Con el voto unánime de 91 legisladores, el pleno del Senado aprobó la reforma que responsabiliza de manera directa a los secretarios de Estado de la corrupción que pueda derivarse de la contratación de obras y servicios.
- De esta forma, el Senado pone un candado que evitará la repetición de actos como los protagonizados por la exsecretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, cuya dependencia contrató a universidades públicas, que a su vez contrataron a empresas fantasma que cobraron, pero no hicieron el trabajo, hechos que fueron descubiertos por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y publicados el 26 de febrero de 2017 en Excélsior.
- La reforma, promovida por el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, establece que “el titular de la dependencia contratante deberá suscribir los contratos correspondientes y será responsable de vigilar el cumplimiento”.
- De acuerdo con la valoración de las comisiones unidas, es necesario establecer que, “en el caso de que se contraten bienes o servicios entre entidades públicas federales y estatales, y bajo el supuesto de que la entidad obligada a entregar el bien o prestar el servicio no tenga la capacidad para hacerlo por sí misma y contrate un tercero para su realización, se establezca que el titular de la de la dependencia contratante sea quien suscriba los contratos correspondientes y que sea el mismo titular el que, por ley, deba llevar a cabo la vigilancia del cumplimiento irrestricto de los términos del contrato respectivo”.
- Añade el dictamen que existe coincidencia en el Senado en “la necesidad de eliminar los actos de corrupción, que puedan derivarse por el manejo de recursos públicos, destinados a cubrir las necesidades de sectores en situación de vulnerabilidad y en condiciones de pobreza y marginalidad, por parte de las autoridades”.
- Los cambios avalados por el Senado para que los secretarios de Estado asuman toda la responsabilidad por actos de corrupción consisten en una adición al artículo uno de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Luego de su aprobación, la minuta fue enviada a los diputados.
Como efecto de la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF descubrió que cuatro instituciones propiciaron un posible daño al erario por 831 millones 141 mil 905.60 pesos.
- El método consistió en simular contratos e incluso dependencias federales otorgaron contratos a instituciones educativas de nivel superior que no contaban con la capacidad para cumplir.
- A su vez, las universidades subcontrataban a terceros, que tampoco tenían la documentación que comprobara que los servicios fueron realizados, lo que provocó que la ASF realizara “auditorías forenses”, pidiera procedimientos administrativos a servidores públicos, impusiera multas a empresas, exigiera al Servicio de Administración Tributaria (SAT) investigaciones a contribuyentes y presentara denuncias ante la extinta PGR./EXCÉLSIOR-PUNTOporPUNTO
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