Se estima que más de 60 por ciento de las propiedades en la Ciudad de México tienen problemas jurídicos, lo que han aprovechado empresas inmobiliarias y personas con acceso a información del Archivo General de Notarías y el Registro Público de la Propiedad y el Comercio para impulsar una política de expulsión en zonas de la ciudad con alto valor agregado, señalaron el Movimiento Urbano Popular y el Congreso capitalino.
En tanto no se regularice la situación de propiedad en que se encuentra la mayoría de las viviendas, persistirán los despojos y desalojos, que se intensificaron en el gobierno anterior, por lo que no descartaron que funcionarios de dicha administración pudieran estar relacionados con esa situación./LA JORNADA
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