A partir de este sábado entrará en vigor el decreto que extiende el uso de la fuerza militar en tareas de seguridad pública hasta 2028.
- Después de que el Congreso de la Unión y la mayoría de los congresos locales del país ratificaron esta reforma, el presidente Andrés Manuel López Obrador publicó este viernes, en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el decreto mediante el cual se reforma el artículo 5º transitorio del decreto constitucional en materia de Guardia Nacional, publicado en 2019.
Así, el ejecutivo federal oficializa la ampliación del uso de la fuerza militar en tareas de seguridad pública durante los próximos nueve años—contados a partir de 2019—.
«Durante los nueve años siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, en tanto la Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial, el Presidente de la República podrá disponer de la Fuerza Armada permanente en tareas de seguridad pública», establece el decreto, publicado en el DOF.
Según se establece en el documento, conforme a los términos planteados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), esa participación deberá ser extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria.
- El decreto establece también que la Fuerza Armada deberá capacitarse en la doctrina policial civil y que las acciones que se llevan a cabo, en ningún caso tendrán por objeto sustituir a las autoridades civiles de otros órdenes de gobierno.
- Además obliga al Ejecutivo Federal presentar al Congreso de la Unión un informe semestral sobre el uso de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, proporcionando los indicadores cuantificables y verificables que permitan evaluar los resultados obtenidos.
También establece la creación de un fondo de apoyo para que entidades y municipios fortalezcan sus instituciones de seguridad pública civiles. Dichos recursos no podrán ser menores, en términos porcentuales, al incremento que reciba la Fuerza Armada permanente y la Guardia Nacional para tareas de seguridad pública cada año.
La reforma para ampliar al 2028 la presencia del Ejército en las calles, con “controles parlamentarios” fue aprobada el pasado 13 de octubre por la Cámara de Diputados con mayoría calificada y con la oposición dividida. Para avalarla se sumaron a Morena y sus aliados legisladores de los Partidos Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD).
- La ampliación de la presencia militar en las calles hasta 2028 ha sido un tema de preocupación entre organizaciones de la sociedad civil , como Amnistía Internacional, Human Rights Watch y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, pues han alertado que México se encuentra en medio de una militarización, dado que este cambio deja al país sin policía federal civil y otorga las tareas policiales federales exclusivamente a instituciones militares, contradiciendo los estándares internacionales de derechos humanos.
Apenas este miércoles 16 de noviembre, Arturo Zaldívar, ministro presidente de la SCJN, adelantó que el próximo 28 de noviembre será cuando los ministros analicen la constitucionalidad de este documento.
Duplica los militares en las calles, pero violencia no cesa
El despliegue de militares en las calles para tareas de seguridad durante la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador es casi el doble de los que hubo en los sexeníos de los expresidentes Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, de acuerdo con datos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) obtenidos vía transparencia.
Los datos indican que en 2021 había 90 mil efectivos desplegados en tareas de seguridad pública en todo el país, mientras que al cierre del gobierno el priísta en 2018 eran 54 mil, y en 2012, cuando terminó el gobierno calderonista, estaban en las calles 49 mil elementos castrenses.
- Andrés Manuel López Obrador definió su estrategia contra la inseguridad como una política de “abrazos no balazos”, aunque en los hechos ha ido incrementando la cantidad de efectivos desplegados en todo el país.
- Durante todo el 2019 había 52 mil 70 soldados en las calles; para el 2020 la cifra se incrementó a 76 mil 198; en 2021 escaló a un total de 90 mil 23 uniformados, y para el año en curso, hasta julio, disminuyó a 85 mil 806, según muestran los datos de la dependencia.
El Presidente ha insistido en la permanencia del Ejército en las calles del país para realizar tareas de seguridad y contra el crimen organizado hasta el 2028, algo que se aprobó en días recientes por parte del Senado y la Cámara de Diputados, y que sólo se espera a que 16 de los 32 congresos de los estados den el visto bueno para que sea promulgado por el Ejecutivo federal.
No obstante, la maniobra del presidente de enviar un mayor número de soldados a los estados y municipios con más índices de violencia, en algunos casos lo que ha propiciado es aumentar la cifra de homicidios dolosos con armas de fuego, de acuerdo con especialistas en seguridad.
- Edgar Ortiz Arellano, académico de la UNAM y especialista en seguridad nacional, explica que el incremento de soldados en las calles en actividades de seguridad pública es una tendencia ascendente que viene desde el gobierno de Calderón, y AMLO ha continuado con ella, pero no con una estrategia de un combate frontal al crimen organizado y a diferentes tipos de delitos que tienen una fuerte incidencia en el país.
“Este gobierno pareciera que hizo las cosas de manera inversa. Aumentó el número de efectivos, quizás como una estrategia de disuasión, pero también se dejó a un lado el combate frontal ante los actos de violencia de diferentes actores hostiles a la sociedad mexicana. Esto se refleja en un aumento en ella (…) No se refleja en los resultados de menor incidencia delictiva” sostiene el académico.
“La tendencia de ir aumentando el número de Fuerzas Armadas es una respuesta reactiva al aumento de la violencia en el país. Es decir, los índices de criminalidad de homicidios por arma de fuego, de delitos del fuero común, de aumento de los factores de riesgo que fomentan la violencia y la delincuencia han ido en aumento”, señala el investigador.
- Ante esto expone que la presencia misma del Ejército de las Fuerzas Armadas no es suficiente para detener una gran ola de violencia, de actos delictivos: “Incluso aquellas ciudades, como lo era la Ciudad de México, por lo menos en el discurso, eran relativamente seguras. Ahora se encuentran también bajo la sombra de diferentes grupos criminales que de manera impune operan”, dice.
Paloma Mendoza especialista en seguridad nacional y Fuerzas Armadas, coincide y resalta que la presencia de militares influye en la dinámica y competencia de las organizaciones locales. “Razón por la cual se presenta un incremento estadístico de homicidios, ya que se reconfigura el mapa de influencia de cada organización criminal. Es de esperarse este tipo de reconfiguraciones y por tal razón, una buena cantidad de colegas apuestan por la importancia de la inteligencia en vez del despliegue operativo y manifestación de fuerza”, subraya.
Un claro ejemplo de esto es lo ocurrido con la capital del país, donde hay más militares desplegados aunque no se ven de manera tan clara en operativos como en otras entidades. Al inicio de este sexenio, en 2019, se contaban 911 elementos; para 2021 subió a siete mil 389.
- Sin embargo, la Ciudad de México es el sexto lugar a nivel nacional en homicidios dolosos con arma de fuego con tres mil 962 en estos cuatro años, mientras que los últimos cuatro del expresidente Enrique Peña Nieto, se registraron dos mil 300, es decir, casi se duplicaron. A esto se agrega que es una de las cinco entidades del país donde más repuntó el delito de narcomenudeo como publicó hace unos días este diario.
El Estado de México es la segunda entidad con más despliegue de efectivos. Hasta este año se suman cinco mil 150, no obstante, es el tercer lugar a nivel nacional en homicidios dolosos con más de cinco mil 900.
- En Guanajuato se ha registrado un aumento significativo de elementos castrenses durante la actual administración federal; pasaron de mil 49 soldados en 2019, a tres mil 919 para 2021, casi cuatro veces más.
- Sin embargo, Guanajuato es el estado más violento del país desde hace algunos años. El estado cerró septiembre como el más violento del país según cifras de la Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana con 309 homicidios dolosos.
En promedio, la entidad gobernada por el panista Diego Sinhué Rodríguez Vallejo suma dos mil 200 homicidios dolosos con arma de fuego por año durante el presente sexenio, mientras que en todo el 2015 se registraron sólo 600.
En octubre se registró un ataque en el bar Pantano, en Irapuato, que dejó 12 personas muertas. Esta ciudad, es la segunda más peligrosa del país de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del Inegi, dada a conocer la semana pasada. La ciudad más peligrosa, según la percepción de sus habitantes, es Fresnillo, Zacatecas.
Militares toman las aduanas
La flamante Agencia Nacional de Aduanas de México ((ANAM), a la que Horacio Duarte renunció el 12 de octubre, es una dependencia administrada completamente por las Fuerzas Armadas, revelan documentos hackeados por Guacamaya.
- La ANAM tiene previstas 5 mil 521 plazas laborales para 2023. Correos hackeados indican que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) asignará al menos 2 mil 700 elementos, incluidos mandos y colaboradores cercanos en aduanas fronterizas e interiores.
Lo anterior, sin contar a elementos de la Marina en aduanas de los puertos.
Desde agosto, todos los jefes de las aduanas fronterizas e interiores «coordinadas» por la Sedena ya eran militares, incluidos tres generales y siete coroneles, muchos de ellos sacados del retiro.
Pero no sólo son los mandos: también los Oficiales de Comercio Exterior (OCE) y los jefes de departamento son, o serán, del Ejército.
- Desde el 3 de junio, la Sedena había advertido a la ANAM que «las aduanas deben quedar consolidadas bajo control militar a más tardar el 5 de diciembre de 2022».
- Para el 8 de agosto, la ANAM ya había contratado a 642 oficiales y soldados, y Duarte gestionaba que la Secretaría de Hacienda le autorizara 2 mil 58 plazas adicionales, todas para militares.
- El 19 de agosto, la SHCP aún no autorizaba mil 697 plazas reclamadas por la Sedena, con costo de 254.7 millones de pesos para el resto de 2022.
De ellas, 271 eran para militares que completaron un curso para laborar como oficiales de comercio exterior, que son la autoridad que opera físicamente las actividades cotidianas en las aduanas.
Los militares también fueron quienes enviaron a Duarte el proyecto de reforma al Reglamento Interior de la ANAM, publicado el 24 de mayo, por el cual todas las aduanas interiores pasaron a la Sedena, que originalmente controlaba sólo las fronterizas.
En las anotaciones de la Sedena a este proyecto, se aclaró que quitarle a la ANAM las nueve aduanas interiores fue una orden directa del Presidente Andrés Manuel López Obrador.
Las rotaciones entre mandos también las decide la Sedena. El 26 de enero, el General Guillermo Briseño, subjefe Operativo del Estado Mayor Conjunto, informó que movió a 10 militares del mando de una aduana a otra, en la frontera norte./Agencias-PUNTOporPUNTO
Documento íntegro:
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