El segundo informe parcial de fiscalización a la Cuenta Pública de 2018 –último año de la pasada administración– señala 41 potenciales promociones de acciones legales, entre fincamiento de responsabilidades administrativas ante la Secretaría de la Contraloría o el Tribunal de Justicia Administrativa; resarcitorias ante la Procuraduría Fiscal o penales ante la Procuraduría General de Justicia (PGJ), como resultado de 74 auditorías a dependencias, alcaldías, entidades y órganos desconcentrados, de gobierno y autónomos.
El documento que entregó ayer la Auditoría Superior de la Ciudad de México (ASCM) al Congreso capitalino refiere que hasta el 31 de octubre se interpusieron 10 denuncias penales y administrativas, cuatro contra las secretarías de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) y de Obras y Servicios, y la Agencia de Gestión Urbana (AGU) por irregularidades detectadas en la aplicación de apoyos y recursos de la reconstrucción./LA JORNADA
Recibe nuestro boletín informativo, suscríbete usando el formulario
