Desde el 30 de noviembre de 2018, la Contraloría Interna del Heroico Cuerpo de Bomberos (HCB) de la Ciudad de México emitió seis observaciones que hacen inviable el cumplimiento de las demandas de los vulcanos -identificados con el líder sindical Ismael Figueroa– que, por segunda vez en esta semana, bloquearon vialidades principales en la ciudad.
El miércoles 13 de marzo , integrantes del agrupamiento identificados con el líder sindical -sobre quien pesan denuncias penales y de violación de derechos humanos- cerraron la calzada de Tlalpan, a la altura del metro San Antonio Abad, donde se encuentra la Procuraduría de la Defensa del Trabajo del gobierno capitalino.
El pasado lunes bloquearon el Periférico Sur, Tlalpan e Insurgentes. En esta última se instalaron durante más de 16 horas.
Su protesta ha sido la misma: el pago y el respeto de plazas a 330 personas que presuntamente fueron contratadas por el gobierno de José Ramón Amieva, pero que la gestión de Claudia Sheinbaum aseguró que fue “un engaño”.
De acuerdo con el oficio SCGCDMX/CIHCB/505/2018, al que apro tuvo acceso, la Contraloría Interna de los Bomberos presentó los resultados de la intervención R-5/2018 y realizó las siguientes seis observaciones:
El director del HCBCDMX no tiene facultades para comprometer plazas ni la asignación de recursos que implique su contratación; y no se tiene evidencia de las autorizaciones para la creación de plazas por la Secretaría de Finanzas y Oficialía Mayor.
Más: el HCBCDMX no tenía la disponibilidad presupuestal suficiente para la creación de las 330 plazas; el proceso de selección de candidatos se basó únicamente en la propuesta del Sindicato; las 330 plazas comprometidas por el entonces director general, Jorge Cortés, no tenían el perfil requerido para la contratación; y de las 330 plazas comprometidas, sólo ingresaron los expedientes de 322 candidatos por carecer de documentación obligatoria para formalizar la relación laboral con el organismo.
Además, desde el 5 de octubre de 2018, mediante oficio SCGCDMX/CIHCB/392/2018 la Contraloría Interna notificó la orden de intervención R-5/2018 denominada “Contratación de Personal Técnico Operativo” y solicitó la suspensión de todo tipo de contratación de personal técnico operativo bombero, así como las gestiones para la contratación.
Actualmente, la auditoría sigue vigente y se debe esperar a la determinación de posibles sanciones a los servidores públicos involucrados.
Piden algo “ilegal”
Según Juan Manuel Pérez Cova, actual director del HCBCDMX, “las observaciones de la Contraloría Interna dicen que el director del organismo no cuenta con facultades para comprometer la creación de las plazas ni comprometer recursos que impliquen su contratación”.
- No obstante, “la representación sindical sigue presionando que se mantenga la irregularidad. Eso nos pondría en un esquema de irregularidades. El sindicato propone seguir con algo ilegal”.
En entrevista con apro, el funcionario explica que, con base en estas observaciones, pero con la perspectiva de derechos humanos, el gobierno capitalino ha mantenido el diálogo con algunas de las 330 personas involucradas en esta situación, que no necesariamente son las mismas que se manifestaron el lunes y este miércoles, y les ha ofrecido alternativas de solución.
El pasado lunes, tras las manifestaciones que pusieron en jaque el sur y el centro de la ciudad, autoridades e involucrados llegaron al acuerdo de revisar de manera individual cada caso, con la intervención de la Procuraduría de Defensa del Trabajo y ante la presencia de la Comisión de Derechos Humanos local (CDHDF), para ofrecerles convenios de solución en los que les pague un finiquito por los días que trabajaron y asistieron a las instalaciones de los bomberos.
La medida implica la firma de un convenio que compromete un pago de entre 70 mil y 80 mil pesos a cada uno -dependiendo de las audiencias y las conciliaciones-, a cambio de desistir en su intento por obtener una plaza que, insiste el funcionario, no tiene posibilidades de crear. El convenio libera de responsabilidad al HCBCDMX.
Según el directivo, hasta el momento han aceptado entre 30 y 40 personas y es posible que al paso de los días se sumen más.
- Pérez Cova recuerda que, a partir del 1 de octubre de 2018, el anterior director les permitió el acceso a las instalaciones. “Ahí fue cuando empezó el conflicto”, dice.
No obstante, al entrar la nueva administración el 5 de diciembre de 2018, la dirección instruyó que las personas involucradas no salieran a cubrir ninguna emergencia, ya que no han recibido capacitación ni tienen seguro de vida, precisamente por la irregularidad en la que se encuentran.
- “Nadie de los 330 tiene un contrato, ni cobertura de seguro, nadie tiene una plaza asignada”, aclara y reconoce que el Cuerpo de Bomberos “sí tiene una responsabilidad” en el conflicto, pero justo por ello ya intervino la Contraloría Interna y se trabaja en la solución.
- “En una perspectiva de derechos humanos, teniendo como interés supremo el hecho de que las personas involucradas no tenían por qué ser expertas de los procesos y gestiones de contratación, son respaldadas por el gobierno capitalino y estamos trabajando para darles una salida legal, viable y sostenible”, afirma.
No obstante, el directivo reconoce que, ante la resistencia del Sindicato General de bomberos, dirigido por Ismael Figueroa, de reconocer estos acuerdos entre los trabajadores involucrados y el gobierno capitalino, es posible que durante los próximos días se sigan presentando manifestaciones y bloqueos en las vialidades de la capital.
Pero aclara que la atención de emergencias está “totalmente garantizada”./PROCESO-PUNTOporPUNTO
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