A poco más de dos años de imponerse tope al precio del gas licuado de petróleo (LP) en México para controlar inflación y efecto que tendría en la economía de familias mexicanas, comercializadores y distribuidores sufrieron las consecuencias de dicha medida, tanto así que especialistas estiman que se perdieron en este lapso casi 30 mil empleos y se suspendieron varias inversiones.
- Eduardo Téllez, consultor independiente especialista en downstream (actividad tras la extracción del hidrocarburo) y midstream (transporte), explicó que esto significa entre 15 y 20 por ciento de la plantilla total de la industria, porcentaje que incluye también a trabajadores del área de nuevos proyectos, pues tuvieron que detenerlos.
- “Hubo varias rutas que se dejaron de cubrir, puesto que había zonas de alta demanda que permitían a empresas tener un mejor margen, y con ese beneficio incluso atender las vías de menor rentabilidad, pero ahora la medida provocó que incluso ahí entrara el mercado negro”, explicó el analista.
Recordó que el gobierno también pierde con el control máximo de precios porque deja de recibir recursos importantes por conceptos de impuestos al Valor Agregado (IVA) y Sobre la Renta (ISR).
- De acuerdo con la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), el mercado de gas LP resulta relevante porque es un insumo utilizado por más de 90 millones de mexicanos, además de que las familias destinan, en promedio 4 por ciento de su gasto para cubrir su consumo.
- Mientras, la Encuesta Nacional sobre Consumo de Energéticos en Viviendas Particulares del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi), apunta que el combustible de mayor uso es el gas LP, con 79 por ciento de los hogares; le sigue el uso de leña o carbón, con 11 por ciento, y el gas natural representa 7 por ciento.
- Sin efectividad Susana Cazorla, sociade SCIEnrgy, explicó que los controles de precios históricamente en México y en otras partes del mundo tienen muy poca efectividad y eficiencia, por lo que normalmente no se consigue el objetivo planteado y trae más problemas que beneficios tanto a empresas como para la sociedad en general.
Señaló que un efecto negativo de la medida del gobierno, al querer controlar los precios, es que recortó el ingreso de los distribuidores y con ello los kilómetros recorridos, por lo que se dejó de llegar hasta la última milla, donde están las familias de bajo recursos y que paradójicamente son los que pudieron verse beneficiados de estos precios menores y no tuvieron acceso.
“Por un lado dejas el precio controlado y a los que quieres ayudar ya no tienen acceso, porque los distribuidores ya no llegan porque recortaron kilómetros recorridos. Quienes más se benefician no son los que tienen menos ingresos sino al contrario”, remarcó.
- El director ejecutivo en S&P Global Platts Oil & NGL, Adrián Calcaneo, calificó esta política como al vapor, ya que en un fin de semana se cambió toda la metodología para determinar el precio del gas LP de un país entero, y afirmó que los precios suben por factores externos.
“A diferencia de lo que se mencionó, los precios no subieron por abuso en gran medida de los distribuidores, (sin) por factores externos; principalmente, la gran demanda de gas LP en Asia para uso petroquímico”.
Al ir con una política de precios máximos se trata de tapar el sol con un dedo, controlar algo que no se puede controlar, empiezas a meterle ruido al mercado interno de manera innecesaria porque estaba reaccionando a un factor internacional”, remarcó el especialista.
Piden eliminar tope máximo al precio del gas LP
Distribuidores de gas licuado de petróleo (gas LP) pidieron que se elimine el control de precios máximos para venta al público, ya que ha limitado las inversiones en el sector y pone en riesgo incluso la seguridad de las instalaciones, equipos, personal y consumidores.
“Que se elimine esta restricción de la regulación de precios máximos, regresar a un mercado abierto. Tener un mercado cerrado nos va a llevar francamente a aspectos en donde tengamos poca inversión, poca competencia y no queremos llegar a esos escenarios”, expresó Luis González, asesor jurídico de la Asociación Mexicana de Gas Licuado y Empresas Conexas (Amexgas).
- Este es uno de los principales retos que enfrenta actualmente el sector, aseguró en su participación en el foro “Necesidad de regulación del sector del Gas LP y petrolíferos”, durante la Semana de Combustibles 2023.
Al respecto, Tzirancamaro Figueroa, presidente de la Asociación de Distribuidores de Gas LP (ADIGAS), recordó que la medida del control de precios al público fue impuesta por el gobierno federal en 2021, derivado de que la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) en ese entonces había detectado algunas anomalías en el funcionamiento del mercado del energético, además de que su precio venía incrementándose desde meses atrás, dañando así la economía familiar.
- Por ello, el representante empresarial opinó que no solo se deben señalar los aspectos en donde falló el mercado, sino que gobierno e industria trabajen para corregir esos fallos y, eventualmente, eliminar el precio máximo.
- “Los precios máximos son solo una medida provisional, estacional, en lo que el gobierno en conjunto con la industria privada logran corregir el mal funcionamiento que se haya detectado en los mercados”, apuntó Figueroa.
Por su parte, Beatriz Marcelino, directora general de Grupo CIITA, dijo que las afectaciones a la industria por la aplicación de la medida de contención de los precios han sido considerables, al grado de que las inversiones han caído.
“Grupos grandes han querido crecer, antes tenían planeadas 10 plantas y 50 estaciones de gas, [pero] con los precios máximos es casi imposible el crecimiento”, manifestó.
- Retomó el reclamo que ha expresado la industria desde hace dos años cuando entró en vigor el mecanismo de precios, en el sentido de que se han perdido empleos, se han tenido que “sacrificar” algunas plantas de distribución y algunas rutas de reparto.
- Añadió que se ha dejado de distribuir el gas en zonas apartadas ante los gastos que representa el desgaste de llantas, el diésel para las pipas y, por si fuera poco, derecho de piso que exigen a los operadores.
“Las autoridades municipales en otros estados piden poner una planta [de gas LP] porque la gente sigue cocinando con leña, con afectación a la salud”, alertó.
Los ponentes coincidieron en que, si no entra dinero para invertir en la propia industria, no solo no crecerá, sino que verá deteriorarse en el mediano plazo por la falta de recursos para mantenimiento, lo que comprometerá la seguridad de las instalaciones y de los usuarios.
- La Comisión Reguladora de Energía (CRE) publicó el 29 de julio de 2021 en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el “Acuerdo A/024/2021, que establece la regulación de precios máximos de gas licuado de petróleo objeto de venta al usuario final, en cumplimiento a la Directriz de emergencia para el bienestar del consumidor de gas licuado de petróleo, emitida por la Secretaría de Energía, con la finalidad de proteger los intereses de los usuarios finales”.
Desde entonces, cada seis meses amplía la vigencia del Acuerdo por un plazo similar.
Beatriz Marcelino reconoció que la aplicación de este precio tope ha beneficiado a los consumidores finales. “Para el consumidor sí, muy bien. El precio del gas ha bajado mucho desde que se dieron los precios máximos”, externó.
- A mediados de agosto de 2021, el precio por kilogramo del gas LP en el Valle de México se encontraba en los 21.77 pesos, mientras que el precio por litro estaba en los 11.76 pesos, IVA incluido en ambos casos, según datos de la AMEXGAS.
Al mismo mes de 2023, estos precios bajaron a 16.31 y a 8.81 pesos por unidad, respectivamente. En dos años, estos precios descendieron en 25 por ciento por igual.
Marcelino del mismo modo pidió piso parejo en la regulación de toda la industria de energéticos. Pidió la liberación de permisos por parte de la CRE, la cual está dando curso a unos 500 permisos en materia de venta de petrolíferos en estación de servicio, contra 50 de gas LP.
Tope al gas LP no beneficia al consumidor
Por otra parte la Asociación Iberoamericana de Gas LP (AIGLP) consideró que los controles de precios al gas LP, como el impuesto en México, no son la mejor solución para proteger el bolsillo de los consumidores.
- «La AIGLP defiende la libertad de precios, entendemos nosotros que la libertad es esencial para que los productos puedan ser comercializados con igualdad», señaló Ricardo Tonietto, presidente de la AIGLP.
- Dijo que si bien en muchos países existen zonas con pobreza energética, es mejor diseñar programas focalizados.
- «Nosotros defendemos que si hay una población pobre que necesita de un programa, a esas personas se les debe establecer un programa social específico, con una acción recurrente para poder combatir la pobreza energética», señaló.
En julio de 2021, durante la pandemia de Covid-19, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) estableció una directriz de emergencia para topar el precio máximo de venta al público de gas LP ante el incremento del energético.
- Dicha medida provocó que el sector del gas LP, especialmente los comisionistas -que son aquellos que llevan el energético hasta los hogares-, se manifestaran en contra, pues el control de precios acotaba su margen de ganancia de pesos a centavos.
- Aunque la medida sería por seis meses, la CRE la extendió por un año y posteriormente emitió un acuerdo para dejar el tope de precios permanentemente.
- Luis Landeros, presidente de la Asociación de Distribuidores de Gas LP (ADG), dijo que, actualmente, se han regularizado los precios internacionales del gas LP, con lo que se ha podido recuperar un margen de ganancia para operar.
«Pues sí hubo épocas difíciles donde la industria del gas LP tuvo que incluso poner para poder salir a las calles y poder respetar este control de precios porque había meses o semanas en donde salía más caro sacar las rutas a la calle que que dejarlas adentro. «Pero ahorita ya tenemos una estabilidad de precios y una estabilidad de margen», agregó./Agencias-PUNTOporPUNTO
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