Ante la detención ilegal y/o arbitraria de 122 personas en los pasados 10 años, la Comisión de Derechos Humanos (CDHDF) local dirigió la recomendación 18/2018 a la Procuraduría General de Justicia (PGJ) y a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP). Se trata, explicó Nashieli Ramírez, presidenta del organismo, de que ejecuten un plan integral individual de reparación a las víctimas directas y a las indirectas les otorguen tratamiento médico y/o sicológico especializado, para revertir las afectaciones sicosociales que enfrentan. Los casos donde se documentó el actuar de los servidores públicos se registraron en el programa Lucha contra la impunidad, pues en siete se identificaron abuso de autoridad, extorsión y robo en su detención. Explicó que las quejas se integraron en 58 expedientes y en seis casos se determinó la reserva y en uno el no ejercicio de la acción penal, sin proceder una investigación ministerial contra los servidores públicos involucrados./LA JORNADA
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