La Constitución Política de la Ciudad de México —el sistema legal más moderno del país y una de las más avanzadas del mundo— corre el riesgo de ser mutilada.
Fincada en la democracia y en los derechos humanos (DH), la Constitución de la Ciudad de México tiene figuras e instituciones innovadoras, como la llamada Sala Constitucional y, sobre todo, los juzgados de tutela de derechos humanos.
Los juzgados de tutela conocerán de un recurso judicial innovador y práctico en beneficio de los ciudadanos, la llamada acción de protección efectiva de derechos. Con esta acción se podrá reclamar cualquier violación a los derechos humanos previstos en la Constitución, sin mayores formalidades y a través de una solicitud oral o escrita, supliendo siempre la deficiencia de la queja, es decir, dejando al ciudadano a salvo de las formalidades y tecnicismos, como los que presenta el juicio de amparo.
Tanto la Sala Constitucional como los juzgados de tutela de derechos humanos están amparados por el artículo 36 (Control constitucional local) de esa Carta Magna.
- La protección jurisdiccional de los derechos humanos en la capital del país, consagrada en la Constitución —considerada como laboratorio para la transformación del sistema de derechos humanos en México—, no ha entrado en operación y ya hay planes para eliminarla, según el proyecto de la iniciativa de reforma al artículo 36 de la Constitución de la Ciudad de México
El objetivo de la iniciativa de reforma es derogar las disposiciones constitucionales que darían vida a los jueces de tutela, los cuales deben entrar en funcionamiento el 31 de julio de este año.
- El presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso de la Ciudad de México, el diputado Eduardo Santillán Pérez, es quien firma la iniciativa para la derogación de los juzgados de tutela.
- El argumento del diputado Santillán Pérez es que la defensa de los derechos humanos en la Ciudad de México ya está garantizada por su Comisión de Derechos Humanos y por su Tribunal de Justicia Administrativa. Para el legislador, los jueces de tutela son innecesarios por redundantes.
De proceder el intento del diputado Eduardo Santillán, el militante de Morena se convertiría en verdugo de los jueces de tutela, una figura, considerada por abogados como una promesa de ser una alternativa trascendental para hacer efectivo el mandato del artículo 3º de la Constitución de la Ciudad de México: que el respeto a la dignidad humana se constituya en el principio rector supremo y sustento de los derechos humanos de los habitantes de la Ciudad de México. Entre las obligaciones que tendrían los jueces de tutela es que sus resoluciones deberán emitirse en un plazo no mayor de 10 días naturales y serán de inmediato cumplimiento para las autoridades de la Ciudad de México./EXCELSIOR-PUNTOporPUNTO
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