamilla, quien empezó a presentar síntomas después del 23 de junio, y para finales del mismo mes, falleció.
Estos últimos meses, la situación no ha cambiado mucho dentro de la dependencia y algunos de los empleados fueron rescindidos de su contrato, pese a que llevaban más de cinco años laborando en SSPCDMX./EXPANSIÓN-PUNTOporPUNTO
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