La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto con el que se crea la Comisión presidencial encargada de la coordinación nacional para combatir el tráfico ilícito de drogas sintéticas y armas de fuego y sus municiones.
- Esta instancia será la encargada de fungir como grupo de trabajo especial para el seguimiento de las acciones que tomen todas las entidades del gobierno federal, cada una en el ámbito de sus respectivas competencias, para combatir el tráfico de estos objetos ilícitos.
La comisión será presidida por la titular de la SSPC, Rosa Icela Rodríguez, y la integrarán también los titulares de las secretarías de Gobernación, Relaciones Exteriores, de la Defensa Nacional, Marina, Salud y los responsables de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Procuraduría Fiscal de la Federación, del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y de la Guardia Nacional (GN).
La Fiscalía General de la República (FGR), debido a su carácter de órgano autónomo, participará como invitado permanente, pero sin voto.
- Dentro de los considerandos que llevaron a tomar la decisión de crear esta comisión, se menciona “Que el uso del fentanilo con fines no médicos, comoadulterante de la heroína y de otras drogas, y para falsificar fármacos opioides implica un alto riesgo de sobredosis y muerte por depresión respiratoria, el cual es un efecto secundario habitual de los opioides y obedece a la imprevisibilidad de la potencia de las sustancias que se encuentran en los mercados ilícitos en diferentes formas.
“Que, del 6 al 20 de febrero de 2023, se aseguraron 35.2 millones de dosis de fentanilo con un peso de 65 kilos, es decir, el número de dosis de fentanilo aseguradas en el país aumentó casi nueve veces en comparación con lo decomisado en el periodo anterior, al incrementarse de 35.2 millones de dosis a 302 millones, un aproximado de 857 por ciento”.
La comisión deberá instalarse dentro de los diez días hábiles a la entrada en vigor de este decreto.
México pide ante la ONU que países productores refuercen el control de armas
Juan Ramón de la Fuente Ramírez, representante permanente de México ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), expresó este lunes que en el tráfico de armas, es mayor la responsabilidad que tienen los Estados que las producen.
- Ante el Consejo de Seguridad de la ONU, Juan Ramón de la Fuente destacó que por ello, «para México resulta especialmente importante que se continúen analizando las consecuencias negativas del tráfico y desvío de armas, especialmente cuando son resultado de violaciones directas de embargos y acuerdos vinculantes».
Durante su intervención, el embajador de México ante la ONU indicó que los embargos de armas son violados constantemente y que numerosas ocasiones se han documentado las transferencias ilícitas de una amplia gama de armas en diversas regiones del mundo, por lo que expresó: «México considera necesario fortalecer las medidas para implementar efectivamente las decisiones del Consejo de Seguridad».
Así, Juan Ramón de la Fuente hizo un llamado para que los países que forman parte del Tratado sobre el Comercio de Armas (ATT) y también los que aún no se adhieren a dicho acuerdo, «se comprometan a cumplir responsablemente, con estrictos estándares de precaución en sus transferencias, con criterios de objetividad, más allá de sus intereses geoestratégicos o los de las empresas privadas que con frecuencia incurren en prácticas negligentes con la complacencia de los Estados».
Reiteramos que es responsabilidad de todos los Estados, pero especialmente de los Estados productores fortalecer los marcos internacionales existentes para un control eficaz durante todo el ciclo de vida de armas y municiones».- Juan Ramón de la Fuente.
- El embajador de México ante la ONU resaltó que a finales de 2021 se promovió la resolución 2616, que fue adoptada como una contribución al fortalecimiento de las herramientas a disposición del Consejo de Seguridad y que violar estos embargos implica que más armas estén disponibles en diversas situaciones y que, en consecuencia, aumente el sufrimiento de la población civil.
- Juan Ramón de la Fuente dijo que la resolución contiene disposiciones sobre la necesidad de construir capacidades y brindar asistencia, pero igualmente promueve acciones de mayor colaboración entre los Estados, incluida la cooperación regional por tierra, mar y aire.
- Además apoya y refuerza marcos de referencia comunes tales como el programa de acción para prevenir, combatir y erradicar el tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras en todos sus aspectos y otras iniciativas, estrategias o planes de acción a nivel regional.
Las declaraciones de Juan Ramón de la Fuente fueron lanzadas luego de que Rusia convocó este lunes en el Consejo de Seguridad de la ONU a una discusión sobre los «riesgos derivados de las violaciones de los acuerdos que regulan la exportación de armas y material militar», que utilizó para acusar de envío ilegal de armas a Ucrania a Estados Unidos y a la Unión Europea, quienes, por su parte, han tachado a Rusia de cinismo y de intento de manipulación.
El pronunciamiento también se da en medio de la batalla legal que el gobierno de México encabeza en contra de las empresas fabricantes de armas de Estados Unidos, y es que se estima que entre 2009 y 2019, ingresaron a México 2 millones 12,573 armas de forma ilegal, de las cuales el 70% ingresaron por la frontera compartida con EU.
Grupo de fiscales de EE UU se suman a México contra el tráfico de armas
La lucha legal iniciada en 2021 por México para llevar a la justicia a 11 gigantes de la industria armamentista estadounidense ha dado un nuevo paso. Fiscales de 18 territorios de EE UU —junto a varias autoridades de seguridad, organizaciones y Gobiernos de otros países— se han sumado esta semana a la apelación del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador después de que un juez de Massachusets desechara una primera demanda civil en septiembre pasado. El país latinoamericano reclama “prácticas comerciales negligentes e ilícitas” a los fabricantes, “que facilitan el tráfico ilegal de armas a México”.
“Los acusados y los carteles mexicanos están involucrados en un intercambio letal: los demandados proveen de armas de asalto y rifles para francotiradores que las organizaciones criminales utilizan para fabricar drogas y aterrorizar a ciudades enteras en México; los carteles, a cambio, importan esas drogas y siembran el caos en Estados Unidos”, se lee en el Amicus curiae, un documento presentado ante la corte de apelaciones del primer circuito para respaldar las demandas del Gobierno mexicano.
- El escrito está firmado por autoridades de California, Texas, Nueva York, Illinois y Pensilvania, entre otros. “Nuestras oficinas han visto de primera mano el efecto catastrófico que la conducta de los acusados ha tenido en nuestras comunidades, con una escalada de la violencia y guerras por el territorio peleadas con estas armas”, se agrega.
El apoyo de las autoridades llega meses después de que la causa mexicana sufriera un primer revés y no fuera admitida a juicio el año pasado. El juez federal que llevaba el caso, Dennis Saylor, aseguró en su resolución que la corte tenía “empatía por los mexicanos”, pero que el tribunal tenía en cuenta la Protection of Lawful Commerce in Arms Act (más conocida por sus siglas, PLCAA), una polémica ley promovida en 2005 que blinda a la industria de armas por el mal uso de las mismas. Días después de la decisión del juez, el canciller Marcelo Ebrard anunció una nueva demanda, esta vez en una corte de Arizona.
- En los apoyos de los Amicus Curiae —las autoridades que han respaldado voluntariamente la nueva demanda y que son ajenos al litigio—, los fiscales de los 18 territorios estadounidenses consideran que el argumento sobre el blindaje de la PLCAA defendido por el juzgador solo ampara a la industria en caso de los malos usos por parte de terceros y no “por sus propias malas conductas o prácticas”.
“El Tribunal de Distrito no consideró las enormes cargas económicas (y no económicas) que preserva la solicitud de PLCAA […] al inundar México con armas de fuego intencionalmente, los demandados [los 11 fabricantes] causan un daño profundo en los EE UU. Ha surgido un ciclo común: sus armas se compran en los EE UU, a menudo con las ganancias de la venta de drogas ilegales”, señalan en el escrito los fiscales.
- Los abogados de México presentaron varios documentos para mostrar músculo ante la corte de apelaciones. Otro de los escritos ha sido firmado por ex policías, oficiales de justicia y funcionarios de agencias de seguridad, que muestran su apoyo a las demandas de México y defienden que los productores de armas saben que sus prácticas ponen las armas en manos de traficantes, que las cruzan y terminan cayendo en posesión de los cárteles mexicanos.
Esa posición era uno de los argumentos que el Ejecutivo mexicano exponía en las 139 páginas de la demanda inicial, presentada ante el tribunal de Massachusetts en 2021: “Ellos saben bien que esas armas están entre las favoritas de los cárteles de la droga”. En el escrito de las autoridades han solicitado que no se permitan la evasión de responsabilidades de los fabricantes.
- La violencia que ha sumido a México en las dos últimas décadas no ha sido una excepción en el continente. La Red de Seguridad Humana para América Latina y el Caribe, junto a seis países de la región han enviado un tercer comunicado, defendiendo la importancia de que este tipo de casos —en los que entran los involucrados en el proceso de tráfico de armas— sean juzgados en una corte federal.
“La violencia armada es una de las crisis de salud pública más importantes en la región”, exponen en el escrito. Ese documento está firmado por los Gobiernos de de Jamaica, Antigua y Barbuda, Belice, Bahamas y Trinidad y Tobago, cuyos apoyos se cabildean a través de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños.
- El gobierno mexicano ha reclamado que alrededor de medio millón de armas cruzan la frontera con EE UU de manera ilegal, lo que alimenta la ola de violencia homicida que azota al país.
- Para tratar de destacar la responsabilidad de los fabricantes, el Ejecutivo de López Obrador trató de mantener una estrategia desde dos frentes: el diplomático ―con una mesa de negociaciones con Washington―; y el legal, con la demanda interpuesta.
Entre los 11 fabricantes demandados se encuentra Smith & Wesson, la compañía estadounidense más destacada, además de otras marcas como Colt, Barrett y Glock.
- En las últimas semanas, el ala conservadora de EE UU ha estado en el foco. Varios congresistas republicanos han tratado de presionar a México para que replantee su estrategia de seguridad para quitarle poder al narco en la región, y ha propuesto encasillar a los cárteles mexicanos como grupos “terroristas”.
Desde el Ejecutivo de López Obrador han llegado a criticar el intervencionismo que podría suponer la introducción del Ejército estadounidense en la frontera de México.
Mientras en Estados Unidos se reclama el flujo de droga desde la frontera sur, México insiste en poner un alto a las armas que llegan ilegalmente desde su vecino del norte./PUNTOporPUNTO
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