Fraude, peculado, enriquecimiento ilícito y abuso de autoridad son algunos de los delitos que indaga la Fiscalía General de la República en 27 carpetas de investigación abiertas entre 2019 y 2022 contra Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) y sus empresas Liconsa y Diconsa, donde diversas autoridades han documentado una trama de corrupción que dejó posibles daños al erario por cerca de 10 mil millones de pesos en la gestión de Ignacio Ovalle, su director fundador.
- De acuerdo con información presentada ayer en el pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), se investigan crímenes como uso ilícito de atribuciones y facultades, ejercicio irregular del servicio público y coalición delictiva de funcionarios.
- El pleno del INAI analizó un recurso de revisión interpuesto por un ciudadano inconforme porque la FGR clasificó como reservada la información relacionada con las carpetas de investigación abiertas por presuntos delitos cometidos en Segalmex de 2019 a 2022.
Un ciudadano solicitó a la FGR conocer datos generales de las investigaciones que se han abierto por la presunta comisión de delitos en Segalmex, Diconsa y Liconsa.
Al responder al requerimiento informativo, la FGR señaló que hasta el año pasado la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada contaba con 50 denuncias sobre el tema y que se habían abierto 27 carpetas de investigación contra las instancias señaladas: cuatro en 2019, una en 2020, 14 en 2021 y ocho en 2022.
Agregó que no se han establecido montos definitivos del daño al erario causado por actos de corrupción en Segalmex, “toda vez que no se cuenta con una sentencia condenatoria firme para ninguna de las carpetas de investigación abiertas”.
- El ciudadano también solicitó a la FGR conocer el número o nomenclatura de cada una de las indagatorias iniciadas, pero la fiscalía los clasificó como información reservada.
- La comisionada del Río Venegas señaló en una sesión del pleno del INAI que “en su corta vida, a Segalmex se le relaciona con posibles hechos de corrupción por el presunto desvío de 9 mil 500 millones de pesos, motivo por el cual las autoridades investigan a 29 servidores públicos y 28 personas morales”.
Al resolver sobre la información reservada por la FGR, el pleno del INAI consideró que se trata de da-tos genéricos e índole estadística, por lo que no procede su clasificación.
En Segalmex, negocio sucio con la limpieza
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) encontró que en las contrataciones que llevó a cabo Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), a través de Diconsa, no sólo hubo irregularidades con los proveedores o distribuidores de alimentos, sino que la decisión sobre la empresa de limpieza que se encargaría del servicio en las oficinas en la Ciudad de México está en entredicho.
- Se mencionó que funcionarios públicos contrataron a proveedores que presentaron contratos más caros y no informaron a las autoridades, además de que realizaron pagos en exceso y no hicieron valer las pólizas de garantía para recuperar esos montos, que ascienden a 100 millones de pesos.
Por ello, en la revisión de la Cuenta Pública 2020 —la cuenta 2021 todavía se encuentra en revisión y la del 2022 todavía no inicia—, la ASF determinó el inicio de sanciones administrativas para los servidores públicos que contrataron a la empresa Limpieza y Mantenimiento Xielsa, S.A. de C.V., a pesar de que en el análisis de mercado que les fue entregado, otras compañías cobraban menos por ese contrato
“Diconsa adjudicó a Xielsa un monto total de mil 504 millones de pesos, no obstante que en el mercado existían proveedores con cotizaciones más bajas (mil 321 millones de pesos; mil 400 millones y mil 419 millones de pesos), según se aprecia en el estudio de mercado realizado por Diconsa, sin que esta situación se hiciera del conocimiento de la Secretaría de la Función Pública (SFP) para que tomara las acciones correspondientes”, indica el informe de la auditoría 329 practicada al organismo dependiente de Segalmex.
Además, la compañía Xielsa entregó las listas de asistencia de su personal, con el membrete de la empresa Reisco Operadora de Servicios S.A. de C.V., sancionada por la Secretaría de la Función Pública (SFP). Cuestionado al respecto, el personal de Segalmex dijo desconocer la razón por la que se presentaron esos logotipos.
- Reisco fue investigada por la SFP desde el 2018, pero la resolución se emitió hasta abril del 2021, por incumplimiento de contrato con el Servicio Postal Mexicano. Desde entonces se sabía que Reisco y Xielsa son la misma compañía y en esa ocasión fue inhabilitada para realizar negocios con el Gobierno mexicano durante tres meses y debió pagar 113 mil 235 pesos de multa, lo que fue ignorado por personal de Diconsa.
En el 2022 también fue sancionada la compañía Reisco por la SFP, por presentar información falsa en un proceso de licitación. Fue sancionada con pagar un millón 267 mil 350 pesos e inhabilitada para celebrar contratos con el gobierno hasta febrero del 2025.
Otra de las irregularidades en que incurrió Xielsa en el contrato de 2020 es la adquisición de materiales de limpieza a otra empresa, sin que se explique el motivo de este movimiento.
“En cuanto a la evidencia de la entrega de material de limpieza por parte del proveedor, se proporcionaron 10 documentos que señalan la venta de productos de la empresa Servicio, Mantenimiento y Venta de Artículos para la Limpieza ‘LIMPIEZA TOTAL’, a la empresa Limpieza y Mantenimiento Xielsa S.A. de C.V”, expone la ASF.
- La compañía recibió, además, 488 millones de pesos por los servicios de marzo a diciembre, de los cuales 50 millones de pesos fueron por servicios que no se realizaron a la fecha del pago (diciembre 2020).
- La compañía argumentó que los sellos se encontraban vencidos y no podía refacturar, y ese mismo sistema se empleó en dos contratos por cantidades similares, pagados en las mismas fechas: PSG/345/2020 y PSG/369/2020, con lo que el monto que se debió reclamar por parte de Diconsa asciende a 100 millones de pesos.
Sin embargo, estas pólizas debieron haberse hecho efectivas dentro del año fiscal correspondiente y no ocurrió, por lo que ya no será posible su recuperación. Tampoco hay registro de que haya cubierto las cuotas patronales ante el IMSS y el Infonavit, y no presentó su declaración fiscal en el 2020.
“La empresa cuenta con el registro patronal; de marzo a diciembre de 2020 se registraron 308 empleados; adicionalmente, con la finalidad de verificar que el personal que prestó el servicio estuviera dado de alta ante el IMSS y el Infonavit, se identificó que cinco de las 23 personas que realizaron los servicios no se localizaron en los registros de los institutos”, por lo que la ASF pidió a las instituciones que informaran la situación de los trabajadores.
- La propia Auditoría solicitó al Servicio de Administración Tributaria (SAT) instruya a quien corresponda, con el propósito de que audite a Limpieza y Mantenimiento Xielsa, por encontrarse con resolución definitiva en el Listado Global en términos del artículo 69-B, que sanciona a las empresas porque “emitieron comprobantes fiscales sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes”.
Además, el domicilio registrado en la Cédula de Identificación Fiscal difiere del señalado en los contratos firmados y el SAT informó que la empresa no presentó declaración anual del ejercicio de 2020.
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) abrió un nuevo micrositio en su portal, donde concentra las solicitudes de información presentadas ante esa instancia, las obligaciones de transparencia que tiene Segalmex, Diconsa y Liconsa.
Desde su creación en el 2019, Segalmex ha sido sometido a 84 actos de fiscalización por parte de la ASF, lo que motivó la observación de los nueve mil 500 millones de pesos que “se encuentra en proceso de revisión o recuperación”.
FGR deberá dar a conocer detalles del caso Sedalmex
Actualmente el organismo de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), Diconsa y Liconsa se han visto relacionadas con el posible desvío de recursos de 9 mil 500 millones de pesos, motivo por el cual las autoridades mexicanas se encuentran investigando a por lo menos 29 servidores públicos y 28 personas morales.
Bajo este sentido, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) determinó que la Fiscalía General de la República (FGR) debe entregar información relacionada con las denuncias presentadas por el caso.
Es decir, deberá transparentar información referente al presunto desvío de recursos, mismo que de ser comprobado podría significar un desfalco aún más grande al efectuado en la Estafa Maestra — hecho documentado durante el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto (EPN)— según aseguró la comisionada del INAI, Norma Julieta del Río.
En este sentido, la comisionada aseveró que resulta “trascendental” que la FGR haga entrega de la información por el posible daño patrimonial a Segalmex, Diconsa y Liconsa, la cual corresponde a los siguientes puntos específicos:
-Cuantas indagatorias ha iniciado por posibles hechos constitutivos de delitos en Segalmex, Diconsa y Liconsa, de enero de 2019 a la fecha
- Cuál fue la irregularidad denunciada
- El número de personas indiciadas, el delito que se investiga
- El monto económico o el daño observado que pudiera recaer en un daño patrimonial
- El estatus de cada una de las investigaciones
- Cuántas órdenes de aprehensión y de presentación o comparecencia
- En caso de haber órdenes judicializadas, indicar número de causa penal y órgano jurisdiccional.
Cabe señalar que dicha información fue solicitada por un particular, quien solo recibió una respuesta parcial del caso, ya que, según argumentó la FGR —Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción — si bien podía dar a conocer cuantas denuncias hay relacionadas con el caso (son 50 en total), los demás datos se encuentran desglosados en documentos inmersos en carpetas de investigación en trámite, por lo que se encuentran clasificados como “reservados”.
Sin embargo, la respuesta fue rechazada por el INAI, institución que tras un recurso de revisión, determinó que la información solicitada es de carácter genérico y/o estadístico, por lo que no se pone en riesgo la conducción de las investigaciones, porque no está vinculada a personas plenamente identificadas, “siendo que no obran únicamente en las carpetas de investigación”.
Además, según criterios establecidos en por el órgano, sin importar la materia, la información de carácter estadístico es de naturaleza pública.
- El caso Segalmex: Desde 2020, la ONG Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) se ha dedicado a investigar a Segalmex, descubriendo así una posible red de corrupción que estaría tejida en la entrega de convenios multimillonarios irregulares, extravíos de estados financieros y otorgamiento de contratos a empresas fachada.
De acuerdo con la organización —misma que dio a conocer el caso de la Estafa Maestra de la mano de Animal Político— la Auditoria Superior de la Federación (ASF) detectó irregularidades por 11 mil millones de pesos en Segalmex, superandos los 7 mil 600 millones reportados el caso de la Estafa Maestra.
Así, la información recopilada por MCCI en los últimos años ha conectado distintos momentos que dejarían en evidencia actos de corrupción.
Cabe señalar que el caso escaló a tal grado que por los hechos, tres altos funcionarios de Segalmex fueron cesados por su posible implicación en la red de devíos. Meses después de que se diera a conocer dicha información, en abril de 2022, el extitular de la Unidad de Administración y Finanzas del organismo, René Gavira, fue vinculado a proceso por su presunta responsabilidad en el uso ilícito de recursos públicos./Agencias-PUNTOporPUNTO
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