La falta de preparación y la poca capacidad de las autoridades de Tijuana para actuar en el combate al narcomenudeo están devolviendo a miles de acusados a las calles de esta frontera, la más mortal del país debido a la venta de drogas.
Estas omisiones provocaron que, de 2016 a mediados de 2019, ya con el Nuevo Sistema de Justicia Penal, no se lograra sentenciar a nadie por el delito de comercio de drogas al menudeo. Los datos hablan solos: de más de 12 mil detenidos en este periodo, solo hubo 182 sentencias y fueron únicamente por posesión.
- El día que Federico compareció en la sala 4 del Nuevo Sistema de Justicia Penal de Baja California tenía a su lado únicamente a un abogado de ocio. Sin mayor preocupación aceptó la acusación de la policía de Tijuana: llevaba 91 envoltorios de droga.
- La denuncia de una mujer en la colonia zona norte de Tijuana – un distrito ubicado a unos pasos de la frontera con San Diego, California, y conocido por su oferta de bares, prostitución, venta de droga y alto número de homicidios- fue lo que llevó a su detención, según consta en el informe policiaco del día de su arresto.
- Delgado y con la cabeza casi rapada, el trabajador de una de las miles de fábricas de esta frontera se mantuvo callado y atento durante la audiencia. Con timidez armó entender su situación legal. Ese día parecía haberse acicalado para su presentación ante la jueza.
Y aunque los 36 gramos de metanfetamina que llevaba estaban muy por encima de los 40 miligramos que permite la Ley General de Salud para consumo personal, la fiscalía no presentó elementos suficientes que comprobaran que se dedicaba a la venta de estupefacientes.
El resultado fue que dos días después obtuvo su libertad condicional con tres simples condiciones: no usar drogas, mantener un empleo y estar localizable.
La fiscalía y la policía auguraron dos escenarios: Federico regresaría a las las del narcomenudeo o probablemente lo asesinarían. La sentencia de muerte se cumplió.
El círculo mortal
La historia de Federico se repite sistemáticamente en las salas del Poder Judicial en Baja California: presuntos narcomenudistas entran y salen sin sanciones severas por la droga que les encuentran, llevando a Tijuana a una espiral de violencia que parece no tener n, según datos de la fiscalía.
“Podemos decir con toda precisión que la gran mayoría de las muertes están relacionadas con el tema de narcomenudeo, y por supuesto que va de la mano el tema del homicidio con el comercio de drogas”, asegura Jorge Álvarez Mendoza, fiscal regional.
- A pesar de esta relación, en la ciudad de Tijuana ningún juez concretó una sentencia por distribución de estupefacientes en los primeros tres años de operación del Nuevo Sistema de Justicia Penal, de acuerdo con datos entregados vía transparencia a Tijuanapress.com. Esto ocurrió al mismo tiempo que el municipio se posicionó como el más violento del país con más de 6 mil homicidios de 2016 a 2019, según las estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
- Alfonso Durazo, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno federal, confirmó este escenario justo al cierre del 2019. “De los municipios que tienen más homicidios dolosos, en cifras absolutas, Tijuana tiene el mayor número”, armó. Así, este municipio se colocó por encima de Cd. Juárez, Chihuahua; Acapulco, Guerrero; León, Guanajuato, y Culiacán, Sinaloa.
Entre junio de 2016 y agosto de 2019, las diferentes corporaciones policiacas de Tijuana detuvieron mensualmente, en promedio, a 300 personas que cargaban desde marihuana hasta heroína, según las estadísticas del Poder Judicial, obtenidos vía transparencia. Un total de 12 mil 308 detenidos en ese periodo, pero solo uno de cada 10, es decir mil 254, llegaron ante un tribunal. Ahí el embudo se hace aún más delgado: únicamente 182 completaron su proceso penal. Estas cifras son las que hacen que Tijuana esté muy cerca de ser considerada la capital del narcomenudeo.
En los juzgados no parece haber una verdadera pelea contra el comercio de drogas. Las pocas sentencias que se lograron fueron por posesión simple, la variante de este delito que tiene la pena más laxa.
En un análisis hecho a más de tres bases de datos entregadas por las autoridades, se encontró que de los más de 12 mil consignados a la Procuraduría, nueve de cada diez fueron acusados sólo de posesión de narcóticos y del resto, 35 fueron por comercio y 27 por posesión con fines de comercio.
- Sumado a todo esto, el 80% de los detenidos no tenía una sentencia clara porque sus casos seguían en proceso, informó el Tribunal de Justicia de Baja California.
- La realidad en los juzgados es clara: «El sistema está colapsado», aseguró un juez que pidió no ser identificado y que calcula atiende hasta 12 audiencias diarias; la mayoría por narcomenudeo.
- Del total de personas llevadas ante la scalía, por delitos relacionados con drogas, cuatro de cada diez, es decir 4 mil 565, ya habían pisado antes esas ocinas por lo menos una vez. De esta población reincidente, 56% llevaba entre tres y 13 aprehensiones en sus récords, según datos de la Fiscalía.
Además de esto, el Tribunal de Justicia respondió que en sus primeros tres años de operación con el nuevo sistema, los jueces de control declararon ilegales 331 detenciones. Eso significa casi el doble de las sentencias logradas en el mismo lapso. Los jueces argumentan que no es difícil emitir estas conclusiones cuando se leen las carpetas con la información policiaca.
- En las más de 150 sentencias obtenidas y revisadas para este reportaje, se encontró que los agentes de la policía muchas veces usan la misma versión para más de un caso e incluso en distintas carpetas se leen narraciones similares de cómo y por qué detuvieron a la persona.
El análisis de todas las detenciones, sentencias y homicidios respalda las voces de jueces y abogados consultados: La cadena de impartición de justicia en Tijuana está rota.
La policía invierte gran parte de sus recursos y su tiempo en aseguramientos cuestionables, mientras el Ministerio Público procesa aportando muy poca evidencia y con magros resultados.
En esta línea, los tribunales sólo supervisan un trámite en el que optan por ver a los imputados más como enfermos que como delincuentes, apelando a la legislación antidrogas.
El detonador de homicidios
Entre junio de 2016 y agosto de 2019, Tijuana, una ciudad que oficialmente tiene 1.8 millones de habitantes, registró 6 mil 190 homicidios, un promedio de cinco asesinatos diarios, y en días muy malos hasta 16 muertos (27 de octubre, 2018), de acuerdo con los datos de la fiscalía que fueron analizados.
«Es un factor que no ha cambiado aquí en la ciudad, la gran mayoría de los homicidios están relacionados con el tema de narcomenudeo», asegura Jorge Álvarez, representante de la autoridad en Tijuana.
Este problema no es nuevo y Álvarez no es el único que lo relaciona con los principales generadores de criminalidad.
«De la problemática que tiene la ciudad en seguridad, el 80%, 85% está relacionado con la cuestión de narcomenudeo», explica Mario Martínez, exdirector de la Policía Municipal.
Relación entre narcomenudeo y homicidios
A partir de un análisis de las detenciones y los asesinatos en Tijuana, Baja California, de junio 2016 a julio 2019, se det zonas en las que se realizaron un mayor número de arrestos por posesión de droga también se registró un número al En la siguiente visualización se pueden comparar ambos fenómenos a nivel colonia.
La falta de investigación
«Este es un sistema que da oportunidades», fue lo que le dijo la jueza Lourdes Garza Chávez a Federico, el joven trabajador de una maquiladora presentado en la sala 4 del Centro de Justicia penal con los 91 envoltorios de metanfetamina.
- Después de pasar por lo que se conoce como un “juicio abreviado”, que es un acuerdo entre el abogado defensor y el representante de la Fiscalía avalado por el juez, Federico se comprometió a cumplir condiciones muy simples: mantenerse en el mismo domicilio, someterse a dos exámenes antidoping en seis meses, conseguir un trabajo y presentarse ante la Unidad de vigilancia y seguimiento de benecios penitenciarios.
Así después de una escasa o inexistente investigación, el juez aceptó agilizar el proceso, otorgó cuanto benecio contempla la ley, y el negocio del narcomenudeo en la ciudad siguió su ciclo.
En varias de las sentencias a las que se tuvo acceso hay otro común denominador. Los jueces arman explícitamente que no se puede acreditar que los detenidos poseían la droga para comercializarla, y de manera textual agregan que “ante la inexistencia de dato de prueba”, lo que queda es sentenciar por posesión simple.
No parece importar que el informe policial homologado y el examen químico confirmen que las cantidades exceden lo permitido para consumo personal.
Gracias a esto los imputados libran una pena de hasta ocho años en la cárcel por comercio de drogas, mientras que por posesión simple el castigo es de 10 meses a tres años si se llega a juicio. El procedimiento abreviado se convierte en su mejor salida.
Además, a la mayoría les cambiaron los 10 meses de prisión por benecios (sanciones) similares a los otorgados a Federico, y multas que promediaron los cinco mil pesos o mucho menos, según consignan las sentencias revisadas para este reportaje.
La eficiencia de un sistema tan permisivo también es cuestionada por jueces e investigadores justamente porque el porcentaje de cumplimiento de los benecios es sumamente bajo./EL UNIVERSAL-PUNTOporPUNTO
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