Un juez federal aceptó abrir un juicio contra el pleno del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJCDMX) por haber modificado con discrecionalidad la convocatoria para formar la Sala Constitucional, con lo cual discriminó a candidatos interesados y en cambio favoreció a magistrados de ese mismo Poder haciendo nombramientos por dedazo.
- Con este proceso, la legitimidad constitucional de la actual estructura de la Sala Constitucional del TSJCDMX, integrada por siete magistrados y que formalmente opera desde el 2 de diciembre de 2019, y su conformación están en riesgo.
- Francisco Gorka Migoni Goslinga, Juez Décimo de Distrito en Materia administrativa en la Ciudad de México, aceptó iniciar un juicio de amparo, el 1789/2019, interpuesto por el maestro en derecho César Enrique Olmedo Piña, interesado en ocupar un sitio en la Sala Constitucional, y quien afirmó a que la formación de este colegiado fue inconstitucional y se armó en los oscurito.
El abogado explicó que “la demanda es contra la inconstitucionalidad del artículo 7 de la Ley Orgánica de la Sala Constitucional y también, la demanda es en contra de la presidencia del Poder Judicial de la Ciudad de México”, que ostenta el magistrado Rafael Guerra Álvarez.
Al pleno del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México lo que le reclama Olmedo Piña es que “no hubo una apertura, aunque la Constitución local dice que debe haber elecciones transparentes para elegir a los magistrados de la Sala Constitucional”, afirmó.
- Informó además que su demanda inició el 26 de noviembre de 2019 y que en enero de este año, cuando el presidente del Poder Judicial, el magistrado Guerra Álvarez contestó el informe justificado, en una de las hojas, “escondido en un párrafo, se dice que en un sesión privada del 21 de noviembre determinaron la convocatoria. Entonces yo dije, perfecto, aceptan que fue en sesión privada, y es así como decido ampliar la demanda en contra de la sesión privada del pleno del Poder Judicial”, señaló Olmedo Piña.
- La ampliación de demanda la presentó el 9 de enero de este año. El párrafo del informe justificado de Guerra Álvarez a Olmedo Piña dice: “Asimismo se hace del conocimiento que cumpliendo con las formalidades y requisitos que establece la Ley Orgánica de la Sala Constitucional del Poder Judicial de la Ciudad de México, en pleno privado de 21 de noviembre de 2019 se aprobaron las bases para la elección de Magistrados de la Sala Constitucional…”
El demandante dijo que quiere saber cómo fue esa sesión del 21 de noviembre, no solamente por un interés académico o institucional, sino quiere saber quiénes participaron y quiénes votaron en esa sesión, donde nadie se dio cuenta de nada y nadie supo nada.
La queja de Olmedo Piña se fundamentalmente en lo dispuesto en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México y en la Ley Orgánica de la Sala Constitucional, en lo relativo a la integración de la Sala Constitucional, que establece que esta instancia se integrará con personas físicas no pertenecientes al Poder Judicial de la Ciudad de México que provengan de otras ramas de la profesión jurídica, para lo cual debía haberse girado una convocatoria, lo que no ocurrió.
- En cambio, el titular del poder judicial de la Ciudad de México, el magistrado Guerra Álvarez, que preside el pleno del Poder Judicial, nombró, sin que aún se conozca el procedimiento para tal efecto, a los magistrados, Javier Raúl Ayala Casillas (presidente), Adriana Canales Pérez, Eduardo Alfonso Guerrero Martínez, Antonio Muñozcano Eternod, Sara Patricia Orea Ochoa, Jorge Ponce Martínez y Cruz Lilia Romero Ramírez, como sus integrantes. El 1 de diciembre del año pasado Guerra Álvarez les tomó la protesta.
Sin saber aún que el pleno del TSJCDMX ya había decido el proceso para nombrar a los integrantes de la sala Constitucional, seis días antes de la protesta de ley a los magistrados de la Sala Constitucional, Olmedo Piña le envió una carta a Guerra Ramírez solicitándole que, “para no vulnerar las normas constitucionales sobre igualdad, la convocatoria que tenga a bien emitir para la integración de la Sala Constitucional de la Ciudad de México… incluya a personas físicas no pertenecientes al Poder Judicial de la Ciudad de México que provengan de otras ramas de la profesión jurídica tal como lo establece la última parte del artículo 21 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México”.
En un resumido recuento del este proceso, Olmedo Piña mencionó que el 2019, se publicó la ley de la Sala Constitucional, lo que señalaba esa ley es que habría una convocatoria para su formación, de acuerdo al artículo 7 y podrían participar quienes cubran los requisitos establecidos ahí, “pero cuando se dan cuenta en el Congreso de la Ciudad que la dejaron abierta, modifican esa ley, abrogan esa parte y publican otra en noviembre de 2019; la publican rapidísimo, en un procesamiento fast track, horrible, mal hecho; me consta que había diputados muy serios que habían organizado foros, convocado a académicos para que la conformación de la Sala Constitucional fuera con personal de primer nivel y no les hicieron caso. El pleito es por ese artículo 7. Lo que hicieron al cambiarlo fue cerrar posibilidades a los ciudadanos y que todo quedara en la propia familia del Poder Judicial, los magistrados de la Ciudad de México y entonces qué provoca, que académicos, postulantes sociólogos, se quedaran fuera”, dijo el abogado Olmedo Piña.
El demandante señaló que si el estudio que realice el juez Migoni Goslinga determina que el artículo 7 de la Ley Orgánica de la sala Constitucional es inconstitucional (porque viola la igualdad), el efecto sería declarar la inconstitucional el artículo y en consecuencia cambiar la ley, hacer un artículo donde sí se incluya a todos y el segundo paso sería reponer todo el proceso hasta antes de la violación, en donde estábamos antes del 26 de noviembre de 2019, donde hubiese una convocatoria abierta para todos los interesados.
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