El cobro de un derecho social a los desarrolladores inmobiliarios de entre punto cinco y uno por ciento del valor de la construcción, destinado al Instituto de Vivienda (Invi) de la Ciudad de México, significaría un ingreso de entre 200 y 300 millones de pesos al año, lo que le permitiría generar viviendas para unas 500 familias más, afirmó el presidente de la Comisión de Desarrollo, Infraestructura Urbana y Vivienda del Congreso capitalino, Fernando Aboitiz Saro.
Tras reunirse con dirigentes de la asociación Cruz de Palo, integrada por personas que fueron desalojadas de Santa Fe cuando se gestó el exclusivo desarrollo urbano, el legislador dijo que tiene una propuesta de reforma al Código Fiscal que plantea crear dicho pago adicional a las contribuciones de mejoras que deben realizar para mitigar el impacto de la obra./LA JORNADA
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