En los 13 penales de la Ciudad de México existen más de 60 casos de COVID-19 que no se han hecho públicos, aseguró ayer Saskia Niño de Rivera, presidenta de la organización Reinserta.
Recibo alrededor de cinco a ocho llamadas diarias de centros penitenciarios de todo el país, de personas privadas de la libertad, y sí hay muchísimos casos sospechosos.
Yo calculo que en la Ciudad de México hay más de 60 casos ya confirmados que no han salido a decirlo como tal”, expuso Niño de Rivera durante videoconferencia.
- Eduardo Guerrero Durán, asesor en materia penitenciaria, indicó que una medida preventiva para evitar brotes considerables en los penales es “cerrarlos” a las visitas y “encuartelar” al personal que labora en los centros de reclusión.
No podría nadie entrar y salir de los penales. Se tienen que cerrar las visitas familiares e íntimas. Yo, en lo personal, creo que deben encuartelar a la gente que trabaja dentro de las prisiones para protección de ellos, protección de sus familias y protección de las personas privadas de su libertad.
No hay otra forma, porque si están permitiendo el ingreso y el egreso de custodios, de personal técnico, pueden ser posibles portadores de esta enfermedad; entonces creo que la única forma es cerrarlo y tomar todas las medidas de protección”, expuso Guerrero Durán.
Sin embargo, Ana Pecova, directora ejecutiva de la organización EQUIS Justicia para las Mujeres, señaló que ésa no sería la mejor medida en términos sociales.
- Debemos pensar en las 200 mil personas que se tienen en las prisiones, qué significa para ellos todo este tiempo estar encerrados y todavía en esa circunstancia cortarles las visitas, que ven a sus familiares cercanos, quienes son el ingreso de productos básicos, comida, medicina, artículos de higiene”, planteó Pecova.
- El pasado 26 de abril, el gobierno capitalino envió la solicitud de 800 preliberaciones al Poder Judicial de la Ciudad de México con el objetivo de reducir el hacinamiento de los 13 centros de reinserción social ante la crisis que está provocando la enfermedad por COVID-119.
El miércoles pasado, la jefa de Gobierno explicó que los procesados que se pretende preliberar están a punto de cumplir su sentencia condenatoria.
Señaló que ya se han liberado a alrededor de 250 personas que no cometieron delitos graves y que ya estaban por cumplir su sentencia.
- Este diario publicó el pasado 28 de abril que en el penal Femenil de Santa Martha Acatitla dos internas fueron notificadas que tenían COVID-19 y que ambas se encontraban en las estancias del área de Protección, en la cual también están recluidas Mónica García Villegas, directora del Colegio Rébsamen, y Rosario Robles.
Al ser notificadas, ambas internas son llevadas a los dormitorios donde se lleva a cabo la visita íntima, ubicada en la zona de la aduana, donde también se lleva a cabo la revisión de alimentos; esta área ha sido asignada para la atención de internas con COVID-19”, dijo en su momento personal de custodia a este diario.
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