Últimos PRESIDENTES de México han establecido RELACIONES con líderes del CRIMEN ORGANIZADO

En septiembre pasado el secretario de Seguridad con Felipe Calderón, Genaro García Luna acusó al expresidente Andrés Manuel López Obrador de tener nexos con criminales.

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En México, el término “narcosistema” ha emergido para describir una realidad profundamente arraigada en la política y el crimen organizado. Más allá de la imagen de un simple “narcoestado”, el concepto de narcosistema refleja una compleja red de corrupción, complicidad y poder que abarca no solo a los cárteles de droga, sino también a las más altas esferas del gobierno.

Anabel Hernández, periodista de investigación, ha abordado este tema a fondo en su podcast Narcosistema. En el último episodio titulado “AMLO, el último narcopresidente”, Hernández revela la inquietante continuidad de los vínculos entre el crimen organizado y los presidentes mexicanos desde Luis Echeverría Álvarez hasta Andrés Manuel López Obrador, sugiriendo que cada uno de estos líderes ha tenido conexiones con el narcotráfico, lo que ha contribuido a la perpetuación de un sistema corrupto y violento en el país.

Luis Echeverría Álvarez

De acuerdo con la periodista Anabel Hernández, Luis Echeverría Álvarez, presidente de México entre 1970 y 1976, mantenía estrechos lazos con el Cártel de Guadalajara, facilitados a través de su cuñado Rubén Zuno Arce, quien estaba casada con la hermana de Echeverría, María Esther.

  • En 1992, se descubrió que uno de los contadores de los capos Joaquín “El Chapo” Guzmán, Héctor “El Güero” Palma y Amado Carrillo Fuentes, Miguel Ángel Segoviano, vivía en una propiedad de Echeverría en San Jerónimo, Ciudad de México.

José López Portillo y Miguel de la Madrid

Los presidentes José López Portillo (1976-1982) y Miguel de la Madrid (1982-1988) también están implicados en relaciones con el crimen organizado. Según Hernández, ambos asistían a fiestas organizadas por Ernesto y Rafael Caro Quintero en Guadalajara, donde su presencia fue confirmada por los ex agentes de la policía judicial de Jalisco, Ramón Lira y Jorge Godoy, en 2021.

Ernesto Zedillo

Ernesto Zedillo, quien gobernó México entre 1994 y 2000, tenía conexiones con la delincuencia organizada a través de su padre y su esposa, Nilda Patricia. Su padre mantenía comunicación directa con Eduardo González Quirarte, un narcotraficante de Jalisco, mientras que la familia de su esposa tenía vínculos con el cártel de los hermanos Amezcua, pioneros en la fabricación de drogas sintéticas en México.

Vicente Fox

Vicente Fox, presidente de México de 2000 a 2006, está acusado de haber recibido un soborno millonario en dólares para permitir la fuga de Joaquín “El Chapo” Guzmán del penal de Puente Grande en 2001. Además, se señala a los hermanos Bribiesca Sahagún, hijastros de Fox, por su implicación en el tráfico de precursores químicos.

Felipe Calderón

Felipe Calderón, presidente de 2006 a 2012, es señalado por recibir dinero del Cártel de Sinaloa durante su campaña presidencial. Esta información fue revelada durante el juicio contra Joaquín Guzmán Loera en Nueva York entre 2018 y 2019. La complicidad de su secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, con el Cártel de Sinaloa, también fue evidenciada, y se acusa a Calderón de haber solapado esta relación.

Enrique Peña Nieto

Enrique Peña Nieto, presidente de 2012 a 2018, recibió apoyo del Cártel de Sinaloa desde sus tiempos como candidato a gobernador del Estado de México. Hernández cita testimonios de su libro Emma y las otras señoras del narco, donde se detalla cómo Peña Nieto asistía a eventos organizados por el cártel y recibía grandes sumas de dinero para su campaña.

AMLO, el último narcopresidente

Hernández revela que, según fuentes de la DEA y la Fiscalía de Nueva York, la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador en 2006 recibió financiamiento significativo del Cártel de Sinaloa.

  • Este dinero, proporcionado por la facción de Arturo Beltrán Leyva del cártel, habría sido respaldado por líderes clave como Ismael “El Mayo” Zambada, Ignacio Coronel, los hermanos Beltrán Leyva, Edgar Valdés Villarreal alias “La Barbie” y Joaquín “El Chapo” Guzmán.
  • El objetivo de este financiamiento habría sido asegurar que, en caso de que López Obrador llegara a la presidencia, se comprometiera a permitir la operación libre del cártel dentro de México. Esto incluía bloquear las actividades de la DEA y otras agencias de inteligencia estadounidenses en el país, facilitando así el tráfico de drogas.

Además, se habría comprometido a otorgar posiciones clave en el gobierno que pudieran influir en la justicia y la seguridad, incluyendo la aprobación de nominaciones para procurador general de justicia.

  • Hernández sostiene que, tras perder las elecciones de 2006, López Obrador organizó una serie de protestas y mítines en la Ciudad de México, incluyendo el cierre de Paseo de la Reforma, alegando fraude electoral. Parte del financiamiento para estas manifestaciones, según Hernández, también provino del Cártel de Sinaloa, con Edgar Valdés Villarreal alias “La Barbie” contribuyendo económicamente.
  • La investigación de Hernández revela que el financiamiento del Cártel de Sinaloa no se limitó a la campaña de 2006. Los testimonios y documentos obtenidos sugieren que las campañas presidenciales de López Obrador en 2012 y 2018 también recibieron apoyo financiero del cártel. Esta continuidad en el financiamiento subraya, según Hernández, la profunda relación entre López Obrador y el crimen organizado.

Al asumir la presidencia en diciembre de 2018, López Obrador implementó una política de seguridad conocida como “abrazos y no balazos”, que ha sido criticada por su enfoque suave hacia el crimen organizado. Hernández argumenta que esta política es consistente con los compromisos asumidos con el Cártel de Sinaloa, dado el financiamiento recibido durante sus campañas.

Finalmente, la periodista menciona que el gobierno de López Obrador ha apresurado la aprobación de una reforma judicial, según ella, motivado por el temor a las posibles revelaciones que puedan hacer Ovidio y Joaquín Guzmán López, así como El Mayo Zambada, todos ellos detenidos en Estados Unidos.

García Luna señaló a López Obrador de tener vínculos con el narco

En septiembre pasado el secretario de Seguridad con Felipe Calderón, Genaro García Luna acusó al exmandatario de nexos criminales.

En una carta enviada al periodista Keegan Hamilton, García Luna —declarado culpable de cinco cargos por la justicia estadounidense, entre ellos narcotráfico con el Cártel de Sinaloa—, dijo que hay pruebas de la gestión entre López Obrador y líderes del narcotráfico.

  • “Es del conocimiento público y está en los registros oficiales de México y EUA los contactos, videos, audios, fotografías, registros de comunicación y gestión entre el actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y sus operadores con los líderes del narcotráfico y sus familias”, indicó.
  • De hecho, García Luna dijo que ese supuesto nexo jugó un rol en el proceso que la Fiscalía de Estados Unidos desarrolló en su contra durante un juicio en la Corte de Nueva York. “En particular con los narcotraficantes que fueron utilizados como testigos en mi contra en el juicio, quienes inclusive durante el juicio imputaron al presidente”, apuntó.

  • Entre los narcotraficantes que testificaron contra García Luna están Jesús Zambada ‘El Rey’, hermano de Ismael ‘El Mayo’ Zambada (narcotraficante entregado a EU) y Sergio Villarreal Barragán, ‘El Grande’.
  • La más reciente polémica de los presuntos señalamientos de López Obrador con el narcotráfico fue ‘desatada’ por un reportaje del New York Times publicado en febrero de este año en el que se detallaron posibles relaciones entre miembros importantes de cárteles de narcotráfico y aliados del presidente.
  • Sin embargo, en su reportaje el medio estadounidense reconoció que las autoridades estadounidenses no procedieron a investigar dichos vínculos debido a que estos estaban basados en declaraciones de informantes, lo que los hacía poco confiables.

El gobierno estadounidense “tiene poco interés en investigar las acusaciones contra el líder de uno de los principales aliados de Estados Unidos”, añadió.

Gobernadores de todos los partidos han sido señalados también

El crecimiento del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) a lo largo y ancho del territorio nacional se podría explicar -según algunos analistas y periodistas- gracias a los pactos que el grupo criminal logró tejer con autoridades municipales y estatales, al grado de que algunos gobernadores y gobernadoras -de todos los partidos políticos- han sido señalados de presuntos nexos con Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”.

Por estar al frente de su principal centro de operaciones financieras y supuesto escondite de su líder, la administración de Enrique Alfaro ha sido una de las señaladas por sus presuntos vínculos con el CJNG; de acuerdo con el periodista Ricardo Ravelo esta correría de la mano de Severo Flores Mendoza, expolicía municipal conocido como “El Rey Mago”.

  • La investigación de Ravelo da cuenta de un informe de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) y del Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional (Cisen) en el que se afirma que Flores Mendoza mantenía reuniones con enviados de “El Mencho” para pactar acuerdos que permitieran conocer con anterioridad los operativos de las Fuerzas Armadas en la región.
  • “El Ray Mago” estaría bajo las órdenes directas de Armando Gómez Núñez, alias “Delta 1″, jefe de plaza del CJNG en el Área Metropolitana de Guadalajara y relacionado con personajes del círculo cercano de Enrique Alfaro, como su exsecretario de Seguridad Pública, Daniel Velasco Ramírez.
  • Aunque Velasco Ramírez negó sus vínculos con el CJNG, filtraciones a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) revelaron supuestas comunicaciones entre policías a su mando con lugartenientes de “El Mencho” en donde se reconocía la entrega de 5 millones de pesos y el retiro de unidades de la Fuerza Única Jalisco para facilitar las operaciones del grupo criminal.

Morena, Quintana Roo y el CJNG

Otra de las administraciones que estuvieron bajo la lupa de las autoridades federales por su presunta conexión con el CJNG fue la de Quintana Roo, a cargo de Mara Lezama Espinosa.

  • Según se lee en el libro “El amo de Jalisco: un gobierno con estructura criminal”, las reflectores se posicionaron contra Lezama desde que estaba al frente de la presidencia municipal de Cancún (2018-2022); en ese entonces habría entregado terrenos de alto valor a la empresa Tarjetel Sureste S.A de C.V a cambio de una casa valuada en 4 millones de dórales, según se lee en la investigación 373/2020 de la FGR.
  • La investigación se detuvo, pero no fueron los únicos presuntos nexos de la entonces alcaldesa con el crimen organizado: las investigaciones de la FGR, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Administración para el Control de Drogas (DEA) detentaron un supuesto “pacto de no agresión” entre el Cártel de Sinaloa y CJNG durante la administración de Lezama.

La intención era dejar operar a los grupos de narcomenudeo en la zona turística mientras no hubiera enfrentamientos y se redujera la violencia; a cambio, Mara Lezama fue impulsada y avanzó sin problemas a la gubernatura del estado.

Lista de políticos estatales ligados al CJNG

  • (Baja California) Marina del Pilar Ávila: El exgobernador Jaime Bonilla Valdez acusó en agosto de 2022 a su sucesora de “pactar” con el CJNG y que al incumplirlo se desató una ola de violencia.
  • (Morelos) Cuauhtémoc Blanco: Una fotografía tomada en 2018 dejó ver al exgobernador acompañado de dirigentes criminales de “Guerreros Unidos” y del CJNG; el escenario de la imagen fue la casa parroquial de Yautepec.
  • (Veracruz) Cuitláhuac García: Guacamaya Leaks también reveló que el mandatario protegió redes criminales del CJNG y del Cártel de Sinaloa, permitiendo que la guerra entre ambos se recrudeciera en Xalapa, Coatzacoalcos y Veracruz Puerto, ante la complacencia del Estado. García acusó a Miguel Ángel Yunes Linares y Javier Duarte, de ser quienes permitieron que el narco ingresara a Veracruz.
  • (Michoacán) Alfredo Ramírez Bedolla: “No se le olvide el compromiso”, fueron las palabras de supuestos integrantes del CJNG al mandatario plasmadas en un video que colgaron en redes sociales.
  • (Tabasco) Adán Augusto López: El hackeo a la Sedena reveló que tres funcionarios nombrados por el exmandatario, durante su administración en Tabasco estaban ligados al CJNG o permitieron su ingreso al estado.
  • (Nayarit) Roberto Sandoval: el exgobernador fue señalado de recibir dinero del CJNG a cambio de protección y filtración de información.
  • (Jalisco) Emilio González Márquez: Según información de El Universal ordenó liberar a “El Mencho” después de su detención en 2012 por integrantes de la Secretaría de Marina.

Otros políticos acusados

  • (Tamaulipas) Americo Villareal: El político fue señalado como cercano a grupos afines, precisamente, al Cártel del Golfo. En noviembre de 2022, el grupo Columna Armada ‘Pedro José Méndez’ —nacido como una organización de autodefensas— publicó un escrito firmado por su líder, Octavio Leal Moncada, en el que se reveló su participación activa en la campaña electoral de Villarreal Anaya.
  • (Jalisco) Enrique Alfaro: Aunque en los últimos años el político jalisciense ha sido relacionado con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Sinaloa, las dos principales organizaciones criminales trasnacionales de México, ahora se presentó el primer caso que lo vincula directamente con un miembro del crimen organizado. El mandatario estatal fue mencionado durante el juicio de Raúl Flores Hernández, sentenciado a más de 21 años de cárcel en EEUU
  • (Tamaulipas)Tomás Jesús Yarrington Ruvalcaba: El ex gobernador de Tamaulipas fue extraditado a EEUU en 2018 desde Florencia, Italia, donde se encontraba detenido desde abril de 2017. Era requerido por el gobierno vecino desde 2012, al estar acusado de narcotráfico y lavado de dinero. Según la acusación, el ex funcionario trabajó para el Cártel del Golfo y Los Zetas.
  • (Coahuila) Jorge Juan Torres López: El ex mandatario enfrentó cargos por asociación delictuosa, lavado de dinero y fraude. De acuerdo con los estadounidenses, registró operaciones con recursos de procedencia ilícita por USD 2.7 millones, dinero que terminó en instituciones crediticias de dicho estado y en bancos de las Bermudas.
  • (Tamaulipas) Eugenio Hernández Flores: Fue acusado de asociación delictuosa para lavar dinero, operar un negocio de envío de dinero sin licencia, asociación delictuosa y fraude. El gobierno de Barack Obama lo vínculo con el Cártel del Golfo, de quien presuntamente obtuvo ganancias por USD 30 millones.
  • (Aguascalientes) Reynoso Femat: El gobierno estadounidense lo acusó en 2017 de haber transferido durante su administración alrededor de USD 5.5 millones de para adquirir propiedades en el área de San Antonio. La DEA emitió una orden de extradición en contra de su hijo por el delito de lavado de dinero; la suma corresponde a los millones transferidos por su padre.
  • (Veracruz) Fidel Herrera: La Agencia Antidrogas de los Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) y los Mosso d’Esquadra, policía automática de Cataluña habría monitoreado al ex gobernador priista de Veracuz, Fidel Herrera, hasta dar con presuntos nexos con el crimen organizado durante su gestión. De acuerdo con una investigación de The Cartel Project, llevada a cabo por más de 25 medios entre los que figuran el Washington Post, El País, The Guardian, Le Monde, entre otros, fue tras unos reportes confidenciales a la policía catalana que se comenzaron a recaban las pruebas en contra del mexicano.
  • (Veracruz) Javier Duarte: El que fuera entre 2010 y 2016 gobernador de Veracruz -tercer Estado más poblado de México- cumple hoy una pena de nueve años de cárcel por lavado de dinero y asociación delictiva. Este priista, que fue arrestado en 2017 en Guatemala cuando planeaba fugarse, se declaró culpable de corrupción y alcanzó un pacto con la Procuraduría General de la República (PGR), que le atribuía el saqueo de 13 millones de dólares. /PUNTOporPUNTO

 

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