Un juez de amparo encontró responsable a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJ-CDMX) de haber filtrado información del menor Marco Antonio “N”, quien fue exhibido en un video tomado a su paso por la estación del Tren Suburbano en Tlalnepantla y una tienda de autoservicio. Lo que generó “afectación a su honor, dignidad e intimidad, pues se invadió la vida privada del menor, prerrogativas que constituyen derechos subjetivos del ser humano”. Y aunque la sentencia sólo obliga a la PGJ-CDMX a evitar difundir información susceptible dentro de las carpetas de investigación, el veredicto es un precedente sobre los límites de la libertad de expresión ante la presunción de inocencia y los derechos de los menores. Y es que no existe ordenamiento legal que autorizara a la procuraduría capitalina exhibir a la persona agraviada ante los medios de comunicación, aludió el impartidor de justicia federal./ CAPITAL MÉXICO
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