Andrés Manuel López Obrador es el tercer presidente que ocupa el cargo desde que se intensificó el uso del Ejército en el país para combatir la inseguridad, tareas que hace cuatro sexenios usualmente estaban destinadas a corporaciones civiles y que llevan a la militarización.
- El problema es que la estrategia que hoy defiende y promueve el primer mandatario, y la cual se ha venido arrastrando con cada cambio de administración, presenta los mismos errores de sus antepasados: reproducir políticas de seguridad que no se basan en resultados sostenibles y dar cada vez más preferencia a la vía militar, asegura el estudio “Militarización en la 4T”.
Cabe aclarar que (la militarización) este no es un problema de un partido político u otro, sino un fenómeno que debe ser leído como un déficit sistémico del Estado mexicano, agudizado justo en la medida que las violencias se profundizan y diversifican, en una espiral impulsada, en parte, por el propio enfoque centrado en el uso de la fuerza y la intervención militar.- Ernesto López Portillo, Experto en seguridad
- A lo largo de los últimos 15 años, los resultados de esta estrategia, en la que cada vez el Ejército cumple con más funciones civiles, han quedado claros, pues al día de hoy, las condiciones de seguridad y paz en México no se han logrado.
- El 2019, primer año de la administración de López Obrador, es a la fecha el periodo más violento del que se tiene registro en el país, al acumular 35 mil 659 homicidios dolosos. Un año después, a pesar de que por la pandemia algunos de los principales delitos en México disminuyeron, el número de asesinatos fue menor apenas por 128 víctimas.
En lo que va de 2021, ya suman 5 mil 598 personas que perdieron la vida de manera violenta.
El uso de las Fuerzas Armadas es una estrategia de seguridad fallida que, además, ha tenido como efecto el aumento en las violaciones a los derechos humanos y en los índices de violencia, así como en el debilitamiento de las instituciones de seguridad civiles.- MUCD Informe, “La militarización de la Seguridad Pública: impidiendo la construcción de un México más seguro y en paz”
- Sin embargo, la escalada de la violencia como hoy la conocemos, no se dio de un día para otro. El estudio, “Militarización en la 4T”, identifica al gobierno panista de Felipe Calderón, como el punto de quiebre en el uso del Ejército para tareas de seguridad pública.
“México es uno de los países que tienen la curva creciente más pronunciada de homicidios violentos en el mundo, al menos en lo que va del siglo. Por lo tanto, nadie debería dudar de la urgencia de poner a discusión la preferencia por la vía militar que ha seguido el Estado, en particular desde el sexenio presidido por Felipe Calderón Hinojosa”.
Militarización, un mal necesario
Para normalizar y profundizar las labores de los militares en cada vez más tareas civiles, las últimas tres administraciones: Felipe Calderón (PAN), Enrique Peña Nieto (PRI) y Andrés Manuel López Obrador (Morena), han impulsado su uso ante la población como un mal necesario para devolverles la paz y la seguridad.
- Sin embargo, no sólo han incumplido sus compromisos, sino que cada vez se les confieren más responsabilidades a las Fuerzas Armadas, haciendo de la promesa de la desmilitarización, una realidad cada vez más lejana.
- Durante el segundo sexenio del blanquiazul en el poder, el titular del Ejecutivo usó como excusa el combate a las drogas y a los grupos criminales que las trafican para sacar al Ejército a las calles.
Seis años después, a pesar del evidente fracaso en la estrategia de seguridad de su antecesor, Enrique Peña Nieto decidió darle continuidad, y no solo eso, sino que intentó normalizar esta situación al darle un marco legal a dicha participación a través de la Ley de Seguridad Interior, explica el documento “La militarización de la Seguridad Pública: impidiendo la construcción de un México más seguro y en paz”.
Además, señala que en el caso del actual gobierno, la militarización de la seguridad pública se ha profundizado e institucionalizado gracias a la reforma constitucional de marzo de 2019, con la que se creó a la Guardia Nacional (GN), la cual, a pesar de que en el texto constitucional quedó como una corporación civil y policial, en los hechos se ha convertido en una institución militarizada, integrada por elementos de la Policía Militar y Naval.
- A lo largo de los últimos 15 años, los resultados de la militarización del país no han abonado para que existan condiciones de seguridad y paz en México
- Aunado a esto, a raíz de la reforma constitucional, se permitió que la Fuerza Armada permanente pueda realizar tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria por un periodo de cinco años, desde su entrada en vigor y hasta el 27 de marzo de 2024.
“Este gobierno ha puesto en manos de las fuerzas armadas más de 20 funciones civiles de gobierno. El fenómeno de militarización y militarismo es innegable en nuestro país”, acusa por su parte el colectivo #SeguridadSinGuerra en su comunicado “Militarización: La Suprema Corte no puede seguir callada”.
Aumenta 80% el despliegue de militares
La promesa del entonces presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, de regresar a los militares a los cuartales, fue eso, una promesa. Como nunca, en la historia reciente de México, el Ejército ha ganado terreno en las calles durante los primeros años de este sexenio, pues superó con 82 % al anterior.
La movilización de los soldados en territorio nacional tiene base en el argumento de «regresar la seguridad al país», sin embargo, los registros del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) revelan que los delitos y la violencia, principalmente a través de homicidios, no han disminuido.
- El poder del Ejército los ha llevado a participar en la seguridad de instalaciones, como en la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Petróleos Mexicanos (Pemex), Caminos y Puentes Federales (Cafupe), Servicio de Administración Tributaria (SAT), Comisión Nacional del Agua (Conagua), Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA).
Armando Rodríguez Luna, experto en seguridad nacional y director de Proyecto de la División de Seguridad e inteligencia Estrategic Affairs, considera que el aumento en la movilización de los elementos lleva a repetir los errores del pasado y a exponer a las fuerzas armadas a través de las violaciones a derechos que se están presentado, como fue en sexenios anteriores.
«No hay ninguna ventaja en desplegar a la mitad de los militares en temas de seguridad pública o en temas de contención de temas migratorios. Lo que se observó es que se carga de labores a las fuerzas armadas y, con ello, se dejan otros temas importantes, como la defensa del país.
«En pocas palabras, esto origina un desgaste al interior del Ejército, moral y de infraestructura que repite lo que pasó en los sexenios de Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón Hinojosa», dijo.
- Informes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), consultados por La Silla Rota, indican que, entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2020, fueron desplegados 128 mil 268 elementos en las 32 entidades del país.
El personal que fue asignado a labores de seguridad es superior al comisionado en los dos primeros años de los sexenios anteriores. Con Felipe Calderón Hinojosa, el gobierno federal movilizó a 90 mil 106 soldados, mientras que con Enrique Peña Nieto se destinaron a 70 mil 164 elementos en todo el país.
- Los datos muestran que, en comparación con Calderón Hinojosa, el presidente López Obrador ha echado mano 42 % más de los militares, mientras que en el caso de Peña Nieto el aumento es del 82.8 %.
El despliegue de elementos en este sexenio se presenta a pesar de que una de las promesas de campaña Andrés Manuel López Obrador, que hizo desde su campaña presidencial de 2012, fue que los militares «regresarían a los cuartales a realizar las labores para las que están capacitados».
Tenemos que ir sacando al Ejército de las calles. El Ejército no está preparado para esta función, es otro su encargo, es defender la soberanía nacional y no debe de seguirse exponiendo al Ejército, es una institución que debemos de cuidar todos, no socavar al Ejército».
«No se resuelve nada con el uso del Ejército, de la Marina, de las policías, con cárceles, con amenazas de mano dura, con leyes más severas. Repito: la paz y la tranquilidad son frutos de la justicia», expresó el 8 de diciembre de 2016.
- Los registros de la Sedena, revelan que, durante el sexenio del presidente López Obrador, la mayor movilización de elementos del Ejército se ha efectuado en estados donde se tiene detectada la presencia de cárteles y organizaciones de crimen organizado.
El despliegue se ha efectuado, justificando el regresar la seguridad, sin embargo, la incidencia delictiva no ha disminuido. Los registros de la asignación de elementos de la Sedena durante esta administración, indican que la Región IV (Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí) concentran la mayor movilización de personal en los dos primeros años de este gobierno, 34 mil 452.
- El segundo lugar es la XII (Michoacán, Guanajuato y Querétaro), en la cual se han puesto a disposición de labores de seguridad pública y nacional a 34 mil 452 soldados. La tercera es la Región V (Colima, Jalisco, Nayarit, Aguascalientes, Zacatecas) en la cual 29 mil 241 fueron desplegados entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2020.
Armando Rodríguez Luna considera que, la movilización de los elementos en labores de seguridad pública, es el mismo error que se cometió en sexenios pasados ya que, en lugar de capacitar a las policías, el gobierno opta por la fuerza en lugar de atacar los problemas que hay de fondo.
«La movilización de las fuerzas armadas y la Guardia Nacional van a llevar al incremento de los índices de violencia, no sólo en temas de homicidios, si no en enfrentamientos, como Guanajuato, Guerreo, Michoacán, donde se retiró el Ejército», dijo.
El experto en temas de seguridad, mencionó que la movilización de los elementos va a llevar a cometer los mismos errores del pasado, como en sexenios anteriores.
«No es la estrategia adecuada. Es muy probable que se van a cometer los mismos errores del paso, e incluso nuevos. Uno de ellos, es que se dependa tanto de las fuerzas que no se apoye el fortalecimiento de instituciones de seguridad pública, es el mayor error y el nuevo error, porque se retira el apoyo del Fortalecimiento del desempeño en materia de seguridad pública»./Agencias-PUNTOporPUNTO
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