La diputada local del PAN, Patricia Báez Guerrero, planteó ante el pleno del Congreso local endurecer las sanciones penales contra funcionarios que filtren o hagan uso indebido de datos personales durante procedimientos e investigaciones en curso.
- Para ello propuso reformar el artículo 299 del Código Penal para garantizar que la información de víctimas, imputados y testigos sea resguardada bajo los principios de privacidad.El castigo que propone la panista va de dos a ocho años de prisión y de 50 a 300 días de multa al servidor público que difunda o comunique a terceros no legitimados los expedientes de un proceso penal.
Explicó que su propuesta trata de evitar situaciones donde las víctimas sufran de intimidación, escarnio y demérito de su imagen por difusión indebida de información, la cual debió ser resguardada y mantenida en secrecía con base en la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la CDMX y el Código Nacional de Procedimientos Penales.EL UNIVERSAL
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