Con la expedición de la Ley Orgánica de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México no sólo cambiará su nombre, sino que toda autoridad o servidor público estará obligado a responder a sus recomendaciones en los 15 días hábiles siguientes a su notificación, de no hacerlo, se tendrá como aceptada.
En caso de no aceptarla o cuando sean aceptadas y no se cumplan, la autoridad debe fundar y hacer públicos los motivos de su negativa o incumplimiento, aunque el organismo podrá solicitar reconsiderar su postura.
Además, el Congreso podrá citarlas a comparecer, a efecto de que expliquen su negativa, y cuando sea aceptada y se detecten violaciones a derechos humanos, la comisión podrá investigar de oficio el área de actuación y las personas relacionadas con la recomendación./LA JORNADA